DESCOMPOSICION DEL ESTADO POLICIACO PERUANO

DESCOMPOSICION DEL ESTADO POLICIACO PERUANO
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EL ESTADO Y EL DERECHO

 

“La Política Nacional Multisectorial de lucha contra el TERRORISMO" del Estado Peruano viola los derechos fundamentales y constitucionales, no respeta la constitución ni las leyes ni menos los tratados internacionales, viola el derecho de opinión, expresión y organización, el derecho a la participación política, la libertad de pensamiento, religión, etc. Y pretenden imponer a la población un pensamiento único y eliminar a quienes piensan diferente.
Todo esto se ve con claridad cuando plantean:

“Actualmente…las fuerzas del orden y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas han dividido el accionar terrorista en acciones directas e indirectas...Se entiende por acciones directas aquellas acciones…como asaltos, ataques a helicópteros, coches-bomba, ataques contra instituciones militares o policiales, asesinatos selectivos (autoridades políticas, militares, policiales y civiles), sabotajes (contra la actividad minera, las redes eléctricas, la red vial y fábricas, centros comerciales, servicios públicos, entidades bancarias, coches-bomba contra la población), hostigamientos, intercepción de vehículos, incursión a poblados y robo (víveres, ropa, herramientas, etc.), secuestros, asesinatos”

A los detenidos en los casos “Perseo” y “Olimpo”, a ninguno de ellos, se les encontró hechos de ataques a helicópteros, coches bomba, ataques a instituciones militares ni policiales, asesinatos, sabotajes, hostigamientos, secuestros, ni nada que se relacione, no existe ni un solo hecho punible de este tipo, sin embargo, los ha detenido, dicen como adivinos, “para evitar que en el futuro lo cometan”.
Luego en el siguiente párrafo dicen:

“A su vez, las acciones indirectas son…principalmente las de agitación y propaganda…uso de pintas, embanderamientos, iluminaciones, paneles e invasiones, la distribución de
volantes y pegatinas, así como la difusión de pronunciamientos vía internet. Así mismo, entre estas acciones indirectas se consideran aquellas que pueden tener un carácter verbal o escrito.”

Es decir, las ideas son consideradas “acciones terroristas”, pues se agita y se propagandizan ideas, en las pintas, iluminaciones y paneles se escriben ideas, en los volantes, pegatinas se difunden ideas y peor aún en los pronunciamientos vía internet se concretan ideas, y más explícito, dicen: “aquellas que pueden tener un carácter verbal o escrito” ¡clarísimo! Criminalizan las ideas. El solo hecho de hacer pintas, iluminaciones, pegatinas, paneles, volanteo, o pronunciamientos por internet, no implican delito alguno, más bien es un derecho. Por lo tanto, criminalizan las ideas. y esto es inconstitucional.

 

Luego pretenden poner el parche con la llamada ley de apología:
“El que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe”.
Pero a los detenidos se les acusa por plantear nueva constitución, amnistía, solución política, reconciliación, derechos fundamentales, hasta por realizar campeonato de fulbito o de pollada se les detuvo, es decir una vez más se les detiene por sus ideas, no porque por pregonar “lucha armada”, asesinatos, derribo de helicópteros, coche bombas etc.
Por otro lado, dan potestades más represivas a las fuerzas armadas y policiales, a los operadores del poder judicial, ministerio público, etc. E introducen leyes draconianas en la legislación peruana. Dicen:

“Lineamientos:
- Fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden a nivel nacional.
- Fortalecer la capacidad operativa de los operadores de justicia a nivel nacional.
- Actualizar la normativa nacional en materia de terrorismo en la legislación peruana.”
Es decir, mayor reaccionarizacion del Estado Peruano. Así vemos, seguimientos, interceptaciones telefónicas, detenciones arbitrarias, violación de domicilio, destrucción de la vivienda, uso y abuso de autoridad, etc. Y por su parte los operadores de justicia lejos de velar y aplicar el derecho garantista acorde a un estado de derecho, al contrario, violan el derecho de defensa, el debido proceso, uso y abuso de la prisión preventiva, las garantías procesales, etc. Aplican el derecho penal del enemigo, de corte fascista, violatorio de la persona reconocido en la constitución, niegan la condición de ciudadano de los detenidos, los procesan no por lo que hagan hoy sino mañana, y con penas elevadísimas, aseguradoras de toda futura libertad, es decir hasta que mueran. Y la extienden a todo el pueblo y la sociedad peruana, como arma política contra sus aadversarios.

 

Este plan multisectorial, en la que participan casi todos los ministerios, interior, defensa, justicia, salud, trabajo, educación, cultura, etc. Niega y viola otros derechos, reconocidos en la constitución, como el derecho al trabajo, en la que separan de sus labores a todos aquellos que han purgado condena por terrorismo, contrario al derecho de reinserción a la sociedad, la ley 30795 que impide trabajar en el sector público, la ley 29988 que prohíbe...

