Escrito por Gerardo Saravia 

Revista Ideele N°301. Diciembre 2021

Hace tres años, en el contexto de las fiestas navideñas, se demolió una edificación llamada por la prensa “el mausoleo senderista”. Se trataba de un lugar construido por los familiares de los presos asesinados en la matanza de los penales, a quienes luego de 30 años se les había entregado sus cuerpos por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso merecía una reflexión mayor sobre el conflicto armado interno, pero no ocurrió. La antropóloga francesa Valérie Robin, profesora principal de la Universidad de Paris, ha estudiado este tema y ha publicado un ensayo llamado “Antígona en Comas. Administrar difuntos incómodos o las paradojas de las reparaciones posconflicto” que se incluye en el libro La violencia que no cesa. Huellas y persistencias del conflicto armado en el Perú contemporáneo (Punto Cardinal, 2021).

Sófocles nunca imaginó que su obra estaría tan representada en el Perú de estos tiempos. Tú escribiste el artículo sobre el mausoleo usando la metáfora de Antígona, pero luego sucedió la muerte de Guzmán, en dónde encontramos elementos similares.

Sí, lo que pasó con Guzmán es el clímax de lo que apareció con el mausoleo de Comas. En ese artículo yo menciono el tema de la exclusión de la comunidad nacional de los senderistas ejecutados extrajudicialmente en el Frontón. En el caso de Guzmán hemos tenido quince días de discusiones en el Congreso para ver cómo deshacerse de su cuerpo con el argumento que se hacía por respeto a las víctimas de Sendero luminoso. Pero no se puede reparar las atrocidades que mandó perpetrar y legitimó Guzmán, con actos que a su vez deshumanizan y transforman en desecho su cadáver. Incluso hubo periodistas que acompañaron la cremación del cuerpo, y narraron con detalles morbosos su estado cadavérico para confirmar que el difunto era sin duda Guzmán, el derrotado, y no el líder que pretendía ser, apenas un pedazo de carne fétido pudriéndose en una cámara frigorífica. No creo que exista ahí una razón informativa ni ética que lo justifique. No respetar el cadáver del enemigo ni dejar que se le otorgue una sepultura es un acto simbólico y de poder muy potente que atenta contra este universal antropológico sobre el cuidado otorgado a los difuntos. En este caso se inscribe en la prolongación del castigo al perpetrador que encarnaba Guzmán. Pero lo que se ha hecho con el cuerpo de Guzmán se opone al derecho internacional humanitario sobre el entierro digno, porque incluso en el caso de perpetradores como Videla en Argentina no se impidió que sus familiares le brinden unos funerales, a pesar de que lo enterraron en una tumba anónima, no en su pueblo como quería y sin honores militares. Se ha comparado con lo sucedido con Bin Laden, aunque la gran diferencia es que él estaba perseguido, lo encontraron y lo eliminaron; pero Guzmán estaba en la cárcel, bajo la custodia del Estado peruano.

¿Qué clase de Estados sustraen un cuerpo para no devolverlo a sus familiares?

Son mayormente dictaduras o Estados que violan abiertamente convenciones internacionales sobre los derechos humanos. Fue lo que hicieron en China con el cuerpo de opositores políticos, lo mismo ha sucedido en Rusia con los cuerpos de los presos muertos en el gulag o en Israel al no devolver los cadáveres de palestinos hasta canjearlos por soldados capturados. Pero en Colombia, en cambio, los que han sido combatientes de las FARC tienen su tumba y a veces hay gente que les rinde homenaje, pero no por eso han sustraído sus cuerpos o impedido su entierro. En el caso de Guzmán lo que llama la atención es que hace casi 30 años que él estaba en la cárcel, se sabía que su muerte iba a ocurrir allí algún día. Además, estaba enfermo y era un anciano de casi 88 años. ¿Qué hizo el Estado para reflexionar sobre este tema? Ahora se han pasado debatiendo dos semanas sin saber qué hacer con el cuerpo en el contexto de una terrible crisis económica y sanitaria. ¿Cuál era el peligro para la seguridad nacional el hecho de enterrar a este señor, aunque fuese de manera anónima y reservada? De hecho, en EEUU o en Francia, los autores de atentados terroristas islamistas nacidos allá (homegrown terrorists) son enterrados de esa forma. En Francia, por ejemplo, hasta el día de hoy por lo menos, jamás el poder legislativo habría podido votar una ley, además retroactiva, para cremar un difunto muerto en la cárcel, contra la voluntad de sus familiares, para luego desaparecer su cuerpo.

