¿QUÉ PASA EN CHILE?

¿QUÉ PASA EN CHILE?

NOTA PREVIA

El presente artículo no persigue ser la verdad última de la situación chilena sino aportar para el debate y la construcción de una alternativa popular y revolucionaria con todos los aportes, desaciertos que pueda tener el presente artículo.

DE LA DICTADURA DE PINOCHET A LA DEMOCRACIA PROTEGIDA

Corría el fin formal de la dictadura burguesa-militar y ya las conversaciones, negociaciones, entre la oposición burguesa a la dictadura con la dictadura misma comenzaba a mostrar su rostro. Del Acuerdo Nacional (1985) y de la política impuesta de la Reconciliación Nacional (bajo el alero de la Iglesia Católica) ese espectro político se sumaba al coro de condenar la violencia en el intento por aislar a los movimientos armados que impulsaban la vía insurreccional como salida de la dictadura.

Después del Atentado a Pinochet (1986) y de la internación de armas por el norte de Chile (Carrizal Bajo, 1986), la última gran acción militar perpetrada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fue la toma de cuatro poblados en forma simultánea (Aguas Grandes, Pichipellahuen, La Mora y Los Queñes) todos el 21 de octubre de 1988 a dieciséis días de haber triunfado el NO en el plebiscito. La acción tuvo como finalidad de anunciar la Guerra Patriótica Nacional (GPN) y denunciar la puesta en marcha de una transición pactada, la mantención de la “obra” e impunidad de la dictadura y de la democracia protegida o de seguridad nacional. Los comandantes Raúl Pellegrín y Cecilia Magni eran asesinado y con ello se comenzaba a bajar la cortina del rodriguismo.

De ahí en adelante, el programa de la burguesía (oposición y dictadura) comenzaba a tomar forma apoyado por el Departamento de Estado de EEUU. Se impulsaba la negociación para las primeras reformas a la Constitución del 80 y el acuerdo para permitir el funcionamiento de partidos políticos y su posterior legalización de estos en plena dictadura. Es en esta negociación donde se produce el sello de la traición de la oposición burguesa (Alianza Democrática) a las aspiraciones y deseos de un pueblo movilizado y combativo.

Veamos cómo expresa esta situación Felipe Portales (La trampa del plebiscito. Nos están engañando, El Ciudadano, septiembre 2020, Año 15, Nº 243)

“Si vemos con algún rigor la historia reciente nos daremos cuenta que mientras seguían (¡y siguen!) voceando un rechazo al neoliberalismo; continuaron esencialmente con las mismas políticas económicas de la dictadura en que el Estado abdicaba de un rol de estímulo económico a los productos con mayor valor agregado y de apoyo a inversiones significativas en ciencia y tecnología. Asimismo, dicho liderazgo conservó TODAS las instituciones y leyes fundamentales que estructuraron el sistema económico impuesto por la dictadura en lo laboral (“Plan Laboral”); previsional (AFP); salud (Isapres); minería (ley minera); universitario (universidades privadas con fines de lucro y muy poco apoyo a las universidades públicas); tributario (sistema que permite la elusión tributaria de las grandes empresas y fortunas); y social en general (irrelevancia de sindicatos, juntas de vecinos, colegios de profesionales y técnicos, y del movimiento cooperativo)”.

“E incluso acentuaron diversas características del modelo económico heredado de la dictadura, a través de una mayor privatización o concesiones de servicios públicos; de una mayor concentración del poder económico en grandes grupos económicos; de una también mayor concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de dichos grupos; de una privatización efectiva de más del 70% de la gran minería del cobre; y de una integración subordinada al mercado mundial a través de numerosos tratados bilaterales de libre comercio”.

“Todo ello quedó esclarecido en sus fundamentos por un libro (desgraciadamente muy poco leído) del considerado principal ideólogo de la transición –el ministro secretario general de la Presidencia de Aylwin, Edgardo Boeninger- publicado en 1997 (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello); en el cual reconoció descarnadamente que a fines de los 80 se produjo una “convergencia” con la derecha en su pensamiento económico, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369).

“Para que esta convergencia no quedara desnuda y reconocida, el liderazgo concertacionista procedió maquiavélicamente, ¡en 1989!, a efectuar una operación que debe ser inédita en términos mundiales: ¡Regalar –a través de una Reforma Constitucional concordada- la mayoría parlamentaria que la Concertación tenía virtualmente segura de acuerdo a los términos originales de la Constitución de 1980! Y ello para poder sostener plausiblemente que si no procedía a aplicar el Programa presidencial prometido aquel mismo año, era porque no tenía las mayorías parlamentarias para tal efecto. ¡Lo que era cierto, pero ocultando obviamente el hecho de que lo era porque la Concertación se había deshecho de esa muy incómoda mayoría!…”

“En efecto, la Constitución original del 80 estipulaba –obviamente pensando en que iba a favorecer a un Pinochet ratificado por ocho años más en la Presidencia- que al menos la mayoría parlamentaria simple se obtenía con sólo mayoría absoluta en una cámara y un tercio de la otra. Y dicho eventual gobierno de Pinochet habría tenido con toda seguridad mayoría absoluta en el Senado, gracias al sistema electoral binominal más los nueve senadores designados. Y fácilmente habría obtenido también más de un tercio de la Cámara de Diputados, dado el mismo sistema binominal”.

