CHILE: ¿POR QUÉ LA REVOLUCIÓN? (1º PARTE)

Introduccion

“El Estado —dice Engels, resumiendo su análisis histórico— no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad. Tampoco es ‘la realidad de la idea moral’ ni ‘la imagen y la realidad de la razón’, como afirma Hegel. Es más bien el producto de un determinado grado de desarrollo de la sociedad, es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables que no puede conjurar. Pero a fin de que estos antagonistas, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismos y a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del ‘orden’. Y ese poder —nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más— es el Estado”.

Federico Engels (El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado)

En América Latina ha sido la Revolución Cubana (1959) la única revolución que se ha mantenido en pie y que ha construido un modelo de sociedad alternativa al capitalismo teniendo definiendo su carácter como socialista mientras la Revolución Popular Nicaragüense (1979) ha mutado y según algunos, de su diseño original no queda mucho manteniéndose en los marcos del capitalismo por más beneficios que el pueblo de Sandino pueda obtener.

La Revolución Bolivariana, junto con los otros procesos populares que se derivaron de ella con sus propias particularidades como en el caso de la Revolución Cultural en Bolivia, si bien permitieron romper el ciclo de gobiernos neoliberales en América Latina no han sido o no fueron capaces de dar un salto en calidad y transformar esos procesos populares en procesos revolucionarios que desbordara y enterraran tanto el antiguo Estado Capitalista, su democracia degenerada, la oligarquía en el poder como haber roto con los lazos de dependencia factor originario del neocolonialismo. Estos procesos, por el contrario, se han mantenido dentro de los márgenes del capitalismo.

Algo ocurre en América Latina que dado todas condiciones objetivas de sobra y en muchos casos coincidentes con las condiciones subjetivas que procesos revolucionarios no han irrumpido hacia la toma del poder siendo la Revolución Cubana, después de 63 años, el único faro hacia el cual nuestros pueblos pueden mirar. Algo ocurre que a pesar de todo nuestros pueblos y nuestros movimientos no hemos podido avanzar para crear un, dos, tres y muchos Viet Nams como decía el Che Guevara y muchas cubas para así debilitar y enterrar al imperialismo. Algo sucede y eso que sucede también sucede en Chile con sus propias características proveniente de su propio desarrollo histórico y cultural, con sus propias especifidades.

Al igual que todos los pueblos de América Latina, el destino inicial de nuestros pueblos originarios y territorios se vio brutalmente interrumpido como consecuencia de la invasión española que no sólo llevó a la apropiación de todos los recursos y anexión territorial en la repartición de aquel mundo derivado del Tratado de Tordecilla sino que conllevó tanto el genocidio de nuestros pueblos como el genocidio cultural como consecuencia tanto del catolicismo para desterrar todo vestigio de la cosmovisión de los pueblos originarios como también imponer una forma de entender la sociedad y el ejercicio del poder desde ese entonces hasta nuestros días. La imposición de ese modelo político e ideológico, la aparición del Estado junto a su clase dominante traída desde España, la construcción de un modelo de explotación basada en una sociedad de clases ha mutado y se ha desarrollado en la misma medida que lo ha hecho el capitalismo a nivel mundial como en estas tierras.

La clase dominante creó así sus propias reglas basadas en la experiencia y desarrollo tanto de la Corona Española, de los propios procesos revolucionarios europeos (Revolución Francesa 1789 y antes con la Revolución Norteamericana 1779) e impuso su concepción jurídica, sus concepción de leyes y su paradigma constitucional aquel que nos habla del Estado de Derecho, de la Separación de Poderes, del imperio de la Ley, de un Estado centralizado, del monopolio de la fuerza, del pueblo como soberano y originario de un poder constituyente aun cuando las constitución burguesa hayan impuesto, por lo menos en Chile, que la soberanía radica no en el pueblo sino en la Nación entendiendo por Nación a la clase dominante todo esto como expresión del desarrollo económico.

Los derechos y libertades individuales en plenitud han sido y son reservados desde entonces para los integrantes de ese grupo selecto y exclusivo, cual es la clase dominante, que al ser dueñas de la propiedad privada sobre los medios de producción social y expropiadores de la plusvalía cuentan con todos los recursos necesarios para ejercer esos derechos y tener plena comprensión de los principios de Igualdad, Libertad y Fraternidad como de los derechos y libertades del hombre. Desde entonces los invasores han construido un poder totalitario, autoritario, racista, supremacista, patriarcal, depredador y europeizante que ha llevado a la destrucción de nuestras tierras y a la esclavitud de nuestros pueblos.

