PERU: PEDRO CASTILLO SERIA VACADO POR LA ULTRADERECHA

Golpe a la vista

Fuente: Hildebrant en sus trece

Moción de vacancia presidencial firmada por 28 congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País (por ahora).

Nada detiene la maquinaria política y congresal que ha decidido dinamitar al gobierno de Castillo y convocar a nuevas elecciones. “Nada más importa”, dice Avelino Guillén, ministro del Interior. Todo apunta a que un sector del Ministerio Público está jugando en pared con los vacadores

Por: AMÉRICO ZAMBRANO

El plan para destituir a como dé lugar al presidente izquierdista Pedro Castillo por una supuesta “incapacidad moral” para ejercer el cargo ha sido activado por las bancadas opositoras de la derecha en el Congreso de la República, a cuatro meses de iniciado este gobierno.

El escenario estaba trazado desde que Castillo, el primer mandatario de origen campesino, derrotó en las urnas a la candidata de la derecha autoritaria y del establishment Keiko Fujimori, aunque la moción de vacancia presidencial ha sido presentada más pronto de lo que se creía. Esta, pues, es la crónica de un complot anunciado.

Primero fue el ultraconservador Rafael López Aliaga, mandamás del partido Renovación Popular, el que declaró que “tenemos que vacar a Pedro Castillo y a (la vicepresidenta) Dina Boluarte antes de fin de año”.

La amenaza empezó a tomar forma cuando la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, presentó una propuesta para vacar al presidente Castillo el pasado jueves 18. “Necesitamos firmas de 26 congresistas. No tengan miedo, colegas, luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo”, señaló Chirinos, del partido derechista Avanza País, que lidera el economista y excandidato presidencial Hernando de Soto.

El tema, en un inicio, parecía que no contaría con el respaldo de los parlamentarios. Pero se hizo más fuerte cuando la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori anunció que la bancada de Fuerza Popular había decidido firmar la moción de vacancia presidencial el pasado viernes 19. “En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país”, sentenció Fujimori, a quien el Ministerio Público le imputa los delitos de lavado de activos y organización criminal.

El fujimorismo vuelve, una vez más, a poner al país al borde del caos. La moción que plantea la vacancia del mandatario fue suscrita el jueves último por 28 parlamentarios que forman parte de tres bancadas de derecha que apuntan a la demolición de este gobierno: Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Son estas tres agrupaciones derechistas las que promueven el golpe de Estado.

El documento que solicita la destitución del presidente de la República por “permanente incapacidad moral” fue presentado en mesa de partes del Congreso un día después de que grupos violentos asociados precisamente al fujimorismo y a la derecha más extrema agredieran a los excongresistas Yonhy Lescano, de Acción Popular, y Daniel Olivares, del Partido Morado, y amedrentaran también a un periodista de este semanario y a reporteros del diario “La República”.

Una horda perteneciente al grupo fujimorista que se hace llamar “La Resistencia” irrumpió en la vivienda de Lescano y atacó con palos al excandidato presidencial de Acción Popular y a su familia el miércoles último. Lescano ha defendido públicamente a este gobierno e, incluso, declaró que no respaldaría el pedido de vacancia presidencial. “En 100 días no se puede decir que este gobierno es una desgracia”, manifestó el dirigente acciopopulista.

Esto lo puso en la mira de “La Resistencia”. Este mismo miércoles una turba rabiosa de “La Resistencia” se apostó en los exteriores de la librería Crisol, en el óvalo Gutiérrez de Miraflores, para insultar a Daniel Olivares, del Partido Morado, que presentaba su libro titulado “Joder para transformar”, un relato de sus 16 meses como parlamentario.

Los vándalos fujimoristas, provistos de pancartas, pretendían ingresar a la librería Crisol para atacar a Olivares y a sus invitados, pero efectivos de la Policía lo impidieron. A estas dos agresiones contra políticos que están en las antípodas del fujimorismo y la derecha opositora se suman otros dos incidentes contra la prensa independiente: el llamado Juan José Maelo, cabecilla de “La Resistencia”, amenazó y hostilizó a Hernán Padilla Floríndez, reportero de este semanario, quien informó recientemente acerca de las actividades de este grupo de matones.