“El punto es que, luego de la derrota del Sí en el plebiscito, el seguro futuro presidente Aylwin también se vería beneficiado con esa disposición. Esto porque la Concertación obtendría mayoría absoluta en diputados al doblarle con toda seguridad a la derecha en su votación en varios distritos. ¡Y también obtendría con toda seguridad el tercio del Senado!, ya que su composición original era de 26 senadores electos (dos por cada una de las entonces trece regiones) y 9 designados; un total de 35. Y la Concertación al menos elegiría uno por cada región, esto es, trece; siendo el tercio de 35, doce…”

“Sin embargo, he aquí que la Concertación concordó con la dictadura y la derecha un “paquete” de 54 reformas constitucionales, sin siquiera especificarlas todas públicamente para someterlas a plebiscito, ya que hasta el “período permanente” de la Constitución del 80 (que empezaría en marzo de 1990) ese era el método de reforma estipulado. Solo algunas de las 54 reformas se especificaron en el corto período de “campaña” (¡de consenso!) plebiscitaria. Y entre ellas se mencionaron algunas que morigeraban el carácter autoritario de la Constitución, pero sin eliminar ninguna de sus principales disposiciones autoritarias. Pero lo peor fue que el liderazgo de la Concertación ¡aceptó cambiar aquel dispositivo que le aseguraba la mayoría parlamentaria, por otro que subía el quórum para aprobar las leyes a la mayoría absoluta en ambas cámaras, sin eliminar los senadores designados! Esto significaba lisa y llanamente regalar la mayoría parlamentaria. ¡Y no se dijo NADA de esto a los ciudadanos, de modo tal que los millones de personas que habían votado por rechazar a Pinochet y su dictadura en 1988, fueron, SIN SABERLO, a convalidar con su voto en 1989 tal cercenamiento de las posibilidades efectivas de que sus votos futuros pudiesen incidir en el cambio del conjunto de la legislación de la dictadura”.

“Y lo que ya supera todo límite, es que este desconocimiento generalizado subsiste hasta el día de hoy, dado el pétreo silencio que han guardado al respecto los líderes concertacionistas que acordaron esta gigantesca y vergonzosa renuncia. Obviamente la derecha -que se vio magníficamente beneficiada con ello- ha guardado también hasta hoy un gozoso silencio”.

“Y lo realmente escalofriante es que ESTA HISTORIA ESTÁ VOLVIENDO A REPETIRSE, con el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado –como reacción al “estallido social” de octubre que demostró el hartazgo de la gran mayoría de la población con la continuación del modelo neoliberal- entre ambos liderazgos que se vio refrendado con la Reforma Constitucional concordada en enero pasado. A través de ésta, el liderazgo de la ex Concertación le está regalando a la derecha un virtual poder de veto en la aprobación de una “nueva” Constitución, al establecerse un antidemocrático quórum de 2/3 para ello. Esto, porque la derecha desde 1990 ha elegido siempre, lejos –con o sin sistema binominal- más de un tercio de los congresales electos. ¡Y lo casi increíble es que desde fines de noviembre ya ni siquiera se menciona el tema públicamente!”

El pacto que se hace mención aquí con toda claridad y maestría fue para proteger, perpetuar y perfeccionar la “obra” de la dictadura en su conjunto. Este pacto político, pacto de la clase dominante representada en alianzas políticas “opuestas” (derecha pinochetista y la Concertación), tuvo como finalidad revalidar y adaptar la dictadura militar-burguesa a un contexto de democracia burguesa que al final es la prolongación de la dictadura del capital. ¿Cuál era la obra de la dictadura que se debía proteger?

El modelo impuesto desde 1973 hasta hoy (capitalismo neoliberal) se sustenta en 11 pilares: el Plan Laboral (1979), Sistema Tributario (1974/1984), Sistema de Salud (1981), Desnacionalización del Cobre (1981), Fomento Forestal (1984), Sistema de AFP (1981), Privatización y abandono de la Educación Pública (1981), Sistema Bancario (1975/1986), Subcontratación (1979), Privatización del Agua (1980), Constitución (1980) (ver articulo: “Los 11 pilares que sostienen el actual modelo económico y son herencia de la dictadura”, El Mostrador, Equipo de Fundación Sol, 12 de septiembre, 2013).

