LA RESISTENCIA HEROICA FRENTE AL GENOCIDA ESTADO PERUANO

LA RESISTENCIA HEROICA FRENTE AL GENOCIDA ESTADO PERUANO
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SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONTRA EL ESTADO PERUANO.

CASO: GENOCIDIO EN LA PRISION DE "CANTO GRANDE", LIMA-PERU, MAYO DE 1992.

 

 

XVII

PUNTOS RESOLUTIVOS

  1. Por tanto,

 LA CORTE

DECLARA,

Por unanimidad, que:

  1. Admite el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado por los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992.
  2. La presente Sentencia comprende y se pronuncia tanto sobre los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992, como acerca de los ocurridos con posterioridad a esta última fecha.
  3. El Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados, cuyos nombres se encuentran incluidos en el Anexo 1 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de ésta, en los términos de los párrafos 231 a 258 de la misma.
  4. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, y en conexión con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados y de los internos que sobrevivieron, cuyos nombres se encuentran incluidos en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de ésta, en los términos de los párrafos 262 a 350 de la misma.
  5. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de los internos determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 e identificados en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de ésta, en los términos de los párrafos 334 a 350 de la misma.
  6. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en conexión con los artículos 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos identificados, de los internos sobrevivientes y de los familiares de los internos determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 e identificados en el Anexo 3 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de ésta, en los términos de los párrafos 372 a 408 de la misma.
  7. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.

 

 

Y DECIDE,

 Por unanimidad, que:

  1. El Estado debe, en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos denunciados en el presente caso, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables, para lo cual debe abrir los procesos pertinentes y conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite así como los que se llegaren a abrir, adoptar todas las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento de todos los hechos del presente caso, con el propósito de determinar la responsabilidad intelectual y material de quienes participaron en dichas violaciones, y divulgar públicamente los resultados de estos procesos penales, en los términos de los párrafos 436 a 442 y 460 de la presente Sentencia.
  2. El Estado debe establecer, en un plazo razonable, los medios necesarios para asegurar que la información y documentación relacionada con investigaciones policiales relativa a hechos muy graves se conserve de forma tal que sea posible llevar a cabo las correspondientes investigaciones, en los términos de los párrafos 442 y 460 de la presente Sentencia.
  3. El Estado debe realizar todas las actuaciones necesarias y adecuadas para garantizar de manera efectiva la entrega de los restos de la víctima Mario Francisco Aguilar Vega a sus familiares, dentro de un plazo de seis meses, y debe cubrir todos los gastos de entrega así como los gastos de entierro en los que los familiares puedan incurrir, en los términos de los párrafos 443 y 460 de la presente Sentencia.
  4. El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, todas las medidas necesarias para asegurar que todos los internos que fallecieron como consecuencia del ataque sean identificados y sus restos entregados a sus familiares, de acuerdo con su legislación interna. En caso de que se llegue a identificar otros internos fallecidos, sus familiares podrán hacer las reclamaciones correspondientes en el derecho interno.
  5. El Estado debe, dentro del plazo de un año, realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia en desagravio a las víctimas y para satisfacción de sus familiares, en una ceremonia pública, con la presencia de altas autoridades del Estado y de las víctimas y sus familiares, y debe difundir dicho acto a través de los medios de comunicación, incluyendo la difusión en la radio y televisión, en los términos de los párrafos 445 y 462 de la presente Sentencia.
  6. El Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por las víctimas y los familiares, incluyendo los medicamentos que éstos requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos después de una evaluación individual, en los términos de los párrafos 449 y 461 de la presente Sentencia.
  7. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, la cantidad fijada en el párrafo 450 de la presente Sentencia a las víctimas que acrediten tener su domicilio en el exterior y prueben ante los órganos internos competentes, que con motivo de los hechos del presente caso necesitan recibir un tratamiento médico o psicológico adecuado, en los términos de los párrafos 450 y 461 de la presente Sentencia.
  8. El Estado debe diseñar e implementar, en un plazo razonable, programas de educación en derechos humanos dirigidos a agentes de las fuerzas de seguridad peruanas, sobre los estándares internacionales aplicables en materia de tratamiento de los reclusos, en los términos de los párrafos 452 y 460 de la presente Sentencia.
  9. El Estado debe asegurar, dentro del plazo de un año, que todas las personas declaradas como víctimas fallecidas en la presente Sentencia se encuentren representadas en el monumento denominado “El Ojo que Llora”, para lo cual debe coordinar con los familiares de las referidas víctimas la realización de un acto, en el cual puedan incorporar una inscripción con el nombre de la víctima como corresponda conforme a las características de dicho monumento, en los términos de los párrafos 454 y 463 de la presente Sentencia.
  10. El Estado debe, dentro del plazo de seis meses, publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los Hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de esta Sentencia, así como difundir las referidas partes de la presente Sentencia a través de una emisora radial y un canal de televisión, ambos de amplia cobertura nacional, al menos en dos ocasiones con un intervalo de dos semanas entre cada una, en los términos de los párrafos 446, 447 y 459 de la presente Sentencia.
  11. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, la cantidad fijada en el párrafo 424 de la presente Sentencia, por concepto del daño material causado a los 41 internos fallecidos identificados, en los términos de los párrafos 424, 457, 465, 466, 467 y 468.
  12. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en el párrafo 425 de la presente Sentencia, por concepto de daño material de los internos sobrevivientes, en los términos de los párrafos 425, 426, 457, 465, 466, 467 y 468 de la misma.
  13. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en los párrafos 427 y 428 de la presente Sentencia, por concepto de daño material causado a los familiares de los internos por gastos de búsqueda y gastos de entierro, en los términos de los párrafos 427, 428, 457, 465, 466, 467 y 468.
  14. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en el párrafo 433 de la presente Sentencia, por concepto del daño inmaterial de cada una de las 41 víctimas fallecidas identificadas y de las víctimas sobrevivientes, en los términos de los párrafos 433, 434, 458, 465, 466, 467 y 468 de la misma.
  15. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en el párrafo 433 de la presente Sentencia, por concepto del daño inmaterial correspondiente a los familiares inmediatos de las 41 víctimas fallecidas identificadas, en los términos de los párrafos 433, 434, 458, 465, 466, 467 y 468 de la misma.
  16. El Estado debe pagar, dentro del plazo de 18 meses, las cantidades fijadas en el párrafo 433 de la presente Sentencia, por concepto del daño inmaterial correspondiente a los familiares declarados víctimas de la violación al artículo 5 de la Convención Americana determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 e identificados en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de ésta, en los términos de los párrafos 433, 434, 458, 465, 466, 467 y 468 de la misma.
  17. Supervisará la ejecución íntegra de esta Sentencia, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 469 de la presente Sentencia.

