LA LINEA GENOCIDA DEL ESTADO PERUANO EN SU LUCHA CONTRASUBVERSIVA
EL ESTADO Y GOBIERNO PERUANOS SON LOS RESPONSABLES DEL GENOCIDIO DE CAYARA
[Recordando la trágica masacre de Cayara cometida por los infantes y generales de la “gloriosa Marina de guerra” y las Fuerzas Armadas]
Fuente: https://lum.cultura.pe/…/as%C3%AD-fue-la-matanza-en-cayara
Actualizado, Agosto 21, 2021
La masacre de Cayara fue la tortura, asesinato y desaparición de alrededor de 40 personas entre el 14 de mayo de 1988 y el 8 de septiembre de 1989 en el distrito de Cayara del departamento de Ayacucho.
El jefe del Comando Político Militar de la Zona de Seguridad Nacional Central Nº 05 de Ayacucho, general EP José Valdivia Dueñas, quien elaboró el plan “Persecución” y ordenó su ejecución. En dicho contexto, alrededor de 200 militares incursionaron en las comunidades de Cayara, Erusco y zonas aledañas, siendo la primera de sucesivas intervenciones que culminaron con un saldo de 40 personas asesinadas o víctimas de desaparición forzada. En un primer momento, las víctimas habrían sido asesinadas por su presunto apoyo al atentado del 13 de mayo, posteriormente, los asesinatos y desapariciones tuvieron por objetivo la eliminación de testigos que den cuenta de los crímenes perpetrados en el marco del referido plan militar.
Las características del caso, particularmente su manejo judicial, político y mediático, le han dado el carácter de emblemático, nivel de relevancia que hace más notoria y visible la impunidad con que hasta ahora se le identifica.
Pero, ¿qué hace que un caso de violación de derechos humanos, es decir, un hecho delictivo atribuido a agentes del Estado, sea considerado un caso emblemático?
La primera víctima fue Esteban Asto Bautista, asesinado a la entrada de Cayara. A continuación los militares detuvieron a cinco hombres de un grupo de vecinos que celebraba la festividad de la Virgen de Fátima en el exterior de la iglesia de la localidad; los detenidos fueron confinados en el templo, torturados y asesinados al día siguiente.
A las 15:00 las unidades militares se trasladaron a Ccechua. En Ccechuaypampa se encontraron con aproximadamente 80 hombres, mujeres y niños que regresaban de realizar labores agrícolas, y eligieron a varios varones para torturarlos. Luego, asesinaron con instrumentos de labranza a 24 personas, y remataron a los moribundos con tiros de gracia.Los nombres de los asesinados y sus edades son los siguientes:
David Ccayo Cahuaymi (62)
Solano Ccayo Noa (29)
José Ccayo Rivera (59)
Alejandro Choña Ore (58)
Artemio González Palomino (45)
Alfonso Huayanay Bautista (18)
Ignacio Ipurre Suárez (55)
Eustaquio Ore Palomino (17)
Zacarías Palomino Bautista (58)
Aurelio Palomino Chocña (38)
Fidel Teodosio Palomino Suárez (62)
Félix Quispe Palomino (48)
Dionisio Suárez Palomino (42)
Prudencio Sulca Huayta (58)
Emiliano Sulca Ore (32)
Zozimo Graciano Taquiri Yanqui (40)
Teodosio Valenzuela Rivera (60)
Ignacio Tarqui Ccayo (50)
Hermenegildo Apari Tello
Indalecio Palomino Ipurre
Patricio Ccayo Palomino
Ildefonso Hinostroza Bautista (20)
Prudencio Palomino Ccayo (55)
Félix Crisóstomo García
Durante la noche fueron detenidos Indalecio Palomino De La Cruz, César De La Cruz Ipurre, Avelino Tarqui Quiape, Domitila Esquivel Fernández y Benedicta María Valenzuela Ccayo y conducidos al local del Consejo Distrital de Cayara, donde fueron interrogados por los soldados sobre su vinculación en la emboscada y torturados.
Esa misma noche Magdaleno Gutiérrez se refugió herido de bala en casa de Valeriana Ipurre Marcatoma de Apari. Fue atendido por Valeriana y su madre, Segundina Marcatoma Suárez, pero fueron interrumpidas de madrugada por efectivos militares quienes expulsaron a Valeriana y sus hijos de la vivienda. Gutiérrez y Segundina Marcatoma fueron desaparecidos al día siguiente.
El 15 de mayo los miembros del ejército asesinaron a tres personas más.
Además de las torturas y asesinatos, se cometieron actos de vandalismo y saqueo contra la propiedad pública del poblado, y los inmuebles de los sospechosos incluidos en la lista en posesión del Ejército.
El 20 de mayo Simón Palomino Vargas, Juez Provincial de Cangallo, inició diligencias ante las denuncias de los familiares de los asesinados y desaparecidos. Pero su labor judicial fue impedida por miembros del ejército que no colaboraron con la inspección de las fosas de Ccechuaypampa. Cinco días después los militares exhumaron los cadáveres y los trasladaron a Hualla, donde fueron incinerados.
El 27 de mayo el Juez de Cangallo, César Carlos Amado Salazar, encontró cinco fosas comunes vacías con restos de piel y cabello humano.
El 29 de junio de 1988 fueron desaparecidas cinco personas que habían denunciado la masacre.
El 8 de septiembre de 1991 fue asesinada en su domicilio Martha Crisóstomo, técnica de enfermería de Cayara y testigo de la masacre, por ocho encapuchados uniformados.
El 14 de diciembre de 1991 tres testigos, entre los que se encontraba Justiniano Tinco García, alcalde de Cayara, fueron interceptados por militares encapuchados mientras viajaban en un camión con otras 12 personas. El alcalde, una mujer y el conductor fueron asesinados.
Una fosa con 3 cadáveres fue hallada el 10 de agosto. Pertenecían a Alejandro Ichihaya, Samuel García y Jovita García. Posteriormente los restos de los varones desaparecieron al ser trasladados a Cangallo para realizar las autopsias correspondientes.
En el lugar de la masacre se ha construido un santuario de la memoria, denominado en quechua Kuyasqanchikuna yuyanapag.
Estos asesinatos nocivos de lesa humanidad al provenir del ejercito y la marina están respaldados por el Estado.
Siendo silenciados y oscurecidos por los empleados de la prensa mermelera que hoy se hacen a los ofendidos. Proclamando ser grandes defensores de su “democracia” teñida de sangre, canallas.
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