CHILE: LA TRAICIÓN AL PUEBLO ESTÁ EN MARCHA

Fuente: Revista América Rebelde Nº 21

Antecedentes previos de la crisis del proyecto burgués hegemónico

Para los intelectuales y académicos burgueses, la Concertación ha sido la alianza más duradera (Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet 1 y 2) en el gobierno y la más exitosa desde el punto de vista de la estabilidad política y del desarrollo del capitalismo. No en vano logró tener cinco gobierno en su mayoría consecutivos considerando que en el caso de Ricardo Lagos estuvo a punto de perder la elección ante Joaquín Lavín por un 1% si es que el Partido Comunista no hubiese concurrido con sus votos en la segunda vuelta y en el caso del segundo gobierno de Bachelet, esta fue electa por la Nueva Mayoría, heredera de la Concertación (Partido Socialista, Democracia Cristiana, Partido Radical y Partido Por la Democracia) más el Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana. Con todo, estos gobiernos fueron puesto como ejemplo no sólo para América Latina sino para el mundo destacando la “responsabilidad fiscal” que no es otra cosa que incrementar las ganancias de los más ricos y otorgar bonos a los más pobres junto con abrir la economía a las transnacionales firmando cuanto tratado de libre comercio se la haya puesto por delante (25 tratados).

Pero para entender esta etapa concertacionista en la historia de Chile debemos remontarnos al golpe de estado.

El gobierno de la Unidad Popular fue enfrentado duramente por una alianza burguesa opositora que recibió el apoyo férreo del imperialismo norteamericano. Oposición que abarcó desde la extrema derecha, Partido Nacional y Patria y Libertad hasta la Democracia Cristiana como los colegios profesionales, los gremios empresariales y los camioneros sumando también a la prensa reaccionaria.

Esta oposición burguesa estuvo dispuesta a transgredir su propia constitución (Constitución de 1925) con tal de recuperar el terreno perdido ante un movimiento popular y una clase obrera que había conquistado el poder político, el gobierno  por única vez en la historia. La conquista de ese gobierno duraría solamente tres años, Salvador Allende, y el resto de la historia de Chile para atrás y para delante serían sólo gobiernos burgueses algunos de los cuales se vistieron de progresistas y populares. El desenlace del golpe de estado es conocido por todos.

Los partidos de la Unidad Popular fueron fuertemente reprimidos y los de la oposición burguesa a Allende festejaron a la Junta Militar instalada y se lanzaron a cooperar con ella ya sea activamente o haciendo buenos negocios. La prolongación de la dictadura, más allá de lo imaginable por parte de esos partidos y sumado a la crisis económica hizo que esta oposición burguesa se volcara a la oposición para tratar nuevamente control del movimiento popular que comenzaba a emerger. Por otro lado, gran parte de los partidos de Unidad Popular se renovaron y adhirieron a la socialdemocracia. Este fue el origen de la futura Concertación donde el eje de la alianza histórica de la izquierda entre el Partido Comunista y el Partido Socialista fue reemplazada por la nueva alianza histórica entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, eje estratégico que dominaría todos los gobiernos de la Concertación y que permitió, en definitiva, perfeccionar y profundizar el neoliberalismo, imponer una democracia protegida y mantener los 11 Pilares del Neoliberalismo en Chile. La Concertación se transforma en el proyecto hegemónico de la burguesía. La Concertación se transforma en la alianza política más eficaz de ese momento para administrar el capitalismo y los presidentes electos en sus mejores administradores.

Pero este matrimonio entre la DC y el PS, este proyecto burgués no estuvo exento de contradicciones en su interior. Ya en 1998 se comenzó a hablar de “las dos almas de la Concertación” donde por un lado estaban “los autoflagelantes” denominados así por la prensa al grupo de políticos e intelectuales concertacionistas que reclamaban por las crecientes desigualdades del neoliberalismo y “los autocomplacientes” que erán aquellos políticos e intelectuales concertacionistas que desde una perspectiva acrítica estaban contentos con lo realizado. Los primeros plasmaron su “pensamiento” en “La gente tiene razón, reflexiones sobre las responsabilidades de la Concertación en los tiempos presentes” y los segundos en el documento “Renovar la Concertación, la fuerza de nuestras ideas”.

Esta contradicción entre estas “dos almas” nunca fue resuelto enfrentándose esporádicamente ambas y dando origen, desde 1998 hasta hoy a diferentes desprendimientos de militantes de los diferentes partidos que en su mayoría (autoflagelantes) se fueron volcando a lo que es hoy el Frente Amplio junto a otras expresiones de izquierda que se integraron al FA.

En el momento en que comenzaron las protestas masivas, 2006, en adelante, el sector “autocomplaciente” de la Concertación fue lentamente desplazada desde los ex presidentes hasta los más destacados dirigentes políticos. Esto, cuando ya desplazados definitivamente de escenario político, siempre lucharán por volver en gloria y majestad para tomar control nuevamente del proceso y del Estado hecho que ocurriera a semanas de comenzado el estallido social. Fue el manifiesto “Es tiempo de un Acuerdo Nacional” (2020) firmado por más de 200 ex concertacionistas e impulsado por los ex presidentes Frei y Lagos, lo que marcó el regreso de este sector reaccionario y que hoy parte de este pretende volver esta vez como parte de la Convención Constituyente.

Es por esta razón que no nos debemos extrañar de las tratativas y acercamiento entre las diferentes alianzas burguesas del progresismo ya sea la Unidad Constituyente (ex Partidos de la Concertación), Frente Amplio (autoflagelantes y partidos de izquierda progresista / reformistas) y Chile Digno (Partido Comunista, ex partidos del Frente Amplio, y ex Concertcionistas) ya que existen vasos comunicantes y unidad de objetivos entre todos ellos siendo el principal, en gran parte de ello, superar en lo posible el neoliberalismo en algunos de sus aspectos pero no avanzar en la superación del capitalismo ya que sería contra su esencia y naturaleza.

Desde el estallido social, y abierto el proceso constituyente, serán estos sectores políticos lo que tratarán de arrebatarle a las masas la iniciativa política como también el proceso constituyente que aunque fue una salida burguesa a la crisis su tarea será limitar y taponear la presión social de las futuras movilizaciones para que no presionen a los constituyentes y para que estos puedan legislar y debatir “sin ·chantajes”, “sin la presión moral” y con “responsabilidad” manteniendo el “espíritu cívico y republicano” como les gusta hablar a estos politicastros.

La Constitución de Ricardo Lagos

El 17 de septiembre de 2005, Ricardo Lagos, Presidente de Chile, realiza las reformas constitucionales concensuadas con la oposición de la derecha fascista para eliminar los “enclaves autoritarios”. Estos enclaves autoritarios eliminados fueron:

La reducción del período presidencial de seis a cuatro años sin reelección inmediata.
El aumento de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.
Se eliminó la función de ser “garantes de la institucionalidad” de las Fuerzas Armadas.
Se determinó que sólo el Presidente de la República puede convocar al Consejo de Seguridad Nacional.
Se eliminó la designación de senadores vitalicios.

En la ceremonia de promulgación de la nueva constitución que ahora llevaba la firma de Ricardo Lagos en reemplazo de la del dictador Augusto Pinochet, Lagos declararía en esa oportunidad que: “esta nueva Constitución ya no nos divide y tiene que ver con los reales problemas de la gente”.

También señaló en la oportunidad que “no existen senadores designados y permite que los comandantes en jefe sean removidos de manera informada por el Presidente, así como la desaparición de organismos de seguridad que se pueden autoconvocar al margen de las autoridades” para a continuación señalar que “El nuevo texto constitucional es necesario para enfrentar el siglo XXI, que recogiera el principio fundamental en que se basa el Estado moderno y la democracia y es producto de un mandato que proviene del pueblo”.

Según el dirigente socialista, y uno de los ideólogos de la Renovación Socialista que hizo que el Partido Socialista abandonara definitivamente el marxismo-leninismo y los planteamientos populares revolucionarios que tuvo en el pasado para adherir a la socialdemocracia y ser fundamental en la fundación de la Concertación y en la aplicación del neoliberalismo en durante 30 años, José Antonio Viera-Gallo, señaló que: “Fue un cambio muy profundo, porque se dejó atrás la anomalía autoritaria de la Constitución. Por eso, cuando el presidente Lagos dijo que pasaba el test de la democracia, tenía toda la razón”, aseguró.