En otros lugares la cremación es una práctica común, pero no en nuestro país. ¿Por qué el Estado tomó esa decisión en el caso de Guzmán?

En Francia y en el norte de Europa la cremación es parte de los procedimientos funerarios comunes y crecientes, pero no en el caso peruano porque se tiene una tradición católica muy arraigada, y es  un porcentaje muy reducido de gente la que crema ritualmente los cuerpos. Hubo un incremento de la cremación de cuerpos con la pandemia y mucha gente se quedó como traumada por sentir que se sustraía el cuerpo de sus difuntos, pero se justificó como medidas sanitarias. En el caso de Guzmán la cremación debe considerarse no como una opción funeraria voluntaria, sino como un castigo póstumo adicional. De esta manera, parece que el Estado peruano recurre una vez más a técnicas para desaparecer materialmente a personas como, por ejemplo, en la base militar Cabitos (Ayacucho) donde se presume que, por lo menos, 500 presos ejecutados extrajudicialmente fueron cremados en un horno.  

El argumento que se usó fue que existía el riesgo de que las tumbas de senderistas se vuelvan lugares de peregrinación o de apología.

En los 90, en Francia, hubo más de 200 personas en el entierro del terrorista islamista que participó en atentados, y no hubo resguardo policial porque el evento sencillamente no fue noticia. Sin embargo, desde hace aproximadamente diez años las autoridades han impuesto restricciones como que sean tumbas anónimas o que se realice un entierro de noche y con muy poca gente. Pero no solo es el tema de que las tumbas se vuelvan un lugar de peregrinación potencial, sino del mantenimiento del orden público, es decir, que el lugar no sea vandalizado. Igual pasa en Estados Unidos. Pero en el caso de Guzmán y de los difuntos senderistas — porque de acuerdo a la ley promulgada en setiembre por el Congreso esta medida va a ser extensiva a otros presos condenados por terrorismo que mueran en la cárcel — lo que llama la atención es que parece que no existe pena suficiente para el perpetrador, incluso luego de su muerte.

¿Cuál es el mensaje detrás de esta sustracción de los cuerpos en un país como el nuestro, en que los rituales fúnebres son casi sagrados?

En el caso del mausoleo es parte del pánico moral que se ha generado a partir del entierro de los senderistas, que en su mayoría fueron ejecutados extrajudicialmente en el contexto de la masacre de los penales. Pero no hay que olvidar que esta entrega se ha hecho a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado peruano en el 2000 a entregar los restos a sus familiares. El derecho humanitario impide que los Estados secuestren los cuerpos, y esta es  una petición de los familiares que tiene más de 30 años. Ahora también hay que preguntarse, ¿por qué se construye el mausoleo? Ahí el Estado tiene cierta responsabilidad. La Ley de Reparaciones excluye de las reparaciones a los familiares de las personas que han pertenecido a organizaciones subversivas. Ante esta situación, la Cruz Roja Inter nacional entregó ataúdes a los familiares. Sin financiamiento estatal, los familiares construyeron el mausoleo, reproduciendo un modelo arquitectónico similar al que se encuentra en los cementerios populares limeños. Por otro lado, se ha generado un escándalo por la romería que hicieron en la calle, pero en realidad se trata del mismo tipo de procesión de los ataúdes implementado luego de las entregas oficiales de cuerpos a los familiares que se escenifica en Ayacucho desde la CVR hace casi dos décadas. Es cierto que hay un componente ideológico, sin embargo, ¿en qué es tan problemático que unos familiares estén conmemorando a sus difuntos? Se ha presentado como que ellos estaban haciendo apología al terrorismo, pero lo que se escucha, más bien, son consignas a favor de la amnistía general y la reconciliación nacional. Y la amnistía que piden no es solo para sus presos sino también para los militares, paradójicamente la misma reivindicación de los militares, pero según estos solamente para ellos. En la historia, las leyes de amnistía han representado una salida política común para sociedades en situaciones de posguerra; como ocurrió en Francia luego de la Segunda Guerra Mundial por ejemplo. Uno puede discrepar tajantemente con que el Movadef pida una amnistía y de que no haya deslindado con el Pensamiento Gonzalo, pero está claro que no han cometido actos terroristas al enterrar a sus familiares. Incluso Fernando Rospigliosi, cuando estaba como ministro del Interior, dijo que ser terrorista es cometer actos terroristas, no es pensar de una u otra forma.