Para todos es sabido que en el Perú actual desde hace más de 30 años no hay violencia política ni justificación alguna para sostener que existe terrorismo en el país. Y si ya no hay ni acciones ni preparativos de lo que llaman terrorismo ¿por qué sigue existiendo la Dircote? Esta abusiva y desprestigiada policía política crea testigos, infiltra soplones, siembra falsas pruebas, arranca confesiones con tortura y amenazas, promueve campañas de “terruqueo” en contra de ciudadanos inocentes por considerarlos comunistas, revolucionarios o cuestionadores del capitalismo y aplica especialmente una persecución eterna contra los ex prisioneros políticos para impedir su reinserción social...primero criminalizaron la lucha revolucionaria, luego pasaron a criminalizar la lucha popular y después a criminalizar las ideas.criminalizar derechos constitucionales como el de opinión, asociación y participación política.

2002, caso El Polo. Testigo fabricado por la Dircote para implicar a personas que no participaron de ese hecho.

2010, caso de periódico Amnistía General. Acusación por apología del terrorismo que fuera rechazado por el poder judicial. Caso que ha sido abierto, concluido con absolución, y reabierto en un hostigamiento sin fin.
2014, caso de libanés Hamdar. Fue torturado para que se autoinculpe, presionado con la prisión de su esposa y luego declarado inocente.
Caso Tarata, en el que usaron para sentenciar la declaración de Estelita Bonilla, testigo clave que reconoció haber sido pagado para acusar a los comunistas.
2013, persecución y detención de Efraín Condori, dirigente del Sutep, por apología del terrorismo, luego liberado; campaña persecutoria a otros dirigentes magisteriales.
2015, caso de obra teatral La cautiva. Persecución a productores, directores y actores por apología al terrorismo, lo que finalmente fue desechado. Similar fue con las exposiciones artísticas de prisioneras (2012 y 2014), la película La casa rosada (2016), la incautación de Las tablas de Sarhua (2018).
2018, acusación de apología al terrorismo a la directora del Museo de Arte de Lima y al artesano Máximo Laura, embajador de la Marca Perú; 2018, acusación absurda por afiliación a organización terrorista a directivos del colegio Atusparia así como a profesores que han enseñado y chicos que han estudiado en dicho colegio alternativo que fuera constituido en los años 80 con apoyo de la embajada soviética.
2020, caso Olimpo. Un centenar de ciudadanos acusados de terrorismo sin cometer ni preparar ningún acto de violencia; han tenido que liberar a la mayoría ante el escándalo internacional y reclamo de la ONU, pero siguen detenidos 25 inocentes.
2021, acusación por afiliación a organización terrorista a visitantes a las prisioneras políticas en penal de Chorrillos.

 

El propio presidente Castillo fue acusado de ser senderista, “miembro del Movadef”, y que así “Sendero Luminoso llegaba al poder”. La realidad desmintió todas esas acusaciones.
2022, acusación por terrorismo a Vladimir Cerrón, le abren proceso, le imponen restricciones y luego las anulan, le incautan su reparación civil y le embargan su casa. Similar acusación contra congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido a partir de declaraciones de delator pagado.
Es un sinnúmero de casos fabricados, acusaciones sin pruebas o pruebas sembradas por la Dircote con los que justifica su innecesaria existencia, es una persecución política sin fin que se extiende cada vez más promovida por la extrema derecha para defender su orden explotador capitalista. Está probado incluso judicialmente que testigos claves y colaboradores eficaces son presionados y pagados para que declaren a su conveniencia. El mismo jefe de la Dircote Arriola actúa como si fuese juez supremo incriminando al que se le antoja.

La sociedad peruana necesita y demanda su democratización para salir de la crisis en que se encuentra empantanada. El país no puede seguir con una persecución política permanente manteniendo el enfrentamiento, odio y venganza contra los que piensan diferente y opuesto a la derecha ultramontana. La libertad política es indispensable para avanzar a una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución que deseche el neoliberalismo capitalista defendiendo y ampliando los derechos fundamentales. El Movadef, el Fudep, Perú Libre, las organizaciones de derechos humanos, los maestros, activistas sociales y congresistas “terruqueados”, todos deben poder participar en la asamblea constituyente, pues sin libertad política cualquier nueva constitución será una nueva farsa.

¡ABAJO LA PERSECUCIÓN POLÍTICA DE LA ULTRADERECHA Y SU BRAZO POLICIAL LA DIRCOTE CONTRA LOS LUCHADORES SOCIALES!
¡PLENA LIBERTAD POLÍTICA PARA UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y UNA NUEVA CONSTITUCIÓN!

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