Como se puede apreciar el nivel de cooptación de parte de la Concertación con la herencia de la obra de la dictadura militar-burguesa de Pinochet donde los pilares fundamentales son tanto el modelo neoliberal como la Constitución del 80 fue absoluta. Aquí que también demostrado que al asumir la Concertación (el progresismo) este modelo de sociedad reflejado en las declaraciones de Lagos ante la promulgación de la nueva Constitución queda claro que lo que hubo en Chile a finales de las protestas populares a mediado de la dictadura de Pinochet fue la más asquerosa y brutal negociación entre la oposición burguesa a la dictadura con la dictadura misma avalada, apoyada e incentivada, también, por el imperialismo norteamericano todo de espalda del pueblo que en ese momento se encontraba en las calles asumiendo formas de luchas armadas en defensa de los fundamental: la vida.

Con todo, tanto la oligarquía como el imperialismo, le asignaron a la Concertación la función estratégica de ser los administradores del capitalismo neoliberal, se ser su más eficaces representantes y los guardianes de los intereses de la clase dominante como del capital transnacional. Para ello la Concertación asumió y defendió una democracia protegida, una “democradura” en palabras de Eduardo Galeano para definir a las “nuevas” democracias nacidas posterior a las dictaduras militares, que en el fondo fue un proyecto contrainsurgente y anti popular.

Aun así, en el caso del Partido Comunista, este desde los inicios de la transición a la “democracia” siempre buscó alianzas con la Concertación y conformar con estos partidos una alianza amplia con el progresismo. De hecho en la elección presidencial donde es electo Ricardo Lagos, este sale con los votos del Partido Comunista que permite al final que Ricardo Lagos venciera por estrecho margen a Joaquín Lavin, candidato de la derecha fascista.

En tan evidente el hecho que el Partido Comunista abandonó la idea de conformar un polo de izquierda que tuviera como eje central el socialismo y la revolución que durante los 30 años de gobiernos de la Concertación / Nueva Mayoría, con cada negociación, acercamiento, pacto de omisión o integración a una alianza política formal con los partidos de la Concertación esto afectada la natural coordinación del Partido Comunista con otras fuerzas de izquierda produciendo la disolución de espacios unitarios de la izquierda no parlamentaria. Este fue el destino de las alianzas políticas de izquierdas como fueron el Movimiento de Izquierda Democrático Allendista, MIDA, la Asamblea por la Justicia Social, Juntos Podemos y otros privilegiando el PC la alianza con las facciones burguesas denominadas progresistas.

Es así que en una entrevista del diario LA SEGUNDA (06 de noviembre, 2013) al integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, se puede ver cuál es la política que el PC asumía en esta pregunta y respuesta en dicha entrevista:

– Desde ese punto de vista, entonces, ¿el entendimiento del PC y la DC en un eventual gobierno de Bachelet no debería ser un drama?

–“Desde esta perspectiva no le veo drama, responde Juán Andrés Lagos, al contrario, veo una tremenda fortaleza. Yo soy de los que cree que entre el llamado centro político, en concreto la DC, y la izquierda, donde está el territorio del PC, hay una alianza estratégica muy fuerte hacia el futuro”.

Es particularmente interesante recordar lo que Ricardo Lagos, Camilo Escalona (expresidente del Partido Socialista y un de los más importantes dirigentes del socialismo chileno considerado por la militancia socialista como uno de los representantes de la “izquierda” socialista) y José Miguel Insulza (ex ministro de los gobiernos de la Concertación, ex secretario general de la OEA y actual senador) en relación a la Constitución y Asamblea Constituyente:

Ricardo Lagos, sobre la constitución del 80 reformada por él y que lleva su firma (vigente hasta hoy): “Yo dije que esta constitución pasaba el test democrático. ¡Y lo sostengo! Si Ud dice que (…) se acabó el binominal, ¡se acabó la discución de la Asamblea Consituyente!”

Camilo Escalona, “Yo no quisiera que el tema de la Asamblea Constituyente fuera una especie de droga. O sea que nos pongamos a fumar opio en un escenario ficticio, inexistente, de una crisis institucional que no existe, de una Asamblea Constituyente que no se va a construir nunca”.

José Miguel Insulza, “No hay ninguna razón que justifique la instalación en Chile de una Asamblea Consituyente. Una Asamblea Constituyente es una confrontación y eso no lo queremos, yo no lo quiero por lo menos”.

Bachelet y el proceso constituyente

Fue durante el segundo gobierno de Bachelet, 2015, (y desde la alianza de gobierno Nueva Mayoría integrada por los partidos Socialistas, Por la Democracia, Radical, Democracia Cristiana, Izquierda Ciudadana y Comunista) es que se inicia el proceso constituyente para una nueva constitución.

Este proceso fue menos que tibio por cuanto estuvo marcado por una metodología monitoreada desde las instituciones del Estado y dirigido desde los temas, preguntas elaboradas por el mismo gobierno donde los participantes en cabildos o debates ciudadanos sólo se limitaron a reaccionar y responder ante las preguntas enviadas a ser debatidas. Posteriormente, Bachelet, y en base a las opiniones recogidas en esos debates, envío una propuesta de nueva Constitución que al final sería el mismo parlamento quien discutiría, reformularía (desde el consenso político entre las diferentes facciones burguesas en el parlamento) el texto enviado para su aprobación en un plebiscito ratificatorio. Es claro que aquí la participación popular, el pueblo, es visto meramente como un receptáculo pero en ningún caso como “el soberano” o como el constituyente en sí. Nuevamente se ve al pueblo prácticamente como un interdicto incapaz de tener la suficientes sabiduría e inteligencia como para poner en el centro los elementos necesarios, políticos y democráticos para él por sí sólo elaborar una nueva constitución.

El itinerario y método empleado fue:

Iniciarán una etapa de educación cívica constitucional hasta marzo de 2016

A partir de marzo de 2016, harán un proceso ordenado de diálogos ciudadanos iniciando en comunas y concluyendo con una síntesis a nivel nacional

En octubre de 2016 se le entregarán a la Presidenta Bachelet los documentos de dichas bases ciudadanas

Anunciará un consejo ciudadano de observadores con “ciudadanos y ciudadanas” de reconocido prestigio

La base ciudadana será utilizada en la redacción de una nueva Constitución

A inicios del segundo semestre de 2017, dicho proyecto será presentado al Congreso. A fines de 2016 se enviará un proyecto de reforma para que, con la aprobación de dos tercios de los miembros en ejercicio, se permita establecer una nueva carta fundamental.

Esa iniciativa buscará habilitar al próximo Congreso para definir el mecanismo de discusión del proyecto a partir de cuatro alternativas (comisión bicameral, convención constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos, convocatoria a asamblea constituyente o un plebiscito)

Finalmente, un plebiscito vinculante ratificará o rechazará el proyecto definitivo.

Por lo tardío en que se implementó este proceso constituyente, no se alcanzó a finalizar este proceso constituyente en el gobierno de Bachelet quedando archivado el proyecto de constitución redactado en su gobierno, inconcluso este proceso hasta el gobierno de Piñera que como consecuencia del estallido social se impone un un plebiscito y una convención constituyente cuyo marco político-jurídico, Ley 21.200, vulnera gravemente la soberanía popular.

El Plebiscito y el Proceso Constituyente – 2020

Ya calmadas las aguas de la salida burguesa, Plebiscito, ante la crisis del capitalismo en Chile, las cosas comienzan a quedar mucho más claras.

Como siempre, los medios de desinformación de masas cumplen su función tendenciosa de influir en las masas mediante la tergiversación de imágenes y de análisis sobre los hechos que se suceden.

Desde muy temprano, los canales de televisión mostraron imágenes de largas filas de votantes en las afueras de los colegios electorales dando la sensación que la participación electoral habría aumentado considerablemente. Esto otorgándole una épica al desarrollar este plebiscito en medio de la pandemia donde habría muchos votantes que no podrían votar aquejados con el virus aquel. Lo que no decían era que las largas filas se debían a que los votantes debían mantener la distancia social como recomendación sanitaria para evitar un contagio, según la autoridad sanitaria, masivo del virus. Las filas corrían rápidamente y los votantes pudieron votar sin problemas y en un tiempo breve tan breve como en las elecciones anteriores que tuvieron una baja participación.