Para lograr la prolongación de esta obra criminal, la democracia protegida debía acentuar su carácter contrainsurgente. Así, y una vez instalado el primer gobierno “civil” post dictadura (Patricio Aylwin, Demócrata Cristiano, el golpista contra Allende) deja caer con toda la fuerza del Estado sobre las organizaciones armadas: El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MIR y el Movimiento Juvenil Lautaro. Se abre un nuevo período de prisión política. Los combatientes revolucionarios caen a la prisión. Alrededor de 500 nuevos presos políticos pueblan las cárceles y nace la cárcel combativa. Las causas de derechos humanos por los crímenes contra la humanidad y terrorismo de estado se reduce a casos “emblemáticos”, a la “justicia en la medida de lo posible” y a la responsabilidad penal individual y no institucional de los genocidas, militares, involucrados en esos crímenes.

Se niega el gobierno, de aquí en adelante, a investigar el enriquecimiento ilícito de las fuerzas armadas y de orden como del conjunto de las privatizaciones realizadas durante la dictadura de Pinochet. Comenzaba “la fiesta de la democracia”.

Por último, también para entender en profundidad la dictadura militar podemos decir que definirla como una “dictadura militar” o una “dictadura cívico-militar” es insuficiente ya que no da cuenta, ninguno de esos conceptos, de su contenido de clase. 

La dictadura que hubo en Chile en el período 1973-1990 su obra y gracia de la oligarquía, de la burguesía y del imperialismo. Ellos pusieron en el poder a las fuerzas armadas. Este tipo de gobierno es la otra cara de la democracia burguesa y aparecen cuando la misma democracia burguesa es desbordada por las masas y el marco político-jurídico de la misma ya no es suficiente para que las masas conquisten una vida digan teniendo la clase dominante sincerar y develar su esencia represora y asesina. Es la clase dominante misma la que liquida su propio Estado de Derecho, su concepción de democracia y utiliza el genocidio para readecuar el poder y capitalismo para seguir explotando. Así, la dictadura “militar” o “civico-militar” es en realidad una dictadura militar-burguesa o militar-oligárquica donde más allá de este período de “excepción” los pueblos han estado sometido a una dictadura permanente histórica o una dictadura del capital que a veces toma la forma de democracia burguesa y en otros momentos de dictadura militar-burguesa. Todo en defensa de los intereses bastardos de clase (capitalismo) siendo lo central el problema del poder: cómo lo defienden y cómo el proletariado lo toma. 

LA FIESTA DE LA DEMOCRACIA.

Dejada la dictadura militar-burguesa atrás, se produce un destape de la sociedad. Se realizan los primeros conciertos masivos en el Estadio Nacional, que fue centro de tortura y exterminio, comienzan las construcciones de los grandes centros comerciales. Chile se inserta en la economía mundial (globalización) y comienza la firma de cuanto tratado de libre comercio que se pone por delante. Se impone el consumismo desatado y voraz. Crece rápidamente el endeudamiento de la población (trabajadores). Los derechos humanos son mercantilizados y el estado renuncia a intervenir. El consumismo y el crecimiento económico da paso a que los centros imperialistas lo califiquen como “milagro chileno”, “Chile es un ejemplo para el mundo, “los jaguares de América Latina”, etc. Tempranamente, bajo el gobierno de Aylwin, el financiamiento a la prensa por parte del Estado privilegia los medios vinculados a los dos grandes consorcios que funcionaron durante la dictadura y que la apoyaron: El Mercurio (Clan Edwards), La Tercera (Copesa) llevando a la muerte la prensa democrática nacida en dictadura: Apsi, Análisis, Cauce, Fortín Mapocho, Radio Umbral, y posteriormente llevan a su clausura al diario La Época, y Revista Punto Final.

En el plano de la cultura se mantiene el impuesto al libro, el arte, el teatro y la cultural se mercantiliza mediante fondos concursables financiados por el Estado y desde la telebasura se imponen los programas de farándula con la finalidad de idiotizar y adormecer a las masas. Es ese periodismo farandulero el que entra en los hogares y ayuda poderosamente para que las familias de los trabajadores no se concentren en sus problemas vitales. Es en este ambiente de farándula televisiva que aparece la periodista Pamela Jiles (La Abuela) que es parte de este espacio por años y hoy diputada, militante del Partido Humanista, ex Frente Amplio y hoy precandidata presidencial.