Respecto de los funerales, hay algunos que generan escándalo mientras otros no, me llama la atención que con los militares responsables de grandes matanzas no pasó nada. Por ejemplo, se sabe de la responsabilidad del general Clemente Noel, jefe político militar de Ayacucho en 1983. ¿Algo pasó con sus funerales? ¿Acaso han impedido a sus familiares que lo entierren? Creo que los familiares de los senderistas, además del componente ideológico, lo que han hecho es sobre todo conformar una comunidad emocional alrededor de sus difuntos. Quizá suene extraño decir esta banalidad, pero ¿los familiares de los senderistas también tienen el derecho a llorar a sus muertos, o no?

Parece que no.

Para ellos no hay esta posibilidad, se les impide enterrar a sus muertos o realizar las prácticas de luto que hayan escogido. Desde el inicio se les negó tener un lugar para el entierro, y se destruyó sin su consentimiento la sepultura que habían construido para sus muertos cuando existía una acción de amparo judicial de los familiares contra la decisión municipal. Me preocupa en realidad no tanto los rezagos senderistas o el Movadef, sino los cambios legislativos cada vez más criminalizadores: han cambiado una ley de cementerio por la cual se permite ahora exhumar cuerpos ya enterrados sin autorización ni de los familiares ni del fuero judicial. El problema ahí son esas leyes destinadas a ciertos sectores. Con el tema del terruqueo yo creo que el problema mayor no es solo el intento de deslegitimar verbalmente al contrincante político, porque se puede contrarrestar ese discurso. La consecuencia del terruqueo es esta legislación que atenta cada vez más contra los derechos elementales como es el caso de la “Ley de apología al terrorismo”,  que se buscó aplicar a los familiares partícipes de la romería hasta el mausoleo de Comas. Se habla aún poco de las consecuencias legales del terruqueo. Por ejemplo, en el caso del operativo Olimpo no tenían nada en el dosier para encarcelarlos, pero justo ocurrió en la coyuntura política después de la masiva movilización contra el golpe de Estado parlamentario de noviembre 2020. El otro tema es el del negacionismo. Yo creo que es la otra cara de la moneda del terruqueo: la invisibilización o la banalización de los crímenes del Estado – cuyos juicios están en su mayoría paralizados –, e incluso su negación. Precisamente cuando estalla el escándalo sobre el mausoleo terrorista iba a empezar el juicio contra los marinos inculpados por las ejecuciones extrajudiciales durante la recuperación de la cárcel amotinada de la isla de El Frontón.

En el caso del mausoleo hay una doble victimización, porque son personas asesinadas extrajudicialmente.

Hay una cuádruple victimización diría incluso. Primero, la ejecución extrajudicial porque solo algunos murieron en el enfrentamiento y en el caso de la cárcel de Lurigancho todos fueron ejecutados extrajudicialmente y ahí el Ministerio público no está entregando los cuerpos. En el Frontón han entregado algunos solo porque tienen la obligación de cumplir con el fallo de la Corte. La segunda es que los cuerpos fueron sustraídos desde 1986 a sus familiares y esparcidos en decenas de cementerios de Lima y sus alrededores. La tercera victimización es el tiempo de espera desde su exhumación oficial en 2003. Hasta el día de hoy solo se han entregado 22 cuerpos de los 120 muertos de El Frontón y los demás siguen en cajas almacenadas en el Ministerio Publico sin ser identificados ni entregados a sus familiares. Hay una cuarta victimización y es que cuando finalmente logran enterrar a sus muertos les destruyen el lugar en un patético show mediático con medios filmando mientras los familiares estaban prohibidos de entrar por la policía en la puerta del cementerio.

La prensa ha especulado mucho sobre este caso, por ejemplo, sobre el financiamiento.

Se han dicho muchas cosas sobre el financiamiento sin ningún elemento tangible. En realidad el mausoleo lo han financiado en base a truchadas, polladas y otras actividades económicas. He visto las facturas de la construcción del mausoleo. También se ha dicho que los familiares están relacionados con Movadef y Afadevig. La verdad es que, cuando se inició este proceso de devolución de los cuerpos,  algunos de ellos no eran cercanos a estos grupos, pero nadie les hacía caso. Por lo tanto, hay que reconocer que estas organizaciones han logrado como colectivo la devolución de los cuerpos porque conocen las leyes y cuentan con abogados.