Las opciones que se diputaban el voto de los electores eran dos: Apruebo y Rechazo queriendo averiguar si la población electoral era partidaria o no de cambiar o continuar con la constitución actual heredada de la dictadura y perfeccionada por el progresismo (Concertación) y que hoy lleva la firma del socialdemócrata Ricardo Lagos. La segunda papeleta la disputa era entre la Convención Mixta y la Convención Constituyente queriendo averiguar qué órgano era el que iba a redactar la “nueva” constitución si era una convención con 50% integrado por diputados y el otro 50% integrado por dirigentes sociales (Convención Mixta) o una convención electa íntegramente por dirigentes sociales (Convención Constituyente).

Toda la campaña plebiscitaria se lleva a cabo en medio de un alto desprestigio de la política, con numerosos casos millonarios de corrupción de las fuerzas armadas y de “orden”, con múltiples casos de pedofilia de la Iglesia Católica, con la colusión de las empresas con la política y con el fraude realizado por estas hacia los “consumidores”. Se realiza en medio de un gobierno fascista que ha respondido a un pueblo movilizado y combatiente con el terrorismo policial, con los crímenes de lesa humanidad y con graves violaciones a los derechos humanos. Pero esencialmente, el plebiscito se realiza en medio de una crisis del capitalismo no sólo en el plano económico sino también medio ambiental, de emergencia hídrica (ya sea como consecuencia de la sequía o del saqueo por parte de latifundistas y grandes agricultores), una crisis de género donde el movimiento anti patriarcal ha puesto entre la espada y la pared a la ideología dominante, por lo menos en ese aspecto, donde la Huelga Feminista del 8 de marzo logró congregar a dos millones de mujeres en el centro de Santiago (capital de Chile) y tres millones de mujeres a los largo y ancho del país. Se lleva también a cabo en medio de la lucha tenaz y ejemplar del Pueblo Nación Mapuche en contra de las forestales, de las hidroeléctricas, de los latifundistas, del capital transnacional que al final de de cuentas es en contra del colonialismo y el imperialismo y por la liberación nacional. Se lleva a cabo contra los nulos derechos laborales de una clase trabajadora super explotada, con sueldos y pensiones de hambre, con un alto endeudamiento y con vidas miserables.

Las crisis del capitalismo chileno (capitalismo neocolonial) es múltiple, variada y extensa y es parte también de la crisis del capitalismo imperialista cuyos centros de poder se disputan una nueva repartija del mundo determinando nuevas zonas de influencia para cada uno de los centros imperialistas.

Pero este plebiscito se da también en medio de un estallido social, de un levantamiento popular (inconcluso) que duró en forma continua durante cinco meses donde la masas no sólo coparon masivamente las avenidas principales de las ciudades del país, sino que ocuparon una violencia intensa jamás vista durante los 30 años de democracia pactada, protegida o de seguridad nacional. Las acciones más agudas fueron perpetradas por gente común y corriente que en su mayoría no tienen militancia política ni preparación ideológica actuando en ello un poderoso sentimiento de frustración y humillación, el odio hacia una clase opulenta y soberbia, un odio de clase y una necesidad imperiosa de barrer con todos lo que representara tanto al poder económico por al Estado lo que efectivamente ocurrió.

Fue tan grande la envergadura de ese levantamiento popular que solamente la pandemia le sirvió al criminal Piñera para apaciguar al movimiento social mediante la militarización de las avenidas con la excusa de imponer la cuarentena, salvar las vidas ante el virus y así poder terminar su mandato tranquilamente. Si no hubiese sido por el virus seguramente que el ladrón Piñera hubiese caído y el progresismo no hubiese podido salvar de la caída y la Asamblea Constituyente hubiese sido lo que se estaría instalando en estos momentos y no una convención constituyente trucha cuya soberanía es cercenada por la Ley 21.200 que es la que regula y convoca a este plebiscito y proceso “constituyente”.

La pandemia permitió que la clase empresarial lograra precarizar aun más la vida de los trabajadores, le dio espacio suficiente para reordenar las leyes del mercado ante la crisis capitalista despidiendo a más de dos millones de trabajadores, precarizar aun más a los trabajadores independientes y a honorarios llegando a tres millones y medio los trabajadores cesantes o semi cesantes producto de la cuarentena.

En este contexto, la crisis “pandémica” la pagaron los trabajadores de sus bolsillos utilizando para su subsistencia el seguro de cesantía, el retiro del 10% de las AFPs (se prepara un segundo retiro de otro 10% también de las AFPs) que son todos recursos aportados por los mismísimos trabajadores. Debido a esto está en la retina, en medio de la cuarentena, las protestas en comunas en contra del hambre, con barricadas incluidas. El descontento creció en forma exponencial y sideral. El modelo en su conjunto esta en crisis y el modelo en su conjunto se puede caer a pedazos.

Ante esta situación, la clase dominante sabe que sólo puede haber dos salidas posibles ante la crisis: la salida burguesa o la salida popular. Evidentemente, ellos optaron por imponer la salida burguesa, cuál es, el plebiscito derivado del Acuerdo por la Paz (15 de noviembre, 2020) de espaldas al pueblo y eliminando la exigencia de Asamblea Constituyente como parte de la solución. Es la misma clase política, defensora de los intereses de los ricos, la que se cruza en el camino, impone el itinerario y ahora pretende conducir todo el proceso.

Pero llegó el día del plebiscito y con ello todo ese discurso vacío de la clase política y del progresismo. Por más esfuerzo que desplegaron, la clase dominante simplemente fracasó.

Los cómputos que se dan, más allá de la aplastante derrota que sufrió la opción Rechazo quedando reducida al 22% y la opción Apruebo alcanzando cerca del 80%, en cuanto a la participación electoral, que es lo verdaderamente importante, alcanza al 51% de los electores inscritos más o menos de 7.300.000 votantes participantes. En pocas palabras hay casi otro 50% que simplemente no votó y que no creyó en la convocatoria, en su contenido o simplemente como el modelo lo ha excluido desde siempre no ve razón en votar por quienes lo han marginado históricamente.

Veamos.

El Plebiscito actual es tan importante (es la redacción sobre una nueva constitución) como el plebiscito que se llevó a cabo en 1988 y que marcó el término formal de la dictadura militar-burguesa y que dio paso a la democracia protegida y la continuidad del neoliberalismo. Ese plebiscito, 1988 tuvo una participación electoral de 97% con menos electores, pero con un 97%. El actual plebiscito, también crucial, sólo obtuvo la participación del 51% aproximadamente lo que gráfica una sociedad polarizada, fragmentada, donde gran parte de las masas no ve en el Estado, ni en sus instituciones, las herramientas para solucionar sus problemas vitales, de vida. También la baja participación y la alta abstención da cuenta que por lo menos existe un 50% de la población votante que no ve en el ejercicio del voto como el medio más efectivo para conquistar las demandas. ¿Será porque están consientes que uno vota y son otros los que deciden?

Un dato interesante es que en la última elección presidencial (2017) donde es elegido por segunda vez el criminal y especulador, Sebastián Piñera, la participación electoral fue de 49,02% (6 956 481), es decir (y de mantenerse las cifras que se han dado sin haber concluido la totalidad de lo votos), la participación electoral en este plebiscito aumentó sólo en un 2% (de 49% a 51%) y en cantidad de votos subió solamente 343,519 en comparación de la elección presidencial del 2017 con el plebiscito que se acaba realizar (25 de octubre), es decir, nada. La salida burguesa, la política impuesta ha fracaso y no logró hacerse carne en las masas ni menos constituirse en una política hegemónica al interior del pueblo esto contando con todos los medios de desinformación y con todos los recursos que les otorga el Estado como la empresa privada.

Como se sabe, las elecciones son interesantes porque reflejan el estado de ánimo de las masas en un período o situación determinada. De alguna forma las elecciones grafican la correlación de fuerzas, en el plano electoral, como también nos muestra cómo se expresa la lucha de clases en ese plano particular.

En el análisis de ese escenario debemos considerar que para que los circos electorales capten los votos necesarios, en Chile, deben elevar las expectativas en las masas para causar entusiasmo dar algún sentido a la campaña. Las esperanzas de quienes concurrieron a votar y quienes genuinamente vieron en el plebiscito la oportunidad de conquistar sus demandas más sentidas se verán defraudas una vez que la campaña pase y se comiencen a saber las tratativas y negociaciones entre ambos bandos conciliando los intereses de las diferentes facciones de la clase burguesa dejando debajo de la mesa, nuevamente, los intereses de los populares para continuar con más de lo mismo.