De igual manera, periodistas de “La República” denunciaron amenazas por parte del teniente coronel del Ejército en retiro Luis Mendoza Willis, vocero del grupo autodenominado “Legión Patriotas del Perú”, un colectivo que está conformado por exmilitares de derecha radical. Este movimiento, de acuerdo con los reportes de “La República”, tiene vínculos con el fujimorismo y se ha unido a otros grupos violentistas que acusan al presidente de “comunista” y que impulsan la vacancia en las calles. “La Resistencia” –también conocida como “La Pestilencia”– cuen[1]ta con un largo historial de actos de violencia contra periodistas y políticos independientes, sin que ninguno de sus integrantes haya sido detenido hasta ahora. Pero en los últimos días, conforme se cocinaba la moción de vacancia en el Congreso de la República, estos grupos vandálicos incrementaron sus acciones, en sintonía con los promotores del golpe.

NO ES UNA CASUALIDAD.

“La actividad de estos grupos de extrema derecha tiene una finalidad política clara: crear una sensación de ingobernabilidad, de desorden, de violencia, de caos, para justificar la vacancia presidencial. Es el uso de la violencia con un objetivo político”, explica el ministro del Interior Avelino Guillén en una entrevista con este semanario. “Estamos ante un golpe de Estado en marcha que ha sido debidamente planificado y que está siguiendo escrupulosamente todos los pasos que un sector de la oposición del Congreso ha establecido para poder obtener el derrocamiento del régimen democrático de Pedro Castillo”, subraya.

Guillén, quien anteriormente fue víctima de una cobarde agresión por parte de simpatizantes del fujimorismo en un supermercado de San Borja, no duda de que estas acciones violentas formen parte de un mismo plan montado por las oscuras fuerzas políticas que buscan la destitución del maestro de escuela rural y líder sindical de izquierda. “Esto está planificado. No es al azar.

Mañana (hoy viernes) hay una manifestación a favor de la vacancia y seguramente estos grupos van a crear situaciones de violencia”, indica el titular del Interior. “Entonces estamos todos notificados de lo que se pretende generar”, advierte. Los grupos que hostilizan a quienes opinan y piensan distinto a los fujimoristas y ultraderechistas operan desde hace más de dos años en absoluta impunidad.

Recién el miércoles último, luego de la agresión que sufrió el excongresista acciopopulista Yonhy Lescano, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco ordenó el inicio de una investigación preliminar contra el grupo “La Resistencia”. Según dio a conocer el Ministerio Público, el fiscal Óscar Quevedo Salaverry dispuso el inicio de las indagaciones por un lapso de 60 días por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones leves, y contra la tranquilidad pública. Pero “La Pestilencia”, que responde al fujimorismo y a la ultraderecha, no se va a detener. Esta semana el ministro del Interior Avelino Guillén fue informado de que en los últimos meses se ha nombrado a más de 1,000 fiscales relacionados a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Esto explicaría en parte por qué hubo cierta resistencia de la Fiscalía para investigar a “La Pestilencia” y demás grupos violentistas desde, por lo menos, mediados del año 2019, cuando empezaron a amedrentar a periodistas de IDL-Reporteros y al fiscal José Domingo Pérez, entre otros. Y permite comprender también por qué hay ciertos parlamentarios del bloque opositor a favor de la vacancia que se ufanan de tener presuntas informaciones privilegiadas sobre las investigaciones reservadas que el Ministerio Público lleva adelante contra el exsecretario presidencial Arnulfo Bruno Pacheco Castillo.

Llama la atención, por ejemplo, que el pasado jueves 19 la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, presentara el borrador del pedido para vacar al presidente Pedro Castillo. Y apenas un día después, el viernes 20, el fiscal supraprovincial anticorrupción Marco Huamán Muñoz allanara sorpresivamente la oficina del renunciante secretario del despacho presidencial y se me[1]tiera hasta el baño de Pacheco.

De hecho, fue la misma congresista vacadora Patricia Chirinos una de las primeras en revelar públicamente que la Fiscalía Anticorrupción había encontrado 20,000 dólares en efectivo en el baño de Bruno Pacheco. “Durante la incursión de la Fiscalía a Palacio de Gobierno se hallaron 20 mil dólares en efectivo al secretario del presidente Pedro Castillo. ¿Por qué no se ha pedido la detención preliminar de Bruno Pacheco? Querían pruebas, aquí están”, tuiteó la parlamentaria de Avanza País, adjuntando una fotografía del acta fiscal el martes 23, a las 5 y 45 p.m. ¿Cómo obtuvo Chirinos, la promotora de la vacancia presidencial, un documento de la Fiscalía Anticorrupción que se supone era reservado? Bueno, quizá Avelino Guillén, alarmado por los nuevos nombramientos del Ministerio Público, tenga la respuesta.