También la idiotización de las masas (ideología neoliberal, individualismo) se impone mediante eliminar el concepto de “clase trabajadora” reemplazándolo por “clase media”. Los partidos asumen que ahora “la gente vota por las personas y no por ideologías” en sintonía con aquello del “fin de las ideologías y el fin de la historia”. El reformismo de izquierda da paso al progresismo. Los socialdemócratas chilenos adhieren a la Tercera Vía. Los Demócratas Cristianos sepultan el socialismo comunitario, la opción preferencial por los pobres, y abrazan la economía social de mercado. Para avanzar en la idiotización de la juventud aparecen las tribus urbanas (Emos, Pokemones, y otros). La propaganda oficial comienza a dibujar aquello de “la clase media aspiracional”, de los “temas emergentes” (nuevos problemas sociales) impulsados por ONGs con financiamiento del Estado como del extranjero. Las movilizaciones de trabajadores y de los remanentes de la izquierda revolucionaria (ahora expresada en el nacimiento de múltiples colectivos autónomos autoconvocados) con mucho esfuerzo llega a 10.000 personas.

El progresismo y el reformismo coaptan al movimiento sindical y lo amarran con la transición a la democracia. La Central Unitaria de Trabajadores baja todas las demandas de los trabajadores nacidas en dictadura y asume el colaboracionismo con los gobiernos de la Concertación. Nace así la burocracia sindical y se comienzan a sentar las bases de lo que hoy se conoce como “clase política”. De la burocracia sindical, se pasa a la burocracia social (juntas de vecinos al servicio de los partidos) y a la burocracia estudiantil (federaciones universitarias al servicio también de los partidos). Este colaboracionismo (burocracia) de clases tiene como finalidad la de taponear el avance del movimiento social y atenuar la lucha de clases.

Para quienes protestaban en ese entonces, por las mismas demandas que fundamentó el estallido social (octubre, 2019) eran calificados de subversivos, terroristas. Eran acusados de querer atentar contra la democracia naciente, de hacerle el juego a la derecha. Gran parte de los trabajadores asumía como propio este festín, esta borrachera mientras el neoliberalismo avanzaba rápidamente en la privatización de los derechos humanos.

Así fue la orgía que permitió que la Concertación / Nueva Mayoría alcanzar el gobierno con Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet I y II. Más allá de las disputas políticas entre la Concertación (derecha liberal) y la derecha pinochetista, entre ambas ha existido durante todo este tiempo, y antes, plena concordancia. Esta concordancia hizo que bajo el gobierno de Frei se rescatara a Pinochet de la justicia internacional (Londres, Inglaterra) bajo la conducción del “socialista” José Miguel Insulza. Que se mantuviera también los tratados militares con los Estados Unidos y que Bachelet continuara enviando efectivos militares (200) a la Escuela de Panamá. O que altos personeros de la Concertación fueran designados en las altas esferas del FMI, de la OEA, OIT, en la ONU y que Chile al día de hoy haya firmado 25 tratados de libre comercio. Es esa concordancia la que permitió también a Ricardo Lagos, siendo presidente, a reconocer a las fuerzas golpistas de Carmona y fedecamara como el nuevo gobierno a horas de haber depuesto al legítimo gobierno de Hugo Chávez, al ataque permanente contra el gobierno bolivariano y de Cuba y que ahora haya sido el gobierno de Bachelet, Heraldo Muñoz(PPD) el que haya tenido un rol importante en la formación del Grupo de Lima y de Bachelet como Alta Comisionada de validar informes truchos contra Venezuela.

También esta concordancia hizo que todos los gobiernos criminalizaran, primero, la lucha del Pueblo Nación Mapuche, y que posteriormente llevara la militarización de la Araucanía, a la aplicación de la Ley Anti Terrorista, permitir testigos sin rostros y aplicar el asesinato selectivo de comuneros mapcuhe.

Por más Concertación / Nueva Mayoría / Alianza Por Chile que haya existido ninguno de estos gobiernos renunciaron a la construcción del “enemigo interno”, a remozar la Doctrina de Seguridad Nacional al denominarla como Doctrina de Seguridad Ciudadana poniendo en el centro el combate contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo siguiendo las políticas yankis.

Las calles céntricas de las ciudades se plagan de cámaras de vigilancia y se instala aquellos de “pueblo contra pueblo”, la desconfianza entre todos al ser cada uno un posible delincuente y terrorista. Se criminalizan las vidas, las conductas y se avanza en el Estado Policial.

LA PACIENCIA SE COMIENZA A ACABAR.

En los años siguientes a la asunción de Aylwin, y ante la traición a las aspiraciones populares, comienza la caída drástica de la participación electoral. La Democracia Cristiana llega a perder 1 millón de votos y la abstención sube como al espuma hasta hoy.

 2006 se produce el “mochilazo” que es la primera rebelión de los estudiantes secundarios por sus derechos básicos. Se toman los colegios. El 2011 nuevamente son los estudiantes secundarios los que se toman los colegios a lo largo de Chile. Sobre pasan los partidos políticos y levantan el Fin del Lucro en Educación. Se pliegan otros sectores, universitarios y trabajadores, y se suman otras demandas: Fin de las AFPs, Nacionalización del Cobre, Fin del Código Laboral, Fin de la Constitución del 80. Las movilizaciones alcazaron 200.000 a 500.000 personas siendo la mayor la de 1 millón de personas. Los sectores reformistas (PC y lo que posteriormente se llamó Frente Amplio) optaron por llevar la negociación al interior del parlamento (ya altamente desprestigiado) y así bajaron las demandas dejando sólo el fin del lucro, desmovilizaron al pueblo, y la burocracia sindical no llamó a un paro productivo. Nuevamente, en este primer gobierno, el reformismo salva a Piñera.