Esta nueva “traición” a las expectativas del pueblo, y la utilización de las demandas populares como un elemento de campaña más, sólo será bencina para el incendio provocando otro gran estallido social donde el pueblo, autónomamente y autoconvocado, se lanzará a las calles, las copara, arrasará con todo a su paso y el Estado Opresor y Asesino responderá utilizando a su brazo armado, las fuerzas armadas, perpetrando un nuevo genocidio ante un pueblo que sólo desea alcanzar la justicia social, justicia que le ha sido esquiva y arrebatada desde el mismo día en que llegaron los españoles y cometieron el mayor asesinato, etnocidio, conocido en la historia. Esa nueva traición será el equivalente a lanzar un fósforo a la pradera.

No sólo la lucha continúa, sino que la lucha de clases está más vigente que nunca, la historia no ha llegado a su fin y es nuevamente el pueblo el que la está escribiendo.

Para ahondar un poco más en la estrategia burguesa caben dos preguntas que se deben responder para tener una panorama un poco más completo. ¿Qué constitución se va? ¿Qué constitución llega? Y también ¿Cómo se compondría la Convención Constituyente en Chile? A continuación sus posibles respuestas.

¿Qué Constitución se va? ¿Qué Constitución llega?

En 1980, la dictadura militar-burguesa impuso la Constitución del 80 que fue el marco político-jurídico de la primera etapa del neoliberalismo. La fuerza hegemónica en su versión militar fue precisamente la clase dominante que expresó su voluntad mediante las fuerzas armadas.

La transición a la democracia supuso reformas previas a esa constitución antes que asumiera Aylwin, primer gobierno civil-burgués pos dictadura, como también reformas sucesivas hasta llegar al gobierno de Ricardo Lagos donde este no sólo le cambia la firma de Pinochet por la propia sino que declara que ahora Chile contaba con una “constitución democrática” que ya representaba a todos los chilenos.

Esta nueva constitución fue en definitiva la constitución de la Concertación, de su proyecto político de democracia protegida y de profundización-perfeccionamiento del neoliberalismo.

Esto fue posible porque la fuerza política hegemónica-burguesa era precisamente la Concertación, alianza política a la cual la clase dominante le asigno el rol de administrar el capitalismo al reunir en ella la mayor de las capacidades y de representar de mejor forma el proyecto neoliberal y a las masas que en ese momento se encontraban emborrachadas con la fiesta del consumismo y el endeudamiento, con la precarización inconsciente de sus propias vidas. Eso fueron los 30 años. El reinado político de la Concertación y de su nueva constitución.

Pero lo bueno para los intereses burgueses no dura eternamente.

El 2009, la Concertación se disuelve, muere. Se da paso a la Nueva Mayoría que incluye a los antiguos partidos de la Concertación más el Partido Comunista y asume Bachelet en su segundo gobierno. Gobierno que estuvo cruzado por las disputas internas para determinar qué partidos (o alianzas de partidos) serían los hegemónicos de esa alianza y gobierno. La Nueva Mayoría también murió y aparece el Frente Amplio.

El segundo gobierno de Piñera ha sido un desastre para los intereses burgueses que más allá de haber avanzado en la promulgación de leyes laborales favorables a ellos, el estallido social y la represión ha sepultado una de las condiciones que permite el desarrollo armónico del capitalismo cual es esa “paz social” a la cual les gusta hacer referencia. Son las mismas fuerzas capitalistas las que señalan que el capitalismo se desarrolla mejor en “democracia”, en el imperio del Estado de Derecho y en el respeto de los derechos individuales cosa que no ha ocurrido en este gobierno al volver el terrorismo de estado y los crímenes contra la humanidad (terrorismo policial) que ha alejado a ciertos inversionistas extranjeros.

Curiosamente, en el escenario de la futura convención “constituyente” ninguna de las fuerzas/alianzas burguesas o pro capitalistas llegará como fuerza hegemónica más allá si es que las fuerzas que se presentan como “progresistas” (ex concertación ex nueva mayoría y frentes amplios) obtenga los 2/3 de los “constituyentes” como tampoco la derecha fascista si es que obtiene 1/3 o más de los “constituyentes”.
Ninguna de estas fuerzas será hegemónica ya que el mismísimo “progresismo” se encuentra fragmentado, dividido y sin proyecto hegemónico único y sin que ninguno de esos proyectos “progresistas” goce con el necesario apoyo y reconocimiento de las masas. Desde la derecha fascista la cosa no es mejor. Ante las masas populares la derecha fascista representa lo que la mayoría rechaza claramente y entre sus propias filas las diferentes corrientes se enfrentan en una soterrada guerra bajo la mesa.

La clase dominante, y ante el protagonismo popular, requiere de un proyecto único que represente sus intereses en el plano político y en el plano de la administración del capitalismo (gobierno). Es riesgoso para sus intereses de clase que sus propias fuerzas se encuentre dispersas y fragmentadas y sin proyecto hegemónico en ninguno de los polos representativos de sus intereses ya que eso abre un mayor protagonismo popular y puesta en peligro de sus privilegios.

Ante esto la “constituyente” sesionará sin fuerza política hegemónica alguna necesaria para redactar una “nueva” constitución. Lo único que habrá será la fuerza hegemónica de la clase dominante que le impondrá a esa dispersión y fragmentación de las fuerzas burguesas su voluntad lo cual se reflejará en, nuevamente, en el consenso entre todas las fuerzas donde saldrá una constitución muy similar a la constitución que impuso la Concertación y que lleva la firma de Ricardo Lagos.

Al final a la Concertación le gustó el neoliberlalismo y por eso su constitución “laguista” (asumió el proyecto de la derecha fascista) y a la derecha fascista le terminó gustando los gobiernos de la Concertación a los cuales los ven como propios. Y ¿el Frente Amplio? Ellos son los hijos de la Concertación. La clase dominante hegemónica requiere de una alianza política hegemónica que defienda sus intereses. De no existir la clase dominante se impondrá sobre todas sus facciones, las ordenará e impondrá el consenso.

Como se impondrá el consenso, tendrá que ser el Pueblo Movilizado el que se tenga que transformar en esa fuerza hegemónica que no entre en ese nuevo pacto burgués sino que mediante su fuerza y su movilización sea el que reviente ese proceso constituyente consensual e imponga la única posibilidad de cambiar sus condiciones de vida: ASAMBLEA CONSTITUYENTE DIRECTA, LIBRRE, Y SOBERANA.

El amarre de la Ley 21.200

La Ley 21.200 es la ley que regula y convoca tanto la plebiscito como al proceso constituyente redactado por la misma clase política contra la cual se realiza el levantamiento popular contra quienes se identifican como los responsables de la desastrosa situación de los trabajadores y pueblos. Pero ¿qué dice la Ley 21.200? Señala en su artículo 135 (extracto):
Disposiciones especiales.

“En conformidad al artículo 5º, inciso primero, de la Constitución, mientras la Convención esté en funciones la soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución”.

“El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
¿Qué quiere decir esto?

En este articulo se le da un sentido oligárquico al concepto de soberanía. Cuando se establece que LA SOBERANÍA RESIDE EN LA NACIÓN se está diciendo que la soberanía reside en la clase dominante por cuanto la nación es en definitiva la clase dominante en el poder. No podría ser de otra forma por cuanto esta definición de soberanía se encuentra en la Constitución del 80 redactada en dictadura y perfeccionada por la Concertación. Limita la soberanía popular a la mera delegación del poder de parte del pueblo en sus representantes y el ejercicio “directo” del pueblo de la soberanía sólo esporádicamente en los eventos electorales. La contra definición a que la soberanía reside en la nación es aquella que dice que la soberanía reside en el pueblo entendiendo por pueblo el pueblo organizado. Quienes participan en el plebiscito y en el proceso constituyente reconocen y asumen esta concepción.

A renglón seguido establece que: “El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático…” lo cual constituye un contrasentido profundo. ¿Por qué?

Porque el levantamiento popular lleva en sus entrañas una crítica profunda a la democracia protegida donde gran parte de los movilizados señala que esta no es una verdadera democracia. Incluso el reformismo y el progresismo, en forma oportunista, asumen que esta es una democracia de “calidad” y es por ello que ellos asumen como propio, en forma oportunista y no sincera, que el cambio constitucional es la solución para alcanzar una democracia de calidad. Sin embargo quienes deciden participar en el proceso constituyente y que asumen el marco establecido por la Ley 21.200 asumen que lo que existe en Chile antes de la instalación constituyente y antes de ser promulgada la “nueva” constitución es un “régimen democrático” aun con las graves violaciones a los derechos humanos, terrorismo de estado y crímenes contra la humanidad. Pero la situación es peor.