La congresista Patricia Chirinos no pudo ser ubicada por esta revista para escuchar sus comentarios al respecto y el fiscal anticorrupción Marco Huamán también se mantiene en silencio. Lo que es un hecho es que esta diligencia fiscal parece haber alimentado a los promotores del golpe que afirman ahora que el caso del exsecretario presidencial es la “punta del iceberg” de un escándalo mayor que está por explotar y que produciría el derrocamiento definitivo de Castillo, según fuentes del fujimorismo y de Avanza País.

La hipótesis de que el presidente de la República se valió de su alta investidura para favorecer a militares leales a él y a empresas vinculadas a su ex hombre de confianza es, precisamente, uno de los “argumentos” expuestos por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País para pedir la destitución del jefe de Estado.

Los otros seis “hechos” que los 28 parlamentarios que firman la moción señalan como supuestas causales para vacar al presidente por “permanente incapacidad moral” son el “uso ilegal de fondos públicos del Gobierno Regional de Junín en la campaña electoral 2021 (de) Perú Libre”, la “designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología del terrorismo”, “el debilitamiento del sistema democrático al fortalecer las relaciones con gobiernos antidemocráticos como Venezuela”, la “inestabilidad económica”, “el maltrato a los medios de comunicación y (la) negativa a rendir cuentas a la sociedad” y la “permisibilidad de la violencia contra la mujer” (sic).

Los promotores del golpe interpretan a su antojo la figura de la vacancia presidencial y la sustentan en base a una opinión del excongresista fujimorista Enrique Chirinos Soto, quien sostuvo, durante los debates de la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 1993, que “la incapacidad moral es la falta de cualidades morales esenciales para el ejercicio del cargo. No tiene nada que ver ni con la incapacidad mental (que es una forma de incapacidad física) ni con la responsabilidad administrativa”.

La moción recoge también la opinión vertida por el abogado y catedrático Marcial Rubio Correa, quien indicó que la vacancia presidencial “es una decisión política, no técnica, que toma el Congreso, pero en función de una realidad existente que es atribución exclusiva suya ameritar”.

Por lo tanto, señalan los parlamentarios que impulsan la destitución del presidente Castillo, la declaración de vacancia presidencial “es una potestad exclusiva del Congreso de la República que implica una valoración política de las cualidades éticas y morales de quien ostenta el más alto cargo público del Estado y hasta qué punto esta condición personal afecta el Estado de derecho, la gobernabilidad y la estabilidad política de la Nación”. Es decir, los impulsores del golpe de Estado quieren pintarse, ahora, como los salvadores de la democracia.

El abogado constitucionalista Omar Cairo considera que la moción de vacancia presidencial contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral permanente es improcedente porque “no se sustenta en ninguna indicación que el presidente esté incurso en incapacidad mental para ejercer el cargo”. “La vacancia presidencial –prosigue Cairo– no es un castigo por una inconducta sino es la declaración de que el cargo está vacío porque el presidente se encuentra inhabilitado por una razón objetiva para ejercer el cargo”. Así lo señala claramente el ordenamiento constitucional peruano. Sin embargo, la presidenta del Congreso, la acciopopulista María del Carmen Alva, dio por válida la moción de los impulsores del golpe y notificó al jefe de Estado sobre el inicio del proceso para destituirlo.

La oposición necesita 52 votos para que la moción sea admitida al debate y, al cierre de esta edición, todavía no habían reunido los votos requeridos para lograrlo. Para vacar al presidente de la República, en caso de que la moción sea aprobada en el Pleno, se requiere de una votación calificada no menor a los dos tercios del número legal de congresistas. Es decir, 87 votos, un número que la oposición no tiene.

Las bancadas de Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP) serán claves en la votación. AP está dividido y César Acuña Peralta, el líder de APP, ya adelantó que está en contra de la propuesta para destituir a Castillo. “No aceptan que un campesino sea presidente del Perú”, declaró Acuña, quien es oriundo del distrito de Tacabamba, en la provincia de Chota, la tierra del presidente de la República. “Tienen que aceptar la realidad. Hoy tenemos un presidente que ha elegido el pueblo”, dijo Acuña a “Radio Exitosa”.