En este período de movilizaciones estudiantiles, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, Lorena Fríes) registra graves violaciones a los derechos humanos por parte de carabineros contra estudiantes secundarios que van desde abusos sexuales, torturas, golpizas, secuestros, etc. Aumentan los montajes político-judiciales.

No son las únicas movilizaciones masivas que se producen antes del estallido social: los sucesos de Aysén, las movilizaciones NO + Afps, las movilizaciones del movimiento feminista y otras van configurando el quiebre de este “paraíso neoliberal” y de una clase política, parlamento cada vez más oligarquizado. Mientras aumenta la brecha entre el pueblo y las “instituciones del Estado” como de los partidos políticos, aumenta la represión policial pasando de una represión selectiva a masiva como también aumenta la cada vez mayor concentración de la riqueza. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

LA LIBERACIÓN NACIONAL DEL WALLMAPU

En toda esta orgía neoliberal, en este festín, represión, dispersión, fragmentación de la izquierda como del movimiento social, el movimiento de liberación mapuche ha sido fundamental para mantener encendida la llama de la rebeldía.

La lucha del Pueblo Nación Mapuche no es solamente por las tierras y su devolución sino por el territorio, contra las forestales, la hidroeléctricas, el capital transnacional, el Estado Colonialista, el Imperialismo y por la liberación nacional como la ha definido la Coordinador Arauco-Malleco (CAM, Héctor Llaitul).

Resulta importante que sea precisamente el Pueblo Nación Mapuche, por lo menos la CAM, quienes enarbolen con mucha fuerza estos conceptos y que no se encuentren estos conceptos asociados a las estructuras tradicionales e históricas de la izquierda. El punto de vista de la CAM da en el centro.

Es el capitalismo, el neocolonialismo, el colonialismo y el imperialismo lo que tienen al conjunto de los pueblos (chileno y pueblos originarios) los que lo tienen sumido en la pobreza y en la explotación más brutal. Lo peligroso para el Estado Opresor que resulta la lucha del Pueblo Nación Mapuche es precisamente su ejemplo y mensaje he ahí la represión que se desata contra él como los intereses poderosos que defienden las fuerzas represivas.

SI NO SON 30 PESOS NI 30 AÑOS ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

De lo anterior se puede desprender que la actual crisis del capitalismo en Chile no se resuelve por el mero cambio constitucional en el marco de una convención constituyente que no cuenta con la capacidad, facultad ni soberanía (Ley 21.200) para realizar un cambio profundo y radical.

El problema actual, descontento y estallido social, no es producto de 30 años (1990-1973) si es que tomamos en cuenta que el neoliberalismo parte el mismo día del golpe de estado, y el capitalismo es mucho más antiguo. La responsabilidad de los 30 años de “transición” pactada es haber perfeccionado el neoliberalismo y la cobardía esencial del progresismo.

Si el problema fuera sólo los 30 años de la transición bastaría con superar el neoliberalismo para conquistar una vida digna y pensar eso es un error ya que el neoliberalismo es expresión del capitalismo, su forma más extrema, hasta el momento, entonces para conquistar esa vida digna se debe no tan sólo preparar las fuerzas para la superación del neoliberalismo sino también para superar al capitalismo. Limitar la lucha sólo al anti neoliberalismo es pensar que una vez superado y manteniendo el capitalismo es posible humanizar al capitalismo mediante sucesivas reformas y mediante el colaboracionismo de clase idea sobre el cual se ha explotado a los pueblos y trabajadores durante toda la historia. Algunos pedirán “realismo político”, “madurez política”, “responsabilidad política”, “sensatez” apelando al etapismo. Todo ello ha tenido el pueblo y la explotación no cesa, continúa, y la represión aumenta en la misma proporción que la concentración de la riqueza. De ahí la importancia de dotar al actual movimiento social de un contenido anti capitalista. 

El Estado de Chile es de carácter neocolonial, esto quiere decir, que el desarrollo de esta región se encuentra sometida y dependiente al capitalismo imperialista a través de los tratados de libre comercio, su incorporación al comercio mundial y sus organizaciones, a mantener su dependencia de la gran minería del cobre como el continuar siendo exportador de materias primas todo lo cual ha profundizado el carácter extractivista y depredador del capitalismo ocasionando un gran y profundo impacto ambiental generando zonas de sacrificio a lo largo y ancho del país. El extractivismo minero, la agroindustria, la industria pesquera, la industria forestal, las hidroeléctricas junto a la banca (y el FMI / BM) tienen amarrada las vidas de las presentes generaciones como de las futuras.