En este mismo artículo se establece que: “las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

A todas luces tiene todo sentido, es decir, no se pueden, desde el punto de vista del derecho burgués, anular sentencias judiciales ya firmes y ejecutoriadas esto como una forma de respetar el tan mentado Estado de Derecho. Sin embargo, por sentencias también debemos entender las decisiones del Tribunal Constitucional que ha actuado, en temas cruciales y de importancia para el movimiento social, como una Tercera Cámara cada vez que los intereses oligárquicos y reaccionarios se encuentran en peligro. Por ejemplo, en el caso del aborto (tres causales) fue precisamente el Tribunal Constitucional el que a través de su sentencia le otorgó a las clínicas privadas la posibilidad de no estar obligadas a realizar abortos al reconocer, y adjudicarles a las CLINICAS, la objeción de conciencia lo cual constituye una aberración en todos los planos por cuanto conciencia posee solamente el Ser Humano. Pero desde los marcos de la Ley 21.200 esta sentencia no podría ser modificada.

Ha sido también el Tribunal Constitucional el que ha sido utilizado para complicar aun más el procesamiento de los prisioneros políticos de la revuelta estando obligados, los abogados de derechos humanos, a recurrir al él para que este, por ejemplo, reconozca “intachable conducta anterior” de aquellos prisioneros que no cuentan con antecedentes penales no reconociendo el Tribunal Constitucional, a través de sus fallos, la inexistencia de esa conducta intachable en muchos casos aun cuando el perseguido efectivamente no contaba con antecedentes penales. Estas sentencias del TC, según la Ley 21. 200, no podrían ser cambiadas.

Peor aun. El párrafo citado más arriva hace mención a que los tratados vigentes no pueden ser modificados o anulados. En el ámbito de los tratados internacionales caben los tratados del derecho humanitario / derechos humanos que nadie salvo los reaccionarios y fascistas buscarían que queden sin efectos sin embargo los tratados que tampoco se podrían modificar o anular son también los Tratados de Libre Comercio que constituyen uno de los pilares del actual modelo capitalista / neoliberal / extractivista y que violan gravemente los derechos humanos mediante la destrucción del medio ambiente, la generación de zonas de sacrificios, provocando emergencia hídrica y violando la autodeterminación de los pueblos orginarios, entonces, si la futura Convención Constituyente no puede, de ante mano y antes de su instalación, no puede cambiar el modelo capitalista extractivista entonces ¿qué puede cambiar? Solamente cambios cosméticos. Este artículo es la clara transgreción al concepto más elemental de sobernía por cuanto la limita y la soberanía se entiende como plena.

La ley electoral y el binominalismo

Durante gran parte de la transición pactada a la “democracia” argumentó que los cambios estructurales no se podían hacer porque la ley electoral vigente en este momento, BINOMINAL, tergiversaba la representación popular ya que establecía aquello que 2/3 (progresismo) era igual a 1/3 (derecha fascista) otorgándole una sobre representación a la derecha fascista al interior del parlamento. Esa fue la excusa eterna hasta que fue eliminada le ley electoral binominal por otra proporcional que es la que rige hoy. Sin embargo, el progresismo y la derecha fascista acordaron que la aprobación de los artículos de la “nueva” constitución y de la “nueva” constitución misma debería ser aprobada, por la Convención Constituyente antes de ser plebiscitada, por los 2/3 de los constituyentes, es decir, el progresismo aceptó aplicar el binominalismo, que antes criticaba, en el contexto de una constituyente y en la redacción de una “nueva” constitución.

Por otro lado, la elección de los constituyentes será regida por la actual Ley Electoral donde los partidos políticos son amos y señores y donde los dirigentes sociales y sindicales se encuentran impedidos de ser candidatos a menos que renuncien a sus funciones sociales y sindicales para poder postularse. En el caso de los dirigentes gremiales-empresariales, estos, no están obligados a renunciar a sus cargos gremiales para postular.

El Otro Apruebo

Desde hace décadas, dentro del partido pinochetista por excelencia como es la UDI, que se vienen dando expresiones en su interior que tienden a “superar” el pinochetismo como su definición y sinónimo y avanzar hacia una posición cercana al humanismo cristiano, al socialcristiano y con más coincidencias con la democracia cristiana internacional. Es así que tanto Renovación Nacional como la UDI han girado hacia esas posiciones ideológicas siendo Renovación Nacional parte del Internacional Democristiana y la UDI partido observante.

Al interior de la UDI, Pablo Longueira, uno de sus dirigentes más destacados durante la presidencia de ese partido intentó avanzar desde la UDI en transformar a ese partido en algo similar al Partido Popular español (franquismo sin Franco a un Pinochetismo sin Pinochet bajo las nuevas circunstancias). De ahí se comienza a hablar de la UDI Popular, de una derecha popular. Aparece también Joaquín Lavín, también UDI, declarándose “bacheletista” y ahora “socialdemócrata” y Manuel José Ossadon, ex pre candidato presidencial y actual senador, hablando de la “derecha social” opuesta a la derecha económica. Estas expresiones y corrientes en el contexto del Plebiscito Apruebo / Rechazo levantaron la opción de Apruebo desde la derecha fascista al igual que lo hiciera el Partido Nacional que durante el plebiscito de 1988 abrazó la opción NO (a la continuidad de la dictadura), Partido Nacional por el NO, junto a sectores liberales de la derecha que tiempo después algunos de ellos conlfuirían en la fundación del Partido Por la Democracia del cual es fundador Ricardo Lagos.

Durante el escándalo de corrupción política ocurrida durante el gobierno de Ricardo Lagos conocido como MOP-GATE donde se triangularon sueldos, sobre sueldos etc. Pablo Longueria concurrió al salvataje del Lagos y su gobierno mediante una agenda de modernización del Estado para evitar futuros casos similares. Esto permitió que numerosos políticos de la Concertación definieran a Longuiera como un “estadista” y un demócrata y en palabras de Longuiera su actitud fue porque Chile está primero.

Siendo ministro de Economía del primer gobierno de Piñera, Pablo Longueira, redacta la Ley de Pesca que le entrega la propiedad de la costa a siete familias (oligarcas) dueñas de esa industria. Tiempo después se supo que la redacción fue realizada por uno de los gerentes de esa industria pesquera, de uno de los poderes económicos, enviando el texto por correo electrónico a Longuiera para que este sólo lo firmara y aprobara.

Es importante el caso de Pablo Longuiera ya que fue Longuiera que en el proceso de desarrollo y fundación de la UDI el encargado poblacional que tuvo la UDI y que “gracias” a su trabajo político lo que permitió que la UDI se insertara en poblaciones y comunas que históricamente eran bastiones de la izquierda. Por lo tanto, en el casi 80% alcanzado por la opción Apruebo concurren también votos, un porcentaje de esta derecha fascistoide que trata de maquillarse y mutar para presentarse con rostro “humano” ante la población con la finalidad de dejar atrás su apoyo a los crímenes de lesa humanidad y su participación en la dictadura teniendo a su fundador, Jaime Guzmán, como autor de la constitución del 80.

En este contexto es que cobra importancia la entrevista concedida al diario LA TERCERA (27 de octubre, 2020, Cristobal Palacios) dada días después del plebiscito que a continuación reproducimos en sus partes esenciales:

“Hay que entender que la sociedad chilena ha cambiado mucho, y parte de ese cambio es que la gente hoy quiere argumentos, la gente tiene opinión, y no se deja arrastrar por campañas del miedo, del terror, la gente quiere participar”, dijo, agregando que “aquí se instaló en un segmento de nuestra sociedad, que se mira el ombligo todo el día, que se mandan chat y correos, se atemorizan entre ellos mismos y finalmente generaron un pánico inexistente y un Rechazo que desde mi punto de vista no tiene ningún relato, ¿Qué es Rechazar?”.

Por lo mismo, el excandidato a la presidencia aseguró que “hay que hacer una autocrítica” y que “impresiona ver hoy día a los mismos que la semana pasada escribían todo lo que iba a ocurrir, (y) ocurrió todo lo contrario y ahora están diciendo por qué ocurrió”.