La imposición de una concepción y relato histórico desde los ojos e ideología europea dominante fue fundamental para el sometimiento cultural que ha durado más de 500 años donde se ha ocultado nuestro pasado, se ha tergiversado, se ha impuesto una historia oficial, se ha ocultado el genocidio y la esclavitud de hermanos africanos traídos a estas latitudes. Criminalizaron a nuestros pueblos al denominarlos como “salvajes” y como pueblos inferiores. Fueron sometidos a todo tipo de tormentos y torturas al ser “infieles” por el solo hecho de tener una cosmovisión diferente a la impuesta por el catolicismo. Le impusieron a la tierra una función productiva-económica despojándola de su condición de “sagrado”, de madre tierra abrazada por los pueblos originarias. Al igual que el Rey Midas todo lo que tocaron los invasores lo transformaron en capital y en explotación.

Si no fue suficiente con la explotación y genocidio de los pueblos originarios, el mestizaje forzado como el desarrollo del capitalismo se tradujo en la aparición y nacimiento de la clase obrera que heredó de los pueblos originarios, esencialmente, su condición de esclavitud y de explotación esta vez en su versión de “chilenos”. Si la clase obrera era, y sigue siéndolo, considerada como una clase inferior sin los más mínimos derechos, para la burguesía provista de todos los recursos y derechos fueron denominados “ciudadanos”.

El Estado, y el conjunto de las instituciones de la sociedad de clases, fue y ha sido siempre la expresión orgánica de la voluntad de una clase dominante que, desde sus inicios, hace más de 500 años, viene imponiendo y amasando un poder casi ilimitado. Esta expresión de la voluntad de la clase en el poder se debe al poder que concentra como consecuencia de la concentración económica, del infinito poder que este genera, del monopolio de las armas que le permite al final ordenar la sociedad utilizando al Estado para la opresión y que impone su voluntad mediante el Derecho. El Estado nace cuando en la sociedad aparecen las clases sociales y cuando la más poderosa y dominante decide por sí misma y ante sí establecer el orden e imponer su poder como su concepción de mundo. Pero también para que haya podido aparecer el Estado fue necesario previamente el desarme de la clase o pueblo al cual se buscaba someter para que la clase dominante / triunfadora pudiera, a partir de su superioridad económica y de armas, someter a la clase antagónica y construir ese instrumento que resolviera la lucha de clases a favor de la clase dominante.

Tempranamente, los invasores españoles y la clase dominante que fue dando forma, hasta hoy, se unieron y se “sometieron” a los intereses y proyectos de los centros imperiales, en un principio, y a los intereses del imperialismo, hoy, echando por tierra toda posibilidad de soberanía e independencia real, efectiva y plena. Los destinos de nuestros pueblos, de nuestras vidas han estado condicionadas por los dictámenes de las fuerzas imperiales mundiales que en el caso nuestro no sólo nos llevó a la guerra de invasión contra el Pueblo-Nación Mapuche, mal llamada Pacificación de la Araucania, sino también contra nuestros vecinos y hermanos que desde la Guerra del Salitre (o del Pacífico) las burguesías “nacionales” se enfrentaron utilizando como sus fuerzas armadas a los hijos del pueblos para que estos combatieran por y para los intereses burgueses y oligárquico auspiciado por el imperio británico. La oligarquía chilena, usurpó territorios a Perú y Bolivia despojando a esta última de su legítima salida al mar.

La construcción de la “nación” chilena ha sido sobre la base del derramamiento de sangre de los pueblos que habitaron el Wallmapu, de una clase obrera que nació y se desarrolló a la par del capitalismo y a la par que el Estado Burgués se fue consolidando. La escasa legitimidad de ese sistema de dominación abrió las puertas para que la clase dominante ideara las formas para dotarse de cierta legitimidad que nunca pudo tener y que ahora se lanzaba en convencer a las masas de aquello de la “participación democrática”, de las elecciones “libres”, de la libertad de expresión y de pensamiento, de la libertad de informarse cediendo simbólicamente parte de su poder para imponer la vana idea de un libertad para todos cuando en realidad esta no existe para los explotados y esclavizados.

Las elecciones periódicas de las autoridades del Estado, instrumento de opresión, el derecho universal al voto, el juego democrático han sido todas herramientas legitimadoras de un modelo de explotación y una forma efectiva de diversionismo que se expresa cada cuatro años o según lo exprese la constitución.