De la soberanía nada queda en ninguno de sus ámbitos y niveles. Chile es, al igual que el resto de los países latinoamericanos, un país dependiente 100% cuya política exterior está a la vez sometida a la política exterior del imperialismo. Así cualquier avance que quiera realizar la futura convención constituyente no lo podrá realizar básicamente por tres razones:

1) por la cobardía del progresismo para impulsarlos al estar sometidos, también, a los intereses de la clase dominante.

2) al no tener capacidad, el progresismo, para desbordar los marcos del la ley 21.200 que prohibe el cambio de modelo económico y establece un quorum que atenta gravemente contra la soberanía al establecer la ridiculez matemática que 2/3 son equivalentes a 1/3 al momento de votar, es decir, una minoría absoluta es equivalente a una mayoría evidente.

3) el imperialismo no permitirá que sus intereses ni el de la oligarquía sean afectados ni en un centímetro o milimetro. El imperialismo hará sentir su peso si esto ocurriera.

4) Los pilares del neoliberalismo ya están asegurados y sólo queda ver la cantidad de maquillaje que se le aplicará al rostro de este monstruo para volverlo más humanos y atrayente ante un pueblo profundamente descontento.

5) El pueblo no será el que irrumpa en esa convención constituyente sino serán los partidos políticos que son parte del problema social como también sus burócratas sindicales, sociales y estudiantiles para dar una imagen de diversidad siendo que esos burócratas han sido los que han servido para desarrollar el colaboracionismo de clase y actuar así como un freno de la lucha social y política.

Pero el problema de la crisis social, del capitalismo, tiene también otra característica es simultánea y multidimensional.

Es multidimensional porque no es solamente una crisis económica (de bajos sueldos, jornadas extenuantes, pensiones miserables, abusos de la patronal y concentración de la riqueza) sino que también tiene que ver con el modelo productivo (extractivismo), medioambiental derivado de lo anterior. Chile es uno de los países más afectado por la emergencia climática, por la emergencia hídrica ya sea como secuencia de la sequía derivado del extractivismo, por saqueo (apropiación de los poderes económicos del agua) o por ambos. La desertificación avanza rápidamente y cada vez son más las comunas que se encuentran dependientes de los camiones aljibes para el suministro del agua. Es también política (democracia restringida y/o de seguridad nacional con pérdida absoluta de la soberanía e independencia) más una clase polítca ensimismada y oligarquizada. Es social por cuanto el neoliberalismo o el capitalismo en cualquiera de sus formas es altamente discriminatorio y segregacionalista muy parecido al apartheid. Es también racista y que ha mantenido el colonialismo hacia los pueblos originarios, ha profundizado la invasión militar a sus territorios y que no se resuelve en nada con asegurar escaños para los pueblos originarios en el futuro parlamento sino que con el otorgamiento efectivo de la autodeterminación de los pueblos originarios, la soberanía de su territorio, el retiro de las fuerzas invasoras de ese territorio y el ejercicio del auto gobierno, en pocas palabras, la conquista de la liberación nacional. Es militar porque la clase dominante no está dispuesta a conceder un ápice de las demandas fundamentales del movimiento social y su única respuesta ha sido y será siempre la represión y las matanzas. No en vano en la historia de Chile las fuerzas armadas han perpetrado 25 matanzas siendo la primera la invasión de los españoles, la mal llamada “pacificación” de la Araucanía hasta llegar a nuestros días de la matanza perpetrada por Sebastián Piñera en el contexto del estallido social. Es también una crisis del patriarcado donde la condición de la mujer proletaria no se limita solamente a la violencia de género, a la violencia contra la mujer, a la violencia intrafamiliar o al femicidio sino se expresa también en la múltiple dimensión de la explotación de la mujer como también en la división sexual del trabajo.

Por último, el carácter simultáneo de la crisis del capitalismo neocolonial en Chile se debe a que la crisis no afecta sólo a una de las áreas antes mencionadas sino a todas y a la vez.

Es por esta razón que el problema social, la crisis del capitalismo, desborda la convención constituyente porque es el pueblo, el soberano, el gran ausente. Esto es tan evidente que seguramente el “nuevo” texto constitucional continuará con la tradición de señalar que: “la soberanía reside en la nación”. ¿Qué quiere decir esto?

Por nación debemos entender a la clase dominante que es la que concentra el poder y que es la única capaz de ejercer en forma totalitaria y autoritaria la “soberanía” reservando para el pueblo la democracia representativa, delegación de poder / soberanía, lo cual se reduce, a la vez a la máxima de la democracia burguesa “usted vota y otros deciden”. Las elecciones, como bien decía Miguel Enríquez, no solucionan los problemas solamente los plantean.