“Lo que he alcanzo a ver en estas 24 horas es una falta de autocrítica brutal. No va a ser simple. Siempre me ha llamado la atención cómo el liderazgo de la derecha mira la división que hay en el otro, pero no mira la viga que hay en el sector nuestro. No va a ser fácil, creo yo (la convergencia de su sector entre quienes apoyaron Apruebo y Rechazo) porque se ha generado una mirada de un fanatismo de que yo defiendo principios: ‘¿Desde cuándo Longueira dejó de tener principios?”, indicó, aludiendo a su opción de defender la redacción de una nueva Constitución.

“Lo que dijo Joaquín Lavín (sobre considerarse un socialdemócrata) es de fondo, él va a gobernar y tiene que gobernar con gente de la Concertación y el que no entiende eso en la derecha quiere decir que no sabe en qué país está parado”, destacó.

Al respecto agregó, aunque sin aludir a partidos en específico, que “lo importante es que aquí se va a formar una nueva coalición, una nueva estructura política que puede tener tanta energía como la tuvo la Concertación al comienzo de los años 90 (…) Viene un cambio muy profundo en la política chilena y hay que saberlo liderar, entender, porque no lo puedes liderar si no lo entiendes”.

Dicho lo anterior, cabe señalar que la importancia de esta entrevista como todo lo dicho anteriormente tiene un peso enorme por cuanto es transparentar la negociación y los vasos comunicantes entre el progresismo y la derecha fascistas. Estos personajes como Lavín, Longuiera, Ossandón y su contraparte como Lagos, Escalona, Insulza y otros, por ejemplo, son los puentes de plata de un lado para el otro que siempre han estado y que permitieron imponer la transición pactada y los gobiernos de la Concertación, al cual Longuiera elogia, y que ahora pretenden imponer un nuevo pacto interburgués al conjunto de la población. Mientras el pueblo lucha y es reprimido, las negociaciones avanzan y el pueblo sigue con la ilusión y alza de expectativas sobre la Convención Consituyente como la solución a sus problemas vitales dentro de estos marcos.

¿Cómo se compondría la Convención Constituyente?

La Convención Constituyente (CC) estaría compuesta por 155 constituyentes. Según lo que aparece en la imagen ya habrían 52 cupos asegurados para dirigentes del progresismo antes siquiera se conformen los pactos electorales y las alianzas. Esto equivale a 1/3 de los constituyentes impuestos por los partidos de centro-izquierda. De estos 52 constituyentes asegurados sólo 7 son de partidos de izquierda (Partido Comunista y Frente Amplio) y el resto son de la ex Concertación / Nueva Mayoría (que el Partido Comunista también fue parte de la Nueva Mayoría) es decir de derecha.

Si consideramos que los partidos de la derecha fascista también pudieran tener otros 52 cupos reservados para otros dirigentes políticos cuyo ego y apetito sea ser parte de la constituyente, entonces, habrían 104 cupos en manos de los partidos, causantes del desastre político-social, que ya estarían asegurados. Esto deja a disposición del mundo social 48 cupos.

Los dirigentes del mundo social que se alzarán como candidatos a la constituyente serán, sin duda, dirigentes sociales militantes de los mismos partidos políticos, ya sea de la derecha fascista o derecha progresista-liberal, y que lejos de obedecer a las aspiraciones del movimiento social obedecerán las aspiraciones de sus respectivos partidos o del partido con el cual tengan mayor afinidad en el caso de no haber firmado la ficha de militancia y ser simpatizantes / “independiente”.

¿Qué hacer? Desbordar el proceso constituyente, romper la legalidad burguesa ¡Avanzar a la revolución!

La única vía para romper efectivamente todas las amarras es que el pueblo mantenga la movilización popular y no renuncie al ejercicio de la autodefensa de masas cada vez que esto se requiera. Esto en el más legitimo derecho de ejercer el Derecho a Rebelión por cuanto estamos en presencia de una dictadura del capital, de un régimen autoritario y despótico que ha hecho invivible e insoportable las vidas de las mayorías pero también debe avanzar en transformar este levantamiento popular, este movimiento social en movimiento revolucionario, en movimiento popular donde cobra total importancia dotar de una dirección revolucionaria y de un instrumento revolucionario con una fuerza material estructurada como de la elaboración de una estrategia y táctica de poder junto a un programa popular y revolucionario.

A la vez, hay que tener claro que las constituciones políticas, las leyes vigentes en la sociedad capitalista representan la voluntad de la clase dominante y constituyen las herramientas que tiene dicha clase de trazar el marco, la forma de rayar la cancha para que el conjunto de la sociedad se comporte respetando esa voluntad a los cual llaman Estado de Derecho. Solamente la clase dominante es la que se permute transgredir el marco político-jurídico que ella misma ha impuesto por cuanto ella, a la vez, concentra y monopoliza el poder y la fuerza. Se reserva para si mismo la impunidad y para el proletariado la cárcel.

Si el Estado es un órgano de represión de una clase (dominante) sobre otra clase (dominada), la constitución es la ley superior que lo representa en el plano político-jurídico desde donde se desprende toda la legislación represiva, coercitiva hacia el pueblo. Las libertades individuales que de ahí se desprendan en nada alteran la existencia de las masas populares por cuanto el problema del proletariado no es una cuestión de libertades más o libertades menos sino el problema central es el problema del poder, es decir, cómo el proletariado avanza en arrebatarle el poder que la clase dominante posee y así enterrar el antiguo Estado, al decadente democracia burguesa, superar y rompes la injusta legalidad burguesa, superar la sociedad capitalista y así crean una nueva sociedad.

De lo anterior, tenemos que claro que aquella máxima de “Usted vota y Otros deciden” es cierto y representa, resume, la esencia de la democracia representativa (burguesa) que reduce la participación política de las masas al sólo evento electoral degenerando el concepto fundamental, cual es, la soberanía popular. La soberanía popular es mucho más que ejercer el derecho a votar significa también que el pueblo tenga en sus manos las riendas que le permitan ser dueño y constructor del futuro donde el pueblo (el soberano) decida el futuro y que no decida por él. Así, la delegación del poder, acto que según el derecho burgués define cuando el pueblo elige a alguna autoridad mediante el ejercicio del voto universal, sólo tergiversa la real concepción de soberanía por cuanto la soberanía que posee el pueblo (soberano originario) es irrenunciable lo que ocurre es que la clase dominante, mediante el Derecho, la Constitución y las leyes usurpa la soberanía al pueblo como también usurpa el trabajo a la clase trabajadora mediante la plusvalía.

¿Alguien puede pensar, sinceramente, que la “nueva” constitución que entrará en funcionamiento recién el 2023, en Chile, podrá enterrar el actual modelo económico extractivista, depredador y subsidiario, actualmente vigente, sin que el poder económico, la oligarquía y el capital transnacional (imperialismo) no pongan el grito en el cielo y no defiendan a sangre y fuego sus intereses bastardos? Imposible que así sea, básicamente, por que la clase dominante nunca renunciará a su poder y nunca cederá sus intereses fundamentales por la vía del entendimiento y el diálogo y porque lo que hoy día está en marcha es un levantamiento popular y no una revolución. Si bien existe un alza del movimiento popular, la revolución como proyecto histórico de los explotados aun está pendiente. La “nueva” constitución, para que sea nueva tendría que echar por tierra, tirar a la basura los 11 Pilares del Neoliberalismo y eso es imposible en el contexto del levantamiento popular que tiene en sí sus limites.

¿Cuáles son los 11 Pilares? Los 11 Pilares del Neoliberalismo: la amarra fundamental

Según la explicación de la Fundación Sol aparecida en El Mostrador (12 de septiembre, 2013) donde se señala lo siguiente:

PLAN LABORAL PLAN LABORAL, DL 2.756 y DL 2.758 (1979). Como parte de un plan integral de transformación social, llamado “Las Siete Modernizaciones del Estado”, se reformula e institucionaliza un nuevo modelo de relaciones laborales (presente hasta el día de hoy). Más que un plan laboral, se define principalmente como una intervención sindical, que redefine el rol del sindicalismo en la sociedad: se rompe con la tradición de un sindicalismo de clase para instaurar un sindicalismo despolitizado y desmovilizado. Para cumplir con este objetivo, la nueva institucionalidad prohíbe la negociación colectiva por rama, limita sus contenidos y permite el reemplazo de los trabajadores en huelga, a la usanza anglosajona. La negociación colectiva pierde así su función distributiva (combatir la desigualdad). Hoy, con un 8% de los trabajadores dependientes con contratos colectivos habilitados para la huelga (pero con la opción de ser reemplazados), Chile es el segundo país más débil de la OECD en dicha dimensión. Lo que se conoce en nuestro país como negociación colectiva, en otros países no lo es.