En el mismo momento en que los derechos y libertades individuales se fueron ampliando para la población las matanzas obreras, campesinas e indígenas se fueron dando teniendo la historia de Chile 25 matanzas en toda su historia y seguramente vendrán muchas más siendo aquella perpetrada durante la revuelta social (octubre, 2019) la más reciente. La desaparición de personas, la tortura, el exilio, la prisión política, el genocidio y el terrorismo de estado han estado siempre presentes en esta larga historia de invasión, de dictadura prolongada y de guerra permanente contra nuestros pueblos y clase.

A lo largo de esta historia, la clase dominante que ha impuesto la visión de un Chile “unitario” ha impuesto 10 constituciones políticas y diferentes versiones del ejercicio de los derechos políticos reservados para algunos a lo cual han venido en llamar “democracia”. Las diferentes constituciones, y la que emanará de la Convención Constitucional (2021) solamente reflejan la etapa del desarrollo del capitalismo en Chile, de como ese desarrollo económico se relaciona con las fuerzas imperiales de ese período histórico en la cual es redactada y no sólo refleja la voluntad política-jurídica de la oligarquía y de la clase dominante en Chile sino, cada vez más, refleja los intereses políticos-económicos del imperialismo de turno (neocolonialismo).

Si las sucesivas constituciones son el reflejo del desarrollo del capitalismo, entonces, en la medida que el capitalismo se vaya desarrollando, se vaya “superando” a sí mismo, vaya perfeccionando sus mecanismos y herramientas de explotación y opresión que tienen como finalidad el aumento de las ganancias y de la concentración de la riqueza, lo cual hará de la sociedad capitalista cada vez represiva y violenta, entonces, los cambios constitucionales se irán dando cada 30 o 40 años. Esto no significa en modo alguno que con cada cambio constitucional se de forma a un nuevo Estado, a una nueva democracia ni a una nueva forma de producción económica. Esto es imposible porque la concentración del poder no ha cambiado de clase, porque no se ha realizado la revolución social necesaria para que ello ocurra y porque no se ha roto con la dependencia de la fuerza imperialista hegemónica del momento. La nueva constitución sólo viene la revitalizar y relegitimar la democracia capitalista ante las masas.

Así, la democracia burguesa y todo su entramado no es más que la forma más efectiva que ha encontrado la clase dominante la legitimar su sociedad de clases y prolongar su poder dictatorial. Ha sido, gracias al ejercicio de la democracia burguesa, a su imposición, al seducir a los esclavos no asumidos, a aquellos que desean y sueñan ser considerados e invitados a la mesa del patrón, del emperador a participar en el electoralismo y ser parte de esa institución burguesa de dominación como es el parlamento que este modelo de explotación y usurpación se ha podido prolongar. La democracia burguesa, y lo que significa, ha sido fundamental para convencer a gran parte de los explotados de sus bondades y de la posibilidad que, mediante su inclusión y el desarrollo de reformas sucesivas, ellos pueden dejar de ser explotados y alcanzar los beneficios sociales, los recursos que la clase de los ricos posee. Al igual que el Sueño Americano en Estado Unidos ha servido para entretener y engañar a muchos con aquello que Estados Unidos es la “tierra de la libertad y de las oportunidades”, el sueño de la Democracia Burguesa, donde todos somos iguales, y donde supuestamente “un hombre un voto” es la máxima expresión del ejercicio democrático junto a la “alternancia en el poder” son sólo mitos urbanos destinados a adaptar el poder oligárquico a las nuevas condiciones históricas, condiciones marcadas por el desarrollo / crisis del capitalismo y que esta, la oligarquía, requiere reformar para seguir en el poder.

La existencia de una clase en el poder (oligarquía / burguesía) hecha por tierra la concepción del Estado de Derecho ya que esencialmente, ese Estado de Derecho es el instrumento de esa clase dominante y no la expresión profundamente democrática de todas las clases sociales y no podría ser de otra forma ya que el Estado es un instrumento de opresión de una clase sobre otra y donde la clase dominante impone su voluntad mediante la fuerza de las armas. El Derecho es así la expresión de la voluntad política de la clase en el poder.

De la separación de poderes ni hablar. El equilibrio de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) no es más que la separación administrativa del poder estando los tres “poderes” sometidos también a los dictámenes de la clase dominante en el poder del Estado. Con esto la alternancia en el poder no es más que la expresión cómo las diferentes facciones de la clase dominante se expresan en la lucha política, como abrazan diferentes intereses de clase, pero todas ellas, todas las facciones alineadas detrás de la facción hegemónica que se impone desde la clase dominante. Cada una de estas facciones son representadas por partidos políticos, por facciones ideológicas proveniente de la ideología dominante y que se expresan en las elecciones periódicas a la presidencia, al parlamento, a la gobernación y a la alcaldía.