Castillo cuenta con los votos de APP para salvarse, pero sus negociaciones con Acuña han desatado la furia de Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre. “Muchas concesiones a Acción Popular y Alianza para el Progreso, que se venden como ‘salvadores de la vacancia’, pero llegado el momento lo traicionarán (a Castillo)”, tuiteó el dueño del partido el martes último. “Aquí solo lo salva la cohesión Ejecutivo-bancada-partido-pueblo. Nadie más”, insistió. Para Cerrón, la posibilidad de que Carlos Jaico Carranza, un expolítico de APP, asuma como nuevo secretario general de Palacio de Gobierno sería una muestra del “cogobierno” Acuña-Castillo que Perú Libre no estaría dispuesto a tolerar.

El jueves último Waldemar Cerrón, el vocero titular de la bancada del lápiz, ya anunció que Perú Libre está evaluando qué decisión tomar respecto al pedido de vacancia. El “cerronismo” cuenta con 20 votos. Esto significa que si la bancada de Perú Libre decide apoyar la vacancia y sumarse a las pretensiones golpistas del fujimorismo y la derecha, como ya lo hizo anteriormente al negarle el voto de confianza a la premier Mirtha Vásquez, la oposición podría juntar los votos para que la moción sea admitida. El juego de ajedrez en el Congreso se definirá en los próximos días.

La cabeza del presidente Pedro Castillo es el objetivo final de la oposición más radical, pero la estrategia golpista apunta también a debilitar este gobierno a toda costa para facilitar la vacancia. El sabotaje de las iniciativas más importantes presentadas por el Ejecutivo y la decisión de interpelar a los ministros de Transportes y Comunicaciones, de Justicia y de Educación, apuntan en ese sentido. Una fuente de Fuerza Popular definió el plan para derrocar al gobierno del izquierdista Pedro Castillo como “un juego lento, pero seguro”.

Desde el 2016 a la fecha hubo cuatro pedidos de vacancia: los dos primeros contra Pedro Pablo Kuczynski, que fue forzado a renunciar en marzo del 2018, y los restantes contra Martín Vizcarra, quien finalmente fue destituido en noviembre del año pasado, cuando el Congreso declaró su “permanente incapacidad moral” para gobernar.

La oposición congresal ahora busca repetir la figura. “La oposición no acepta al presidente Pedro Castillo porque sea de izquierda. No lo aceptan por su origen, porque es campesino y profesor. No aceptan y no van a permitir que un hombre humilde de origen popular se mantenga en el gobierno”, señala el ministro del Interior Avelino Guillén. “Ahora pretenden atribuirle a quien ganó legítimamente las elecciones una supuesta incapacidad moral para gobernar, lo cual es falso. Pero el daño ya está hecho, porque con esta moción se paraliza el país. Entramos en una situación de incertidumbre hasta que se resuelva todo esto. Y, mientras tanto, se desata el caos y la violencia. El daño que la oposición le está haciendo al país es incalculable”, se lamenta Guillén.

El ministro del Interior señala que Keiko Fujimori apuesta por la caída del presidente y el derrumbe democrático para, con la crisis política que se desencadenaría con esto, evitar que avance el proceso en su contra que ya está en etapa de control de acusación. “La señora Keiko Fujimori debería ser consecuente con lo que ofreció en campaña, cuando dijo que ya no propiciaría este tipo de medidas. ¿Hay una Keiko en campaña y otra en una situación de derrota electoral?”, se pregunta el titular del Interior. “No puede ahora querer destituir a quien le ganó en las urnas, sobre todo cuando en algunas regiones parece que ya se está gestando una tercera ola de la pandemia. Pero eso no le importa.

Lo cierto es que el único punto en agenda que ha movido al fujimorismo y a la derecha, desde el 28 de julio pasado, es la vacancia de Pedro Castillo. Van a hostilizar permanentemente a este gobierno hasta derribarlo”, advierte.

Al cierre de esta edición rebrotaron los rumores sobre una separación definitiva del presidente Castillo y su primera ministra Mirtha Vásquez. Hasta el nombre de Ricardo Márquez se mencionó como posible (y surrealista) sustituto. ■