SISTEMA TRIBUTARIO En 1974, se crea la integración de impuestos entre empresas y sus dueños a través del Impuesto Global Complementario: los impuestos que las empresas pagan por sus ganancias, son un crédito a los impuestos que pagan los dueños de esas empresas. Adicionalmente, en 1984 se crea el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), el que permite que los impuestos se paguen sobre las utilidades efectivamente retiradas y no sobre la base de su simple existencia. Ello ha permitido que los dueños de las grandes empresas (principalmente) se hayan beneficiado del uso de esos recursos a través de sociedades de inversión que operan como vehículos financieros, a fin de crear una zona franca donde no se pagan impuestos. Actualmente se estima que se han acumulado cerca de US$ 270.000.000.000 en el FUT. De esta manera hoy, tenemos un sistema tributario Pro-rico, dónde los que más ganan pagan menos impuestos en términos proporcionales.

SISTEMA DE SALUD Entre 1979 y 1981 se decretó el fin del sistema público de salud: la creación de FONASA (1980) y de las ISAPRES (1981) instituía el actual sistema mixto de seguros en el cual los subsistemas público y privado compiten entre ellos, mientras que la municipalización de los Centros de Atención Primaria (1980) reducía el alcance de la responsabilidad estatal. Los gobiernos democráticos (1990-2013) no han modificado esos cimientos, limitándose a intervenciones en materia de regulación de precios, control y fiscalización. Los resultados son claros: hoy en día el “gasto público” en salud es uno de los más bajos entre los países OCDE, mientras que el “gasto de bolsillo” de los usuarios uno de los más altos. El negocio privado, al contrario, florece: en 2012 las utilidades de las ISAPRES alcanzaron los $81.383 millones, con un aumento nominal de 6,5% (4,9% real) respecto al año anterior.

DESNACIONALIZACIÓN DEL COBRE Consagrado en dictadura (1981) por el entonces ministro de Minería, José Piñera, a través de las ‘concesiones plenas’, se entregó la propiedad de los nuevos recursos mineros a los privados en un proceso conocido como la desnacionalización del cobre (Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras). Los posteriores gobiernos de la Concertación dieron la venia a esta política, renunciaron a la soberanía sobre los recursos y desperdiciaron la oportunidad política que se abrió durante la primera parte de esta década con la discusión por el royalty minero. Hoy, el 70% de la minería se encuentra en manos de privados. Todo lo anterior, a pesar de que la constitución señala que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.

FOMENTO FORESTAL El DL nº 701 fue promulgado en los primeros años de la dictadura (1974) por un periodo de 30 años, con el objetivo de potenciar el sector forestal a través de una bonificación para la forestación de amplias extensiones de terreno con especies forestales exóticas. En 1998 este sistema de bonificación fue renovado con algunos cambios por 15 años más y con efecto retroactivo. Posteriormente fue renovado por dos años, concluyendo su período en 2012. Este instrumento ha beneficiado principalmente a las grandes empresas del sector, donde existe una alta concentración (CMPC, Arauco y MASISA, concentran el 64% de las plantaciones forestales). Por otra parte, este instrumento económico ha tenido un fuerte impacto en el bosque nativo y su sustitución por especies exóticas. Actualmente se discute con carácter de ‘urgente’ su renovación por 20 años más a pesar de que luego de 40 años con esta ley, aún no existe evaluación alguna respecto a los impactos económicos, sociales y ambientales. Las organizaciones de pueblos originarios han manifestado que no han sido consultadas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el derecho internacional, señalando que no ha existido consulta previa, ni restitución de sitios sagrados, ni la consideración de un nuevo enfoque indígena.

SISTEMA AFP En 1981, por decreto (DL 3.500), se reemplaza el régimen de pensiones hasta entonces solidario y de reparto por uno de capitalización individual forzosa. El cambio significa pasar de un sistema cuyo beneficio era definido a uno de contribución definida y beneficio incierto. Las cajas de seguro social son reemplazadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones, instituciones privadas que persiguen el lucro y que durante sus 32 años de existencia han provisto de capital de trabajo (dinero fresco) a un selecto grupo de empresas chilenas: las más grandes (sólo 20 corporaciones en Chile, acumulan cerca de US$45.000.000.000). A 32 años de su implementación, la capitalización individual de la mano de las AFP da cuenta de un sistema que impulsa la acumulación de ingresos (a través de la especulación y uso de los fondos de pensiones de los trabajadores) y mantiene pensiones muy bajas y fuertemente sostenidas por el Estado (a Julio de 2013, el monto promedio de las pensiones pagadas por las AFP es de $181.297).

PRIVATIZACIÓN Y ABANDONO DE LA EDUCACIÓN En 1981, se desmunicipaliza la Educación Escolar en Chile y se comienza a financiar las escuelas a través de una subvención por número de alumnos que asisten a clases. También se permite que las escuelas particulares reciban subvención, sin embargo, éstas pueden seleccionar a los alumnos, lucrar y a partir de 1993 pueden cobrar aranceles (política de Financiamiento Compartido implantada en el primer gobierno de la Concertación). Mientras en 1981, existía un 78% de matrícula en la Educación Municipal, hoy sólo queda un 36%, siendo el sistema educacional más segregado del mundo. En Educación Superior, a partir de 1981, se permitió la creación de Universidades, CFT e IP privados, generándose un mercado de la educación y un crecimiento inorgánico de la matrícula. Hoy, las universidades estatales sólo cuentan con un 12% de financiamiento fiscal basal, el 77% del gasto en Educación Superior lo realizan las familias chilenas y prácticamente no existen CFT e IP públicos.

SISTEMA BANCARIO Desde 1975 se privatizan los bancos (excepto Banco Estado), se permite la entrada de bancos extranjeros y se liberalizan las tasas de interés, las cuales se ajustarán según una “máxima convencional”. Desde 1981-producto de una crisis interna (previo a la crisis internacional)- la superintendencia interviene los bancos traspasando sus deudas al Banco Central (impagable hasta el día de hoy), dando acceso a divisas a precios preferenciales y la reprogramación de sus deudas (35% del PIB de la época). En 1986 se crea la Ley General de Bancos (LGB) que, entre otros, estableció segmentación de carteras según tipo de riesgo (hogares de ingresos bajos es más riesgoso y por lo tanto mayor tasa de interés). En la misma línea en 1999 se segmentan las tasas de interés según tramos de préstamo (menos y más de 200 UF). En 2001 se deroga el artículo XIV de la LGB que permitía el funcionamiento de financieras y se reduce a la mitad el requerimiento mínimo de capital necesario para constituir una sociedad bancaria (Art. 51 LGB), generando condiciones para la banca de retail, la cual no estuvo regulada hasta 2006.

SUBCONTRATACIÓN Previo al DL 2.950 la subcontratación del giro estuvo prohibida en Chile y el decreto levanta esa limitación. La subcontratación se reconoce como necesaria a todo nivel, como parte de las tendencias descentralizadoras de la producción para ganar competitividad. Esto se mantiene intacto durante todo el período de la Concertación. El año 2007, al legislarse la ley de subcontratación, existió la posibilidad de eliminar la subcontratación de la actividad principal o giro de la empresa, pero no se hizo. El régimen laboral “tercerizado”, aumenta la probabilidad de tener empleo desprotegido en un 30% (sin estabilidad ni seguridad social), obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos colectivos al tiempo que presiona los salarios hacia la baja.

PRIVATIZACIÓN DEL AGUA El Código de Aguas, aún vigente, fue promulgado durante la dictadura a través del DFL Nº 1.122 el 21 de octubre de 1981. Este instrumento instaló de forma inédita un mercado del agua a través de la propiedad privada sobre el recurso, permitiendo que el titular de un derecho de aprovechamiento pudiera comercializar con éste. Asimismo, este dispositivo anuló el rol del Estado como garante del uso racional del agua, dejando en manos de privados la ‘determinación’ de la necesidad de uso de acuerdo a criterios económicos particulares, desplazando así la relación histórica del recurso con la tierra.