Contaban, porque ya los apresaron en el operativo Olimpo. Es curioso porque solo la primera que has mencionado es una victimización contra la persona que ha estado presa, todas las demás es contra sus familiares.

Así es, el estigma del “terruco” recae con fuerza y violencia sobre los familiares de los senderistas. En el caso del mausoleo había una señora que trabajaba en el municipio de Comas, tenía ocho años cuando su padre murió en el Frontón, y la botaron de su trabajo por no haber aceptado la demolición del mausoleo ni haber sacado de allí el cuerpo de su padre al que tanto le había costado conseguir una sepultura. Ella me contaba: “yo solo quería enterrar a mi padre y no podía. No podía recuperar su cuerpo porque, pese a mis pedidos desde el 2003, no me le devolvían y me uní a Afadevig. Sacamos su cuerpo, pusimos la chancha y construimos el mausoleo”.

En un primer momento al alcalde Saldaña pareció no importarle mucho lo del mausoleo, pero después poco le faltó para él mismo derribar las tumbas.

Lo de Saldaña presenta similitudes con lo que pasó con el actual ministro de Justica quien propuso cremar el cuerpo pensando que de esa manera se sacaban la espina y nadie les iba a decir terroristas. Creo que este Gobierno tenía pocas opciones dada la inestabilidad política y la dimensión golpista de las acciones de la ultraderecha aliada al sabotaje del cerronismo en el Congreso. Por eso yo insisto sobre el hecho de que el terruqueo no es solamente un insulto, sino que hay una performatividad del terruqueo en cómo entendemos el conflicto armado interno, es decir, el silenciamiento, que puede acabar en negacionismo, respecto a las masacres de los actores estatales. Hubo un claro accionar terrorista de Sendero Luminoso, pero hubo también un accionar terrorista de agentes del Estado. Pocos hablan en la actualidad de los sótanos del SIE (Servicio de inteligencia del Ejército) o de Cabitos, el mayor lugar de desapariciones forzadas de la historia republicana de este país, aunque el Ministerio Público ha retomado el caso gracias al empeño de algunos investigadores y fiscales valientes. Lo que ha hecho Patricia Chirinos burlándose del tema del horno en Ayacucho no es una casualidad, sino un acto malévolo e indigno de una congresista. Se trata de un problema ético y moral que esta señora siga siendo congresista y ni siquiera haya recibido un llamado al orden. Recordemos que en La Hoyada centenares de cuerpos de personas desaparecidas fueron incineradas en un hormo crematorio por un Estado que decía luchar contra el terrorismo en nombre de la democracia. No hay que ser un izquierdista radical para señalar que son los mismos métodos que se implementaron en los campos de exterminio nazis, hay que repetirlo con fuerza.

En tu artículo hablas del concepto de “pánico moral, mediático y político”.

El pánico moral fue acuñado por el sociólogo británico Stanley Cohen para referirse a esos eventos que los medios construyen, sobredimensionado el  supuesto peligro que provocarían y  que logran suscitar miedos excesivos en la opinión pública. En el caso del mausoleo, transportar por las calles los féretros de los presos ejecutados y su entierro final en el mausoleo sería revelador de una amenaza mucho más temible para la sociedad, más allá de lo que se muestra en la filmación de ese evento. Por ejemplo, decían que había como 200 personas y se escandalizaban, pero ¿cuántos muertos hubo en el penal El Frontón y en el Lurigancho? ¡Más de 250! De esta manera, de acuerdo a la forma en que se ha presentado en los medios este caso, detrás del entierro lo que se estaría tramando es nada menos que el regreso del terrorismo, lo cual es absurdo.

En el Perú pareciera que hay una víctima buena y una víctima mala, como un filtro de “inocencia” por el que se tiene que pasar para que el caso sea considerado atendible.

Sí, totalmente. La CVR ha abogado por la víctima inocente, es decir, una víctima que se encontraba entre dos fuegos, lo cual ocurrió en ciertos casos, pero no siempre fue así, y este estereotipo induce a una despolitización de las afiliaciones ideológicas que pudieron tener las personas durante el conflicto armado. A raíz de la CVR se erige, digamos, una víctima que tiene que ser pura e inocente. La construcción de este prototipo de víctima emergió en el contexto de una negociación política para poder ver cómo implementar el tema de las reparaciones. Entonces, al querer ser legitimados y aceptados ante la opinión pública sacrificaron temas claves, de allí el famoso artículo cuatro de la “Ley de reparaciones” que excluye a los miembros de las organizaciones subversivas y por lo tanto a sus deudos de poder contar con una reparación estatal. Eso tiene como consecuencia directa que alguien que ha sido ejecutado extrajudicialmente por agentes del Estado, pero que era miembro de Sendero Luminoso, no puede ser considerado como víctima en el plano legal. La imposición de la controvertida doctrina de “manos limpias” hace que una persona, si no demuestra su total inocencia, no puede ser considerada víctima.