Un cambio fundamental podría ser que ese “nuevo” texto constitucional señalara que: “la soberanía reside en el pueblo” pero eso es esperar mucho de la banda de criminales en el poder.

Antes este cuadro sólo cabe una pregunta: ¿Es posible que la actual crisis del capitalismo se resuelva con la convención constituyente, con la convocatoria del Plebiscito Apruebo / Rechazo? La respuesta cae por sí sola: ¡NO!

Entonces, cabe otra pregunta, ¿cuál es el objetivo de la convocatoria al este plebiscito y a la convención constituyente si la Ley 21.200 no permite la realización de cambios fundamentales?

El objetivo es revalidar ante las masas un modelo de sociedad, de democracia, de gobierno y de estado con los cuales el pueblo ya está hastiado. Desde el progresismo pretenden entusiasmar a las masas para que vuelvan a confiar en ellos y en el modelo, en el mismo modelo que los ha explotado hasta el cansancio y que los llevó al estallido social. Pretenden convencer nuevamente al pueblo que miles de reformas, que la democracia de los acuerdos, que la reconciliación nacional puede efectivamente ayudar a mejorar las condiciones de vida. Pretenden revalidad el colaboracionismo de clases, la vieja teoría de humanizar al capitalismo y volcar el potencial de los movimientos sociales al interior del Estado, al interior del parlamento. De la derecha fascista nada se puede esperar. Ambas lucharán por mantener sus privilegios de clase.

El plebiscito es una oportunidad por apaciguar al gigante social, al pueblo y en ese sentido es mejor otorgar algo, una convención constituyente que es lo más parecido a un león sin dientes cada vez más parecido a un gatito doméstico, que el pueblo imponga y abra las compuertas de una Asamblea Constituyente real, efectiva, directa y popular.

EL ENEMIGO INTERNO

Como se ha señalado antes la construcción del enemigo interno se ha desarrollado pacientemente y mutado. Si Pinochet combatía al “comunismo internacional”, a la “subversión”, los gobierno a partir del 90 combaten al “terrorismo”, la “delincuencia” y al “narcotráfico” focalizando todos los esfuerzos del Estado contra el terrorismo que en clave del poder dominante es sinónimo de “pueblo”.

Mientras se desarrollaba la fiesta de la “transición” a la democracia el enemigo interno y la represión era selectiva (movimientos armados). Mientras se avanzó en movilización popular para la realización de cambios estructurales se ahondó en la criminalización del movimiento social, en la militarización de los territorios y espacios públicos y la represión se volvió masiva, sistemática.

Reaparece el terrorismo de estado, los crímenes contra la humanidad, los tribunales de justicia al servicio de la represión aplicando penas altísimas, al igual que en la dictadura de Pinochet, y un parlamento ciego, sordo, mudo e interdicto ante esta nueva definición de enemigo interno. Ahora es el pueblo movilizado, la revuelta, el estallido social.

El saldo de esta nueva ola represiva masiva es elocuente, habla por sí sola y retrata la consecuencias de la crisis del capitalismo y como el poder se defiende con garra y dientes ante un pueblo enfurecido, ante Fuente Ovejuna.

8.500 denuncias ante tribunales por torturas y malos tratos de las cuales hay sentencia en solamente un caso después de un año. 290 denuncias por violaciones y abusos sexuales. 35.000 personas judicializadas. 500 personas víctimas de trauma ocular derivados de disparos de perdigones / bombas lacrimógenas hacia el rostro de los manifestantes. 3000 presos políticos de los cuales 11 son menores de edad privados de libertad. 2 personas completamente ciegas producto de disparos perdiendo ambos ojos. Más de 35 muertos como consecuencia de la represión. Miles de personas brutalmente golpeadas y no detenidas. Una cifra indeterminada, también, de personas que perdieron parte de sus piezas dentales producto del terrorismo policial. Todo en un lapso de 5 meses de movilizaciones a lo largo y ancho del país.

Las cifras conservadoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dirigido por democratacristiano, Sergio Micco también sirve como referencia también en el entendido que mucha gente no se acercó al INDH para hacer las denuncias.

El INDH ha presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos. 2.340 de ellas fueron dirigidas contra carabineros (policía uniformada, 92,85%), 97 contra el ejército, 37 contra la Policía de Investigaciones (policía civil) y 49 contra otros entes. De estas querellas hay 31 formalizados y 78 imputados. De las 3.023 víctimas de violaciones a los derechos humanos 1.818 son hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes y 132 niñas y adolescentes. Víctimas por trauma ocular el INDH registró 163 casos de los cuales 110 por trauma ocular, estallido de globo ocular 21, pérdida de la visión irreversible32. La Fiscalía también ha formalizado a 5084 personas de las cuales 648 se encuentran en prisión preventiva y 725 ya han sido condenados. 4.004 personas han sido formalizados por participación en saqueos. Cabe señalar que el movimiento social, desde los inicios de la revuelta, ha cuestionado seriamente el accionar del INDH por su lentitud y su ambigüedad en muchos casos siendo las organizaciones de derechos humanos alternativas y autónomas las que registra mayores cifras de la represión. Aun así las cifras del INDH ya son impactantes. Cabe señalar la ambigüedad de Micco, el INDH tiene 180 observadores de derechos humanos a nivel nacional. Y ahora….el lanzamiento desde el Puente Pío Nono del joven Anthony Araya (16) por parte de un carabinero. ¿Qué más nos depara la represión futura?