CONSTITUCIÓN Un día como hoy hace 33 años, se realizó un fraudulento plebiscito en el que se aprobó la Constitución Política de 1980. A los pocos días del golpe, la junta militar designó una Comisión Constituyente (“Comisión Ortuzar”), integrada por miembros de extrema confianza del régimen, entre ellos Jaime Guzmán, quienes se encargaron de redactar el anteproyecto de la nueva carta fundamental. En ella, se consagra un rol subsidiario del Estado en la economía y el derecho de propiedad privada, relegando a un segundo plano los derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho al trabajo. Además, se entregó a las Fuerzas Armadas un rol tutelar de la democracia. Pese a que en el año 2005 se aprobaron una serie de reformas tendientes a eliminar los “enclaves autoritarios”, el legado autoritario y neoliberal sigue presente. Hoy Chile continúa regido por una Constitución, cuyo origen, ilegítimo, no estuvo en la soberanía del pueblo, sino en las manos de un gobierno dictatorial.

Nótese que la Constitución Política es solamente uno de los 11 pilares, y no el único, aunque tan importante como el resto. ¿Podrá la Comisión Constituyente derribar el conjunto de los pilares y de paso terminar también con el patriarcado, otorgar la autodeterminación y control territorial al Pueblo Nación Mapuche y Pueblos Originarios, terminar con la ocupación e invasión en la Araucanía, terminar con la dependencia económica en relación al imperialismo (neocolonialismo), terminar con la Doctrina de Seguridad Nacional, con los tratados militares con EEUU, etc? Claramente ¡NO! Una nueva constitución, realmente nueva, debe terminar con este conjunto, con este entramado de amarres y con el poder de la clase dominante. Lo otro es más de lo mismo.

La nueva traición que viene

La clase dominante en sus diferentes facciones cuentan con intelectuales y operadores políticos capaces de generar todo tipo de planteamientos pero también de articulación y negociaciones políticas con la finalidad de salvaguardar sus los intereses de clase de la clase dominante, pero por sobre todo de limitar a lo mínimo la participación del pueblo como del ejercicio de su soberanía. En este ámbito Enrique Correa es uno de esos intelectuales y operadores.

Correa fue uno de los artífices tanto en las negociaciones previas con la dictadura, previa al inicio de la transición a la democracia, como después durante el primer gobierno pos dictadura (Patricio Aylwin) y durante estos 30 años.

Fue militante demócrata cristiano en los 60s para abandonar la DC e integrarse al partido MAPU (escisión de la DC) que formaría parte de la Unidad Popular. Durante la dictadura adhiere al proceso de Renovación Socialista y formaría después parte del Partido Socialista desde entonces. Ha sido ministro durante el gobierno de Aylwin, fuente importante de consulta en las políticas más importantes de los gobiernos de la Concertación y destacado lobbista, uno de los más importante en Chile, donde ha defendido y asesorado a los poderes económicos, a instituciones ligados a la dictadura y comprometida con graves violaciones a los derechos humanos como Colonia Dignidad como también a la Iglesia Católica en los casos de pedofilia.

Posterior la plebiscito del 25 de octubre, (Apruebo / Rechazo) saca la voz para analizar y proponer un camino ante los resultados del mismo.

En entrevista con el diario LA TERCERA (26 de octubre, 2020, Cristobal Palacios) señala:

“Tenemos por delante el gran propósito de (elaborar) una nueva Constitución que no sea hostil para nadie. Lo peor que podríamos hacer es proponernos una Constitución de los vencedores, como fue la de Pinochet”.

Más adelante señala que la nueva Constitución debe ser “un lugar de acogida para todos, donde nadie se sienta hostilizado, excluido, ajeno” y que el “triunfo” de ayer no puede “pertenecer a un solo sector político”.

En relación al alto porcentaje obtenido por la Opción Apruebo considerada la opción del progresismo, de la centro-izquierda, señala: “números de tal magnitud que no pueden pertenecer a un solo sector político o a un solo conglomerado. Sólo es posible porque transversalmente el país quiere un cambio constitucional. Y ese mismo país quiere también muchas otras cosas que pueden ser muy distintas. Y, por tanto, lo que tenemos que tener es una mirada acogedora a la diversidad del país y cerrar el paso a dos grandes, a la intolerancia, la que nos llevó a la Constitución de los vencedores en nuestro peor tiempo, y a la violencia, que es la antítesis de la celebración de anoche”.

“Son los dos grandes rieles por los que deberíamos ir teniendo en cuenta el camino que nos queda por delante (…) para evitar que este gran proceso termine en una Constitución de los vencedores que lo único que hace es iniciar de inmediato la cuenta regresiva para cuando los vencidos vuelvan a ser los vencedores, como le pasó a la Constitución de 1980″,

“Que este cierre de página sea de grandes acuerdos”

Frente a las críticas contra la clase política, Correa sostuvo que “ha habido un proceso que ha perjudicado especialmente a la centroizquierda cuando le ha dado vuelta la espalda a su propia historia. La realización más grande que la izquierda ha hecho en su historia es la transición a la democracia, haber puesto fin a una dictadura y haber ejercido el mando duradero en un conjunto de gobiernos de gran éxito político y económico”, dijo, agregando que aunque conoce “lo deteriorada que está el mundo político, ese mundo político fue el que logró el acuerdo de noviembre que nos ha permitido estar donde estamos”

Correa calificó el proceso de ayer como un momento en que Chile “cerró una página y dio vuelta otra de la historia” y aseguró que “lo ocurrió ayer es el desafío a construir nuevos acuerdos, como los que construimos en los 90. Quisiera que esta vuelta de página sea una página de grandes acuerdos y no de grandes confrontaciones, porque si es así, todo esto se va a volver viento y humo”, añadió el ex secretario de Estado. En este sentido, destacó que el acuerdo que se debe buscar debe estar enfocado en proteger a la sociedad y a la institucionalidad económica.

Según el análisis del exministro, la Convención Constituyente, estará conformada en parte por elementos del mundo político.

“Va a ser una combinación, seamos realistas. Va a haber gente de los partidos, pero también independientes. Hay que bajar y bajar los requisitos para que haya listas independientes, pero va a ser una combinación”, afirmó.

Respecto a la discusión que se ha generado por el quórum de 2/3 para las normas de una futura Constitución, Correa defendió el mecanismo al que se llegó en el marco del acuerdo del Congreso en noviembre y que conllevó a la realización del plebiscito. “Es un incentivo a un acuerdo. Sin el acuerdo de 2/3 no habría habido acuerdo de noviembre”, sostuvo, agregando que “el origen de lo que ocurrió ayer fue la gente movilizada, pero el origen del plebiscito fue el acuerdo político. Sin el acuerdo de los 2/3 no hubiera habido posibilidad de que avanzara”.

Como ocurrió durante la dictadura de Pinochet, (y como ocurrirá hoy en medio del proceso constituyente) los combatientes, los luchadores fueron reemplazados por los traidores y negociadores como se ve reflejada también en la entrevista a Correa.

La voz de Correa no es una voz aislada sino que representa a los partidos y a la intelectualidad que desplazó al pueblo movilizado durante la dictadura y que impuso al final la transición pactada. Es este sector político, la Concertación, la cuenta con las redes de apoyo, con los nexos y simpatías de parte de los poderes económicos y fundamentalmente cuentan con la confianza y nexos con el imperialismo norteamericano que designó a la Concertación como la alianza hegemónica de la burguesa para el período de la transición y la pos dictadura.

Quienes pensaron que con la fundación, y posterior disolución de la Nueva Mayoría, y con la aparición del Frente Amplio, la fuerzas y las lógicas de la Concertación ya estaban extintas hoy se muestran equivocados. La clase dominante no permitirá que las fuerzas populares desde fuera del parlamento y de la constituyente, o quienes dentro de ello se definan como sus representantes, ejerza su poder y soberanía. En este sentido, quedará nuevamente claro que aunque el reformismo y el progresismo en términos del discurso político tendrá siempre una limitación y esa limitación evidente tiene que ver con que ambos sectores, reformismo-progresismo, jamás tendrán la capacidad ni menos la voluntad política de enfrentar a los reales detentores del poder, vale decir, a la clase dominante ya que no se encuentra su disposición en su ADN. Para ello echaran mano a lo que siempre han ejercido, cual es, la conciliación y el colaboracionismo de clases donde los intereses y demandas del proletariado, de la clase popular quedan supeditada a los intereses de la clase dominante y/o de las facciones burguesas con las cuales consituye alianzas políticas (con la idea de generar “mayorías” democráticas estables) y con quienes se negocia.

¡SALVO EL PODER TODO ES ILUSIÓN:
LOS TRABAJADORES A LA REVOLUCIÓN