El desarrollo del capitalismo es el desarrollo de la democracia burguesa, es la mutación del Estado, es el desarrollo de la ideología y cultura dominante, es el desarrollo grados superiores de explotación y de esclavitud. La crisis del capitalismo es la crisis de la democracia burguesa, es la crisis del Estado Opresor, es la crisis de esta forma de democracia, es la crisis de la ideología y cultura dominante, es la crisis de la forma de explotación y esclavitud, de esta dictadura prolongada que ya no sirve como forma de adormecimiento de las masas. Cuando la crisis del Estado Burgués, del capitalismo y de la democracia burguesa es terminal, muere con ello la concepción política-jurídica-ideológica-social-religiosa de una clase que se ha perpetuado, cual fuerza imperial, por siglos sobre las mayorías.

El Derecho Burgués en todas sus expresiones muere y con ello sus tradiciones e historia constitucional que se ha venido elaborando desde los inicios de la invasión española. Muere también, en forma paulatina, ese ser humano formado con una conciencia y cultura capitalista, muere la antigua relación con la naturaleza que la ve como elemento meramente productivo-económico al cual se debe someter y dominar. Muere con ella la concepción de la familiar burguesa con el patriarcado incluido.

La oligarquía-burguesía, la clase dominante, es el poder real detrás del Estado Burgués, detrás del Derecho y detrás de las constituciones como de todos los cuerpos jurídicos que desde el Estado Central emanan. Pensar que las reformas o cambios de constitución supone un cambio de modelo económico donde la oligarquía va ceder su poder totalitario y que los pueblos van a acceder a una mejor calidad de vida, mucho más plena, es no entender que la oligarquía jamás lo hará por la vía pacífica, por la vía institucional y que los cambios de constitución, sus reformas, obedecen más que nada al cambio de etapa en el desarrollo del capitalismo donde cada una de las constituciones fue adaptando las leyes para renovar el proyecto y programa de los capitalistas. Aumentar la concentración de la riqueza, desarrollar mejores y más efectivas técnicas de explotación, recaudar y expropiar mayores ingresos por concepto de plusvalía, hacer a los pobres más pobres, los ricos más ricos e imponer una sociedad mucho más represiva, un Estado Policial, donde las leyes actúan como verdaderas camisas de fuerzas para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y de la clase proletaria. La otorgación de mayores libertades en derechos simbólicos es sólo la forma que encuentra la clase dominante para la mantención del mito urbano cual es la democracia burguesa / capitalista. Es así como lo explica Lenin:

“La sustitución del Estado burgués por el Estado proletario es imposible sin una revolución violenta. La supresión del Estado proletario, es decir, la supresión de todo Estado, sólo es posible mediante un proceso de “extinción.”

En definitiva, la lucha política revolucionaria de la clase dominada no es más que la lucha por la recuperación del poder usurpado y cómo esta clase resuelve la lucha de clases a su favor y cómo resuelve el problema del Estado-pueblo-clase-explotación-dependencia (imperialismo). Y en sentido contrario, la lucha política reaccionaria de la clase dominante no es más que la lucha por la mantención de la concentración de su poder y como está clase sigue resolviendo la lucha de clases a su favor y cómo resuelve el problema del Estado-clase-explotación y cómo ambas a la vez resuelven el problema de la impunidad (de la clase dominante) y de la condena (de la clase dominada) entendiendo que el poder político es consustancial al poder económico y donde las relaciones legales también son consustanciales a las relaciones económicas. Quien tiene el poder resuelve el problema a su favor.

Por último, aquello que plantea que la sociedad capitalista se construye, se sustenta sobre el Derecho, y de ahí la supuesta importancia del imperio y del respeto a la ley, al Estado de Derecho resulta a lo menos errado por cuanto la sociedad de clases se sustenta sobre el poder económico, sobre el tipo de producción económica y esta la determina el tipo de Derecho y el tipo de Estado. El Derecho es el instrumento político para hacer respetar en ordenamiento económico de clase que a la vez es ejecutado por el Estado. En estas democracias capitalistas no es el proletariado el que hace las leyes, como tampoco las puede interpretar ni menos hacerlas cumplir por cuanto no es parte del poder ni del Estado limitándose sólo al ejercicio formal del voto.