¿QUÉ HACÍA LA CLASE POLÍTICA CUANDO ESTO OCURRÍA?

Desde el inicio del estallido social, el pueblo movilizado demandó Asamblea Constituyente y el fin del neoliberalismo, como el fin de las AFPs y demás demandas que se fueron sumando.Para lograr esto creció la idea de llamar a una Huelga General Productiva para derrocar al gobierno de Piñera que ya se mostraba criminal y represivo, cierre del parlamento y convocatoria a una Asamblea Constituyente. El gobierno y toda la “institucionalidad” estuvo al borde del colapso y estaban dadas todas las condiciones para que cayera y se instalara dicha asamblea constituyente. ¿Qué pasó?

La izquierda parlamentaria (Partido Comunista y Frente Amplio) se negaron a convocar a una Huelga General Productiva. Se limitaron a pedir desde el parlamento el fin de la represión y del terrorismo de estado. Tampoco quisieron avanzar en implementar una Huelga Legislativa que significa no aprobar ley alguna que envíe el gobierno hasta que las calles se hubiesen desmilitarizado, cesado la represión y la renuncia de Piñera. Todo lo contrario. Durante los 5 meses de estallido social este mismo progresismo le aprobó todas las leyes enviadas desde el gobierno, con algunas modificaciones, mientras en las calles se disparaba al pueblo movilizado. Es en este contexto que parte del progresismo concurre a la firma del Acuerdo Nacional por la Paz (noviembre, 2019) que es el que se niega a convocar a una asamblea constituyente genuina y se limita solamente a una convención constituyente con una ley 21.200 que atenta gravemente contra la soberanía popular. Salvaron a Piñera y al conjunto del modelo. Ahora estos mismos progresistas llaman a votar por la opción Apruebo.

Lo único que pudo frenar la continuidad del estallido social (marzo, 2020) fue mágicamente la crisis pandémica y con cuarentena incluida.Si militarizó nuevamente la crisis sanitaria patrullando el ejército las calles de Chile con el fusil M-16 al hombre y con traje de campaña. Fue la pandemia la que desactivó la continuidad del estallido social y dio la oportunidad para que el gobierno de Piñera aplicará el programa laboral que ha perseguido desde siempre que se reduce a una mayor precarización del trabajo, eliminación de los derechos laborales mínimos, readecuación de los sueldos (bajar los sueldos) y despido masivo. Todo ello nos es más que terrorismo empresarial.

La crisis las pagaron los trabajadores. Se cree que perfectamente la pandemia dejó a 3.500.000 trabajadores cesantes o semicesantes.

También durante estos 6 meses de terrorismo empresarial-pandémico, progresismo fiel a su esencia traidora le ha aprobado todas las leyes destinadas a “frenar” la pandemia siendo incapaces de aprobar la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich por el ocultamiento de cifras sobre la pandemia. En total han sido 11 meses de represión continua ya sea de terrorismo policial-militar o terrorismo empresarial. Con ambos la clase dominante ha defendido sus intereses ante la crisis evidente del capitalismo.

¿CUÁL ES LA SALIDA?

Existen sólo dos salidas a la actual crisis: la salida burguesa (humanización del capitalismo, revalidación de la institucionalidad, plebiscito y convención constituyente) o la salida popular (renuncia de Piñera, cierre del congreso nacional, instalación de un gobierno interino-emergencia, convocatoria a asamblea constituyente genuina).

La salida burguesa se da desde el parlamento y desde el electoralismo. La salida popular se da desde la lucha callejera y desde la organización territorial. La salida popular es la única que puede dar solución efectiva a las demandas del pueblo existen varios problemas.

Para ello se hace necesario contar con una izquierda revolucionaria que se construya desde fuera del sistema, desde la democracia directa, que levante referencialidad y unidad revolucionaria-popular, que avance en la construcción de una estrategia, táctica, programa, plataforma de lucha.

En este contexto cobra plena vigencia aquello señalado por la Segunda Declaración de La Habana (4 de febrero, 1962)

“Las condiciones subjetivas de cada país, es decir, el factor conciencia, organización, dirección, puede acelerar o retrasar la revolución según su mayor o menor grado de desarrollo, pero tarde o temprano en cada época histórica, cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia se adquiere, la organización se logra, la dirección surge y la revolución se produce”.