Dicen la primera víctima en una guerra es la verdad.

Hoy vivimos un retroceso a diferencia de lo que pasaba hace 20 años al iniciar la CVR donde hubo una apertura, incluso con todos los límites que puede haber tenido. En mi libro Los silencios de la guerra. Memoria y conflicto armado en Ayacucho-Perú (La siniestra, 2021) empiezo diciendo que este conflicto fue una guerra civil, y enfatizo el hecho de que los senderistas, lo quieran aceptar o no en la opinión pública, son un producto de las contradicciones de la sociedad peruana y no oriundos de otro planeta, digamos. Sin duda estaban equivocados, pero lo cierto es que muchos peruanos en algún momento fueron seducidos por su mensaje revolucionario; lo cual no significa negar las atrocidades cometidas en nombre de su ideología. Pero la performatividad del discurso sobre el “terrorismo” y el “terruqueo” genera la imposibilidad de pensar de manera distanciada y racional sobre este pasado. Lo que me llama la atención es que siga imperando una visión tergiversada y maniquea de lo que fue el conflicto armado interno, pese a los numerosos estudios de ciencias sociales que se han realizado desde hace más de dos décadas. Finalmente, los de la cúpula senderista están en la cárcel, incluso hubo hasta inocentes presos. Sin embargo, la mayoría de militares responsables de atrocidades siguen libres y no pasa nada. La performatividad del discurso se extiende también a otros ámbitos, como por ejemplo la propuesta museográfica del LUM. Hay un lugar que está dedicado a La Hoyada y alude a los desaparecidos en Cabitos, pero lo mencionan de una manera eufemística. No se le llama fosa común sino “sitio de entierro” y ni se menciona el horno crematorio y la amplitud de lo que significa.

No se entiende la dimensión de ese horror.

Para nada. Se menciona que en Cabitos hubo ejecuciones extrajudiciales y que dos “exmilitares” fueron sentenciados en 2017, pero se elude la dimensión masiva y sistemática de las desapariciones forzadas que toda la cadena de mando militar no solo conocía sino había orquestado durante varios años, ¡por ello el Ejército mandó construir el horno crematorio! En el Perú, especialmente en Lima, existe toda una generación que lo único que sabe del conflicto armado interno es a partir de lo que le muestra el LUM. Entonces este discurso es problemático por el papel pedagógico que cumple el LUM con los jóvenes, colegiales, universitarios, etc. Tranzar con la tremenda verdad de lo que ocurrió en Cabitos y la Hoyada como parte de un consenso con la institución castrense y pensando que sus acérrimos opositores los dejaran en paz, es ilusorio. ¡Vean lo que hizo el congresista Donayre, excomandante del Ejército, quien se disfrazó en su deleznable visita al LUM para acusar este lugar de apología del terrorismo!  

Volviendo al tema del mausoleo,  precisamente una de las personas cuyo discurso central es la defensa de los derechos humanos fue quien presentó la ley para su demolición.

Esa fue una ley con nombre propio y retroactiva. Lo mismo ha pasado con la ley para cremar a Abimael Guzmán. ¿Dónde está el Estado de derecho y la igualdad ante la ley de las personas? De alguna manera entiendo el silencio de los organismos de derechos humanos porque quieren seguir actuando y no ser terruqueados, no recibir amenazas o incluso juicios que dificulten su labor, pero al mismo tiempo creo que es en parte una derrota y un retroceso difícil de revertir el hecho de no asumir ciertos casos, por ejemplo, el de la defensa de los chicos del operativo Olimpo o incluso el de personas con un pasado subversivo. Seguro piensan que evitando esos casos los van a dejar actuar, pero creo que es un error porque igual los van a seguir terruqueando. Me temo, ojalá esté equivocada, que esta autocensura y el hecho de ceder el terreno haga que la lucha por la defensa de los derechos humanos y contra la impunidad se restrinja cada vez más en un contexto en el que las ideas antidemocráticas y de extrema derecha van ganando presencia y legitimidad en el espacio público.