EL ESTADO: CAPITALISMO Y DEMOCRACIA

“El ejecutivo del Estado moderno no es más que un comité para administrar los asuntos comunes de toda la burguesía.” Manifiesto Comunista

“El Estado es producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables.” Vladimir Lenin, El Estado y la Revolución

“Decidir una vez cada cierto número de años qué miembros de la clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el parlamento: he aquí la verdadera esencia del parlamentarismo burgués, no sólo en las monarquías constitucionales parlamentarias sino en las repúblicas más democráticas.“ Vladimir Lenin, El Estado y la Revolución

El Estado de Chile nace como una necesidad de la clase dominante para dotar al poder impuesto de la unidad política, territorial e identitaria que sustentara el nuevo dominio y la clase que se imponía como dominante. Esto ocurrió una vez que gran parte del territorio fue dominado por los invasores, cuando las fuerzas económicas alcanzaron cierto grado de desarrollo y de acumulación, cuando el genocidio de los pueblos originarios dio paso al mestizaje y al entierro de gran parte de la identidad y cultural de los primeras naciones donde ese estado se centraliza, se concentra y asume el poder total dontando a este territorio de un nuevo nombre, Chile, de una nueva identidad y nación (con la bandera, escudo, cóndor y huemul incluido) y donde esta nueva formación se une a los intereses de las fuerzas imperiales de la época hasta nuestros días.

El Estado nace en dependencia de las fuerzas imperiales dominantes de esas épocas y ha venido mutando y cediendo, desde el punto de vista burgués, lo que ellos mismos asumieron como soberanía e independencia.

Si para la construcción de este Estado fue necesario el colonialismo como forma de exterminio de las primeras naciones en la región conocida como Chile mediante la invasión militar, ocupación y anexión de los territorios, destrucción de las comunidades, esclavitud de los comuneros, violación de sus mujeres ese colonialismo se mantiene hoy esta vez desde el Estado que no sólo administra “los asuntos comunes de toda la burguesía” sino también defiende los intereses del capital transnacional, a saber el imperialismo en territorio del Wallmapu. El colonialismo no ha dejado de existir y nos ha acompañado hasta hoy. De ahí que la lucha que da el Pueblo-Nación Mapuche no se puede entender si es que no se la define como la continuidad de la lucha iniciada desde la llegada de los españoles y que es el Estado de Chile el que continúa hasta el día de hoy con una nueva versión de lo que siempre han entendido por Pacificación de la Araucanía.

Pero si bien el Estado de Chile mantiene su esencia colonialista también ha desarrollado su carácter neocolonial que se expresa en la dependencia absoluta de la clase dominante del imperialismo o del capitalismo imperialista. Esta dependencia cobra aun mayor peso en la medida que el Estado Burgués mediante la explotación de los pueblos, trabajadores y recursos naturales permite el saqueo por parte del imperialismo mediante la exportación de materias primas, de plusvalía pero también mediante el pago de la Deuda Externa, de la Deuda Climática, del Intercambio Desigual, de la Huella Ecológica que sólo hipoteca el futuro a las nuevas generaciones y donde la firma de los 25 tratados de libre comercio acompañados de tratados militares de “cooperación” viene a ser la útlima etapa en el desarrollo del capitalismo neocolonial o dependiente. El Estado de Chile es a la vez un Estado Neocolonial.

El Estado es también de carácter patriarcal, vertical y autoritario donde la dictadura de la oligarquía-burguesía impone una forma de entender el poder y desprecio hacia la mujer pueblo que parte por la imposición de la concepción burguesa de familia donde las formas de explotación se trasladan al interior de este “núcleo fundamental de la sociedad” donde la mujer es doblemente explotada y donde, desde el movimiento feminista, aparece lo que llaman “la división sexual del trabajo” donde la mujer proletaria se encuentra en desmedro de su compañero varón. Este carácter patriarcal está también sustentado en una concepción binaria de las relaciones humanas-sexuales donde por un lado toda expresión diferente a la relación hombre-mujer es condenada y rechazada, moral y éticamente, y que de paso reserva a la mujer una función reproductora, de fábrica donde su cuerpo no le pertenece a sí misma salvo para la procreación a la cual estaría obligada.

El Estado al ser colonialista y neocolonial es también racista, supremacista, blanco, y discriminatorio. Impone su visión de ideología y cultura (ideología y cultura dominante), su concepción estética, sus modos y formas. Impone los estereotipos, su arte y reserva la cultura e identidad de las primeras naciones a dialectos, folclor y artesanía.