Los Jueces García Ramírez y Cançado Trindade hicieron conocer a la Corte sus Votos Razonados sobre el punto resolutivo sexto. Dichos votos acompañan esta Sentencia.

 

Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 25 de noviembre de 2006.

 

 Sergio García Ramírez

Presidente

Alirio Abreu Burelli

Antônio A. Cançado Trindade

Cecilia Medina Quiroga

Manuel E. Ventura Robles

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

 

Comuníquese y ejecútese,

Sergio García Ramírez

Presidente

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

 

 

 

 

 

 (Parte del documento)

VOTO RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ CON RESPECTO A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO CASTRO Y CASTRO, DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2006

(…)

  1. El Surgimiento de la Responsabilidad Internacional del Estado y el Principio de la Proporcionalidad.

 

  1. En el procedimiento en el presente caso (fases escrita y oral), hay un detalle en la argumentación presentada ante la Corte que no puede pasar desapercibido. Con la mejor de las intenciones - la de buscar justicia, - la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo énfasis en la falta de proporcionalidad en el uso de la fuerza por los agentes estatales en la incursión en la Prisión de Castro Castro, mientras que la representación de las víctimas y sus familiares destacó como punto central la ilicitud del acto original (agravado por la intencionalidad). Esto me conduce a una breve recapitulación del origen o surgimiento de la responsabilidad internacional del Estado.

 

  1. En realidad, ya en mi Voto Concurrente (párrs. 1-40) en el caso de "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y Otros versus Chile, Sentencia del 05.02.2001), examiné la cuestión del origen de la responsabilidad internacional del Estado; no es mi intención reiterar aquí las extensas consideraciones por mí desarrolladas al respecto en aquel Voto Concurrente, sino tan sólo dejar en este Voto Razonado esta muy breve referencia a ellas. Ahí sostuve en entendimiento en el sentido de que la responsabilidad internacional de un Estado Parte en un tratado de derechos humanos surge al momento mismo de la ocurrencia de un hecho - acto u omisión - ilícito internacional (tempus commisi delicti), imputable a dicho Estado, en violación de sus obligaciones bajo el tratado en cuestión.

 

  1. Después de volver a referirme a la cuestión en mi Voto Razonado (párr. 4) en el caso Myrna Mack Chang versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2003), me permití reiterar, en mi Voto Razonado (párr. 14, y cf. párrs. 11-18), en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú (Sentencia del 08.07.2004), mi entendimiento en el sentido de que

"(...) En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la responsabilidad internacional del Estado surge en el momento mismo de la violación de los derechos de la persona humana, o sea, tan pronto ocurra el ilícito internacional atribuible al Estado. En el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano o agente de éste, independientemente de su jerarquía, que violen los derechos protegidos por la Convención20".

  1. En suma, a mi juicio, no puede haber duda, según la doctrina más lúcida del Derecho Internacional, de que la responsabilidad internacional del Estado (como sujeto del Derecho Internacional) se configura al momento mismo de la ocurrencia de un hecho ilícito (acto u omisión), violatorio de una obligación internacional, imputable al Estado21. En el cas d'espèce, la responsabilidad internacional del Estado se configuró al momento de la incursión armada (con animus agressionis) de agentes estatales armados en la Prisión de Castro Castro.

