CHILE: PINOCHET Y PIÑERA: UNA MISMA DEFENSA
La transición pactada a la “democracia” tuvo como su centro la impunidad del alto mando de las fuerzas armadas y de las policías, como de todos los integrantes de la Junta Militar, sobre los crímenes contra la humanidad, genocidio y terrorismo de Estado.
En ese plano, como en otros de impunidad, el progresismo de la Concertación cumplió su compromiso intentando reducir las causas judiciales de derechos humanos a “casos emblemáticos” y a la mantención y vigencia de la Ley de Amnistía de 1978.
Cumplió a tal grado que fue precisamente la Concertación, durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, quien rescató a Pinochet de la justicia internacional. El argumento fue que Chile era una país soberano y capaz de juzgar al asesino por los crímenes lo cual no fue cumplido. Pinochet murió en su cama y no en la cárcel al igual que todo el alto mando ensangrentado.
Pero donde la Concertación no pudo continuar defendiendo al genocida fue cuando estallaron todos los fondos millonarios robados por la Familia Pinochet y cómo estos afectó seriamente la imagen “ético-moral” de Pinochet y que llevó al “alejamiento” de sus más acérrimos defensores. Lo dejaron caer, aunque los demás asesinos y altos mandos mantuvieron su impunidad protectora.
Con Sebastián Piñera ocurre algo similar.
Siguiendo la lógica dictatorial de Diego Portales en cuanto a “se respeta el orden, pero no la ley”, Piñera arremetió con todas las fuerzas del Estado represor contra el pueblo ampliamente movilizado durante el estallido social (2019) abriendo un nuevo episodio de crímenes contra la humanidad, genocidio y terrorismo de Estado.
La demanda de ¡Fuera Piñera! fue paralizada mediante la firma del Acuerdo Nacional de noviembre del 2019 y por la negación a tramitar una acusación constitucional e iniciar un proceso judicial para lograr su destitución por los crímenes cometidos bajo el argumento que Piñera había sido electo por el “pueblo” y que no se podía instalar el “derrocamiento de un presidente electo” ya que eso retrotraía lo sucedido con Salvador Allende por lo tanto Piñera debía terminar su mandato constitucional. Nuevamente, el progresismo (ex Concertación y Frente Amplio) salvó a este dictador de ser juzgado y condenado por crímenes contra la humanidad.
Ahora estallan los Pandora Papers que es el escándalo de corrupción, nuevo, que afecta a Piñera y que al igual que sucedió con el caso Riggs de Pinochet, los partidarios de este se alejan de él, el progresismo esgrime la acusación constitucional y ahora piden su renuncia invalidando aquello que “debía terminar su mandato constitucional” cuando se trató de derrocarlo por los crímenes contra la humanidad.
Faltando cuatro meses para el término de su mandato, Piñera terminará su mandato, saldrá sin condena y todo este escándalo levantado por el progresismo sólo habrá servido como elemento de campaña ya que nunca han tenido la intención real, genuina y concreta de ponerlo tras las rejas habiendo tenido numerosos argumentos anteriores para hacerlo. También este episodio servirá para negociar con la derecha fascista algunos aspectos del cercano futuro político de Chile siendo el encarcelamiento de Piñera una moneda de cambio. Negociación que se realizará, como es costumbre, de espaldas al pueblo y abriendo, nuevamente, el crimen de lesa soberanía cuya finalidad es cercenar la soberanía del pueblo en un momento “constituyente”, acotarlo, usurparla y resguardar los intereses oligárquicos.
Por lo demás, los altos mandos del progresismo, de la Concertación y Nueva Mayoría también tienen una velita en este entierro y sus bolsillos también están desbordantes de dinero mal habido y tampoco desean acompañar a Piñera tras las rejas. Los desfalcos y casos de corrupción son múltiples y amplios cruzan todo el espectro político y aquí aplicará aquello de: “LADRÓN QUE ROBA A OTRO LADRÓN TIENE 100 AÑOS DE PERDÓN”.