Es también un estado anti popular, anti obrero, esclavista. No podría ser de otra forma si es la clase dominante, los grandes poderes económicos, las corporaciones, las transnacionales quienes se encuentran detrás de este instrumento de opresión. Así como el capitalismo ha venido perfeccionando sus herramientas, su producción también ha venido perfeccionando las formas de esclavitud que se hacen cada vez más sutiles ante los ojos de la gente común y corriente donde esta es encubierta por la canción de las libertades individuales y por una concepción burguesa de los derechos humanos.

Es un Estado mopolizador que concentra en si todo el poder (económico, militar, ideológico, político, judicial y religioso). Perpetúa su poder y moral mediante la masificación de la Educación Pública desde temprana edad y logrando una cobertura escolar de casi el 100% de los niños en edad escolar factor necesario para aumentar la producción capitalista. Es por esta razón, hasta ahora, que se establece como “obligatoria” que los niños y adolescentes cursen los 12 años de enseñanza (básica y media) reservando a la educación superior, a la formación profesional como algo simplemente “deseable”.

El desarrollo del capitalismo requiere de mano de obra barata que se logra ya sea por la enseñanza obligatorio completa o parcial pero que en ambos casos se ve fuertemente influido por la ideología que esconden los textos escolares que reproducen fielmente la ideología dominante y como se concibe los centros escolares donde se reproduce, calco y copia, la forma que tiene el Estado de funcionar y la forma en que se desarrolla y se resuelve la lucha de clases en la sociedad. La sala de clases es fiel reflejo de la sociedad de clases y de la estructura de dominación donde el profesor asume (consciente o inconscientemente) el rol del Estado, es su vehículo, cuya función fundamental es la perpetuación del Estado Burgués.

La instrucción, la Educación Pública tiene como fin el hacer aceptar a los estudiantes, tempranamente, el orden social, el respeto al derecho burgués, el cumplimiento de las normativas, de la moral y de la ética. Se le inculca la sumisión, la no rebeldía tachándolas de conductas anti sociales, disruptivas, atentatorias del orden y paz escolar similar al discurso emanado desde el Estado en cada una de las protestas sociales.

Es una educación sexista, patriarcal, binaria, racista, europeizante, blanca, que invisibiliza la verdad histórica y que dota al genocidio de las primeras naciones con un aura poética, épica justificando ese proceso de invasión como “descubrimiento” sin lo cual Chile no sería lo que es (supongamos que es algo bueno) y que la llegada de los invasores supuso solamente progreso. Desde ahí tenemos que estar eternamente agradecido por habernos impuesto el Castellano como nuestro idioma (Imperialismo Linguistico) como también un solo Dios. La educación formal tiene una función importantisima en la imposición de la cultura de la sumisión, en la esclavitud mental y psicológica.

Las fuerzas armadas son vistas e impuestas como patriotas, libertarias y heroicas. Nada dicen los textos escolares que estas se encuentran empapadas de sangre, que el ejército ha asesinado más personas provenientes de las primeras nacionales, obreros y campesinos chilenos que militares extranjeros. Que la única acción de guerra en la cual ha participado la fuerza aérea ha sido en el bombardeo de La Moneda y no en un combate en defensa de la “patria”. Que en el caso de las policías, la mantención del orden pública es otra forma de definir la defensa de los intereses de la clase dominante siendo esta represión la primera línea de la defensa de esos intereses antes que los fusiles y tanques de las fuerzas armadas entren en fuego directo.

Es también un Estado carcelario donde estos centros de exterminio se encuentran abiertos para recibir a quienes esta democracia burguesa los ha excluido incluso antes de nacer. Son los que sobran, los que no tienen cabida en esta sociedad, los que jamás podrán acceder a los beneficios de este paraíso burgués los que van a parar a esas masmorras. La delincuencia de los pobres es encarcelado y los crímenes de los ricos quedan en impunidad o a lo más en algún curso de ética. La impunidad reservada para la clase dominante se debe a que la oligarquía ejerce su dictadura entendiendo por dictadura el poder no sometido a la ley por cuanto a es la oligarquía la que es el Estado, la ley y el poder.

Pero este Estado no sólo se representa en el gobierno, ministerios y parlamento de turno sino también en todas sus instituciones. Las políticas capitalistas y neoliberales, ahora, también son ejecutadas por las gobernaciones, las municipalidades que son co ayudantes de los objetivos oligárquicos burgueses. Como consecuencia de lo anterior es pertinente hablar de gobernaciones capitalistas-neoliberales, de municipalidades capitalistas-neoliberales.