 

  1. La falta de proporcionalidad en el uso (enteramente indebido) de la fuerza constituye una circunstancia agravante de la responsabilidad estatal ya configurada. No me eximo de ir aún más allá: en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, el animus agressionis (la mens rea) - que caracteriza las violaciones graves de los derechos humanos y la consecuente responsabilidad estatal internacional agravada se configura desde el momento de la toma de decisión y la planificación del ataque armado a los reclusos en la referida Prisión, perpetrado por muchos efectivos de la policía nacional, por el ejército peruano, y por unidades de fuerzas especiales (v.g., DINOES, UDEX, SUAT, USE), quienes, como señalado por la Corte en la presente Sentencia, "incluso se ubicaron como francotiradores en los techos del Penal y dispararon contra los internos" (párr. 216).

 

  1. El llamado "Operativo Mudanza 1", efectuado con gran brutalidad por estas distintas fuerzas de seguridad del Estado, no podría, a mi modo de ver, haber sido perpetrado, con tamaña magnitud (inclusive con armas de guerra) sin una previa planificación, decisión y autorización por parte de las más altas autoridades del Estado. Licence to kill, - fue un auténtico crimen de Estado. Se puede, pues, en tales circunstancias, retroceder en el tempus commisi delicti, para tomar en consideración, como elementos agravantes, la planificación del aparato estatal para cometer un acto ilícito internacional de particular gravedad.

 

 

  1. El principio de la proporcionalidad, a su vez, es normalmente invocado en el marco del Derecho Internacional Humanitario; su invocación y observancia contribuyen a la clarificación de conducta en una situación de conflicto armado, imponiendo restricciones al comportamiento beligerante en medio a las hostilidades22; el principio de la proporcionalidad es relevante en este contexto. Ocurre que, en el presente caso de la Prisión de Castro Castro versus Perú, las víctimas no eran parte beligerante en un conflicto armado, sino más bien personas ya privadas de su libertad y en estado de indefensión, y que no estaban amotinadas. No están aquí en cuestión los temperamenta belli23; los principios fundamentales aquí invocables son, de orden distinta, el de la dignidad de la persona humana, y el de la inalienabilidad de los derechos que le son inherentes. Dichos principios informan y conforman los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, y violados en el cas d'espèce24.

 

  1. El ataque armado a la Prisión de Castro Castro no formó parte de un conflicto armado: fue una verdadera masacre. La flagrante ilicitud de los actos de brutalidad imputables al Estado, que configuran ab initio su responsabilidad internacional bajo la Convención Americana, asume una posición verdaderamente central en el razonamiento judicial de un tribunal internacional de derechos humanos como esta Corte; el principio de la proporcionalidad aparece como elemento adicional, en una posición tangencial, ante una responsabilidad internacional del Estado ya configurada. En su sustancial estudio sobre Customary Internacional Humanitarian Law, divulgado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en 200525, el principio de la proporcionalidad marca presencia como prohibición de atacar causando muertos y heridos en la población civil de modo excesivo con ventajas militares previstas.

 

  1. No se trata, pues, en el presente caso, de determinar la desproporcionalidad del ataque y de las armas (de guerra) utilizadas, por cuanto éstos (uno y otras) ya estaban terminantemente prohibidos. No había un conflicto armado, no había rebelión en la cárcel, no había motín de presos, que se encontraban en estado de total indefensión. El ataque brutalmente perpetrado, de armamentos pesados de guerra, fue una masacre a sangre fría, que pretendió exterminar personas privadas de su libertad y en estado de completa indefensión.

 

  1. El ilícito internacional agravado ya se había perpetrado y configurado de inmediato la responsabilidad internacional agravada del Estado. En el contexto del presente caso de la Prisión de Castro Castro, la representación de las víctimas y sus familiares, a través de su interveniente común (Sra. Mónica Feria Tinta) y también víctima en el caso concreto, captó, pues, además de los hechos (cf. supra), también los fundamentos del derecho aplicable, con más precisión y acierto que la Comisión, en relación con este punto específico.
  2.  
  3. Esto tampoco puede pasar desapercibido, y constituye para mí un hecho alentador, pues, - como vengo insistiendo hace años en el seno de esta Corte y en mis libros26, - la verdadera parte demandante ante la Corte son los individuos peticionarios (y no la Comisión), quienes, como el presente caso lo indican, han alcanzado suficiente madurez para presentar en forma autónoma sus argumentos y pruebas, no solamente en materia factual, sino también en materia jurídica (cf. supra), incluso, en uno u otro caso, - como en el presente caso, - con más precisión y acierto que la propia Comisión. Quedan, pues, enteramente superada la visión parternalista y anacrónica que en el pasado sostenía que los individuos peticionarios necesitaban siempre un órgano como la Comisión que los "representase". No siempre. El presente caso lo demuestra fehacientemente.

Documento completo:

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sobre el Caso "Genocidio en la Prision de Canto Grande"

 

 

Reporte sobre el genocidio en el Penal de Canto Grande:

El-genocidio-en-penal-de-castro-castro-en-mayo-de-1992/

 

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