ONU: ATAQUES CONTRA DEFENSOR@S DE DDHH Y PERIODISTAS EN AFGANISTAN
ONU: 65 defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas asesinados en Afganistán desde 2018-2021
Funcionarios de seguridad afganos inspeccionan la escena de las explosiones de dos bombas en Kabul, Afganistán, el 30 de abril de 2018. Según los informes, dos explosiones en el centro de Kabul, cerca de la sede de los servicios de inteligencia afganos, mataron al menos a 24 personas, entre ellas cinco periodistas. Foto por Jawad Jalali/EPA-EFE
Fuente: UPI
Por Sommer Brokaw
Feb, 15/2021. Actualizado, Feb, 19/2021
Sesenta y cinco defensores de derechos humanos y profesionales de los medios de comunicación han sido asesinados en Afganistán desde 2018, dijo Naciones Unidas el lunes.
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán hizo la declaración tras dar a conocer las conclusiones de su último informe, y añadió que 11 perdieron la vida desde el inicio de las negociaciones de paz en septiembre pasado, incluidos cinco defensores y defensoras de los derechos humanos y seis periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.
No se hizo ninguna reclamación de responsabilidad para los cinco defensores de derechos humanos y sólo se hizo una reclamación de responsabilidad por uno de los seis periodistas asesinados. El Estado Islámico de Irak y la provincia de Levant-Khorasan se atribuyeron la responsabilidad de matar a la periodista Malalai Maiwand y a su conductor en Jajalabad.
“El pueblo afgano necesita y merece un espacio cívico floreciente, una sociedad donde la gente pueda pensar, escribir y expresar sus puntos de vista abiertamente, sin miedo”, dijo en el informe Deborah Lyons, representante especial del secretario general de la ONU para Afganistán. “Las voces de los defensores y defensoras de los derechos humanos y los medios de comunicación son fundamentales para cualquier sociedad abierta y decente”.
“En un momento en que el diálogo y el fin del conflicto a través de conversaciones y acuerdos políticos deberían ser el centro de atención, las voces de los derechos humanos y los medios de comunicación deben escucharse más que nunca, en cambio están siendo silenciadas”, agregó Lyons.
El Comité para la Protección de los Periodistas calificó a Afganistán como el más mortífero del mundo para los periodistas en 2018, con al menos 53 periodistas muertos en el trabajo ese año, 34 de los cuales fueron blanco de represalias por su trabajo, en medio de ataques deliberados de extremistas contra periodistas.
El nuevo informe de la UNAMA publicado el lunes sobre el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Afganistán de enero de 2018 a enero de 2021, señaló de manera similar que los asesinatos parecían estar premeditados y dirigidos.
“Los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas ya no ocurren directamente en el contexto de ataques con víctimas masivas que afectan a civiles en Afganistán”, dijo el informe. “Más bien, son ataques deliberados dirigidos a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas por su trabajo de derechos humanos, presencia y compromiso con la sociedad civil.
La falta de reivindicación de la responsabilidad de los asesinatos y la impunidad ha empeorado un “clima de miedo”, con algunos autocensurados o dejando sus puestos de trabajo para protegerse, señaló el comunicado de la UNAMA.
La UNAMA recomendó al gobierno aprovechar la reciente creación de la Comisión Mixta para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos bajo el liderazgo del Segundo Vicepresidente del Afganistán Muhammad Sarwar Danesh.
Danesh dijo a la agencia de noticias Bakhtar en diciembre que el establecimiento de la comisión era un “punto de esperanza” en la protección de los derechos humanos.
La UNAMA también recomendó que el gobierno establecerá un marco preventivo adecuado, que incluyera medidas especiales de protección y seguridad proactiva para defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación sujetos a amenazas u otros tipos de intimidación. Y que el gobierno promueva una verdadera rendición de cuentas, incluyendo el enjuiciamiento de presuntos autores de ataques selectivos.