En el proceso de la privatización de la educación y salud pública, de los espacios públicos, de las cárceles, de la cultura, y de toda la vida que se lleva a cabo en los territorios y comunas, las municipalidades han tenido un rol primordial al ser sus ejecutores directos. No podría ser de otra forma si es que se entiende, como decía Ricardo Lagos, que las instituciones deben “funcionar” entendiendo por ese funcionamiento la aplicación en micro de las políticas centrales de dominación a nivel particular en los territorios.

La lucha anti capitalista, anti neoliberal no se puede limitar solamente a la lucha directa contra el gobierno de turno, o limitar la consigna “que se vayan todos” a la renovación de “rostros” o de partidos al interior del parlamento sino que debe también dirigirse contra las gobernaciones, contra las municipalidades y contra toda institución que represente a este Estado sin importar su nivel en la jerarquía de la llamada “administración pública”. La elección directa de estas autoridades no resuelve ni elimina su carácter de clase, y su carácter autoritario. Solamente lo disfraza. Al municipio neoliberal se le debe anteponer el municipio popular / paralelo, por ejemplo.

Cada una de las instituciones del Estado tiene como finalidad desarrollar las políticas, proyectos y programa de la clase dominante en todos sus niveles desde el más arriba hasta el más abajo. Cada uno de esos niveles de la administración pública tiene el rol de perpetuar el modelo de dominación y plasmar la ideología y deseo de la clase dominante hacia la población específicamente la población dominada.

En el escenario actual de la discusión sobre una “nueva” constitución, o prolongación de la anterior, algunos partidos / políticos burgueses levantarán la idea de reemplazar el carácter Unitario del Estado de Chile por uno de carácter Federal. Otros se levantarán contra el Centralismo anteponiendo el Regionalismo. Algunos más dirán que se debe cambiar el régimen presidencialista por uno semi presidencialista o parlamentario. Otros dirán que lo que importa en reducir el Estado y hacerlo más eficiente dejando al mercado que tome las decisiones fundamentales mientras sus contrarios dirán que lo que se requiere es un Estado fuerte e interventor: más Estado y menos mercado.

En cualquiera de los casos el carácter capitalista, oligárquico del Estado y del poder no cambiará. La concentración de la riqueza seguirá incrementándose haciendo de esta sociedad cada vez represiva y cada vez más violenta.

Ya existen en América Latina tipos de Estados, de administración, de todo tipo: unitarios y federalistas, presidencialistas y parlamentaristas, centralizados y regionalistas y sin embargo el nivel de opresión, represión y miseria de esos pueblos no es muy diferentes entre sí y sus grados de dependencias hacia el imperialismo es cada vez mayor. El problema no es que forma administrativa adquiere el Estado o que más “cercano” es hacia la “gente” sino que el problema es cómo el proletariado avanza hacia la destrucción del Estado Burgués y logra su emancipación definitiva. Porque si fue genuina la intención de las fuerzas pro capitalistas de “cambiar” la esencia de Estado, hacerlo más eficientes, acercarlo a la gente y empoderarla, entonces la solución está a la vista. Bastaría con abrir las compuertas y permitir que sean las fuerzas proletarias las que desarrollen el poder popular, el control territorial, el control obrero, la autodeterminación, etc pero sabemos no pasará mediante el simple diálogo y el entendimiento pacífico por cuanto esa real reconfiguración del poder supone que la dictadura oligárquica pierde su poder y sabemos que la intención de hacer un Estado más eficiente y cercano es una mentira, una puesta en escena más y que de lo que se trata es hacerlo mucho más eficiencia en función de la explotación y ganancias.

La legalidad burguesa aparece en especial en el ámbito político, social y sindical como una verdadera camisa de fuerza donde la rebeldía originaria es al final de cuentas domesticada y llamada a actuar dentro de los limites de la legalidad burguesa y que si se decide actuar fuera de ella caerá todo el peso de la ley sobre esos “anti sociales”, “subversivos” y “terroristas” siendo marginados del resto de la población en cárceles de alta y máxima seguridad criminalizados de por vida.

Para la burguesía la única violencia legítima es aquella que esta usó cuando se rebeló contra el feudalismo y aquella que utiliza para la opresión del proletariado. Si en la primera, la violencia la uso para su liberación en la segunda la violencia la usa para la conservación del poder como lo hicieron los señores feudales en su momento. La única diferencia de esta época con la anterior es que aun el proletariado no toma la violencia en sus manos y la cabezas de los oligarcas aun no han rodado aunque saben que cada día que pasa su hora se acerca. Para la burguesía la legitimidad de sus leyes nace de la fuerza del poder económico y del poder militar, del monopolio que tiene del uso de la violencia y no del convencimiento.