Tengo la impresión de que al día siguiente que se derrumbó el mausoleo los periódicos que habían estado azuzando esta acción estuvieron extrañamente silenciosos. ¿Les dio vergüenza?

¿Pero cómo enorgullecerte del derribamiento de un edificio fúnebre con los familiares reducidos a asistir impotentes a la escena en la puerta del cementerio? Ahí el tema no es solamente que se acaba deshumanizando al otro, al senderista muerto, sino al familiar del senderista; desecho de la comunidad nacional, “des-ciudadanizado” o “desperuanizado” como digo. El problema es que con estas acciones nos terminamos deshumanizando como sociedad. Al inicio, la venganza puede funcionar como satisfacción efímera, pero ¿cómo queda uno después? Como Queronte luego de que impidiera el entierro del hermano de Antígona: finalmente le caen todas las desgracias a él. Lo que mencionas es clave porque es el reflejo vergonzoso de una sociedad que no logra humanizarse deshumanizando al otro. Si el otro es un perpetrador yo no me puedo comportar de la misma manera porque supuestamente tengo valores morales superiores. Si hago lo mismo que él entonces también me deshumanizo.

La imagen que describes en tu texto es bastante elocuente: una reportera de Latina expresando su preocupación por el terrorismo y al fondo lo que se ve son banderas en favor de la amnistía y la reconciliación nacional.

Por eso yo decía que una puede estar en desacuerdo con lo que plantea el Movadef, pero postular una amnistía no es un peligro para la seguridad nacional. Hay que salir de esta visión limeño-centrista, además. En Ayacucho hay una conciencia muy fuerte de cómo se está instrumentalizando este tema, y cómo se está abusando del cuco del terrorismo y del terruqueo. Allí, que fue el lugar más afectado por la violencia letal de los años 1980 y 1990, no funciona el tema del terruqueo como en la capital. Más bien la gente está resentida por la manera como desde Lima se está manipulando la historia y el dolor de esa gente.

Hay otras narrativas, ¿no? No todos interpretan lo que ha pasado en el conflicto armado interno de la misma manera.

En el mismo Informe Final de la CVR encontramos narrativas contrastadas. Sin embargo, hoy parece que solo se recuerda Lucanamarca para evocar los horrores del conflicto armado, lo cual no niega lo atroz que fue esta masacre perpetrada por Sendero. En Ayacucho tienen muy claro la violencia que significó Sendero, pero también la de los militares. Ahí hubo estado de emergencia, toque de queda, desapariciones cotidianas e impunidad absoluta durante años. Ha habido familias que se han dividido, que han tenido familiares en Sendero y en el Ejército. O sea, hay una conciencia muy fuerte de la dimensión fratricida de lo que fue el conflicto. En Lima también ocurrió, solo que nadie dice nada al respecto, pero es cierto que en Ayacucho hay una visión mucho más matizada y compleja de lo que fue el CAI.

En tu texto, cuando te refieres al terruqueo dices que es como ponerle una marca de por vida a alguien.

El terruqueo es como decir “bruja”, un rótulo que fija a una persona como un “horror-error” como bien dice José Carlos Agüero. La retórica del miedo asociada al terruqueo hace que el ser calificado de “terruco” o “terrorista” te convierta en el Otro, menos humano y menos igual. Esta performance transforma a las personas en seres desechables. Cuando la gente sale de prisión habiendo cumplido su condena sigue siendo estigmatizada socialmente, por lo tanto nadie puede decir que fue senderista. En el libro La violencia que no cesa, Camille Boutron y Marie Manrique plantean precisamente el tema de la excarcelación de mujeres que pertenecieron a las filas subversivas y la histeria mediática que se generó. Que yo sepa, la condena seguida de la pena carcelaria está hecha para que la gente se redima y pague sus deudas sociales. Luego se le permite reincorporar la sociedad, pero en estos casos parece imposible. Se les excluye de ciertos empleos, no hay posibilidad de reintegración ni vivos ni muertos, como hemos visto en el caso del mausoleo.

Finalmente, otro de los problemas planteado por el terruqueo es que impide proyectarse hacia el futuro como sociedad apaciguada y encierra el Perú en una especie de “presentismo” dañino que deja a la sociedad atrapada en un pasado doloroso que no pasa, pero sin conocerlo realmente en toda su complejidad.