Si la burguesía pudo convencer a una parte importante de los antiguos partidos obreros de lo beneficioso de hacer de la lucha política institucional-electoral su forma de lucha principal y estratégica esto fue posible a la renuncia de esos partidos a su contenido revolucionario inicial y su adhesión al reformismo que en nada se constituye como un enemigo acérrimo del Estado Burgués y de su Derecho sino como si gatito regalón, de chalet.

El rol que la clase dominante le asigna a estos nuevos partidos reformistas en el plano de la lucha política-social es ser el freno para que el movimiento social no se transforme en movimiento popular y pueda construir sus verdaderas herramientas revolucionarias y poner en peligro el casi poder absoluto de la oligarquía. Las políticas reformistas desarrolladas por estos partidos tienen como finalidad desideologizar a las masas, entretenerlas con el etapismo, con los cambios pausados y eternos, con la otorgamiento de beneficios sociales parciales y momentáneos sin que por ello las masas esclavizadas dejen su estado de esclavitud. La participación en las elecciones burguesas es un llamado a los pueblos asesinados y a las masas explotadas en confiar en el mismo Estado que los explota y oprime y en la misma clase que los ha sometido desde la invasión de los españoles.

Pero los partidos reformistas también tienen su expresión en el movimiento sindical burocratizado que ha abandonado toda intención que sea la clase obrera, la clase trabajadora la partera de la revolución. La Burocracia Sindical ha reemplazado la necesaria agudización de la lucha de clases por la negociación con el empresariado, por la aceptación de las mesas tripartitas y por la falsa profesionalización de los cuadros dirigenciales que han vivido por años a expensas de los trabajadores y de sus conflictos con el patronaje. Son funcionarios a tiempo completo y han olvidado lo que significa cumplir una jornada laboral, vivir con sueldos de hambre y enfrentarse a la clase patronal.

Lo mismo ocurre con la dirigencia estudiantil de la educación superior que con las mismas prácticas y objetivos de la burocracia sindical construye su Burocracia Estudiantil ocurriendo también lo mismo en el plano de los muchos movimientos sociales que han construído su Burocracia Social. Pequeños feudos con sus pequeños señores feudales donde los intereses particulares son muchas veces muy distintos a los intereses populares ya que estos burócratas sólo persiguen acceder a las instituciones de Estado para hacerse de una fracción del poder oligárquico, vivir a sus expensas y poder desarrollar el sueño reformista que nunca termina porque nunca llega.

Así, los intereses oligárquicos son resguardados en forma transversal desde los partidos de la derecha, que actúan consecuentemente con sus intereses de clase y de origen, hasta los partidos reformistas de izquierda que actúan en función de esos intereses desde la traición a su clase y hacia luchas que los vio nacer. A esta casta es lo que se ha venido en llamar “la clase política” alejada y contraria al pueblo.

Desde esta perspectiva, nada bueno se puede esperar desde el Estado Burgués, desde el Derecho Burgués ni desde dentro de la Democracia Burguesa. Quienes concentran el poder no sólo no lo soltarán jamás y lo utilizarán siempre tanto para oprimir y reprimir como ahondar los niveles de domesticación caba vez que el pueblo asoma la cabeza. Los cambios constitucionales y legales son permitidos por la clase dominante en la medida que esos cambios no alteren su poder, sus riquezas y en la medida que no ponga en peligro su perpetuación.

Desde la promulgación del primer reglamento constitucional (1812, José Miguel Carrera) hasta hoy, 2021, se han sucedido 10 textos constitucionales donde la plebe, el pueblo, el proletariado ha venido incrementando sus derechos y libertades sin embargo el incremento de esas libertades va de la mano del crecimiento exponencial del poder oligárquico y del crecimiento exponencial de la explotación y miseria. Por lo tanto, con más de 200 años de lucha por las libertades individuales, de etapismo y paciencias, de reformismo pausado y traicionero ya hemos tenido suficiente y tenemos la evidencia histórica que por ese camino nada se podrá cambiar sustancialmente y que sólo habremos sacarle más brillo a las cadenas y grilletes que hemos venido arrastrando hace más de 500 años.

Algunos datos.

A continuación artículo aparecido en EL QUINTOPODER (“La obscena concentración económica de los dueño de Chile, Capítulo 1”, Jorge Molina Araneda, 09 de Abril, 2019). Este señala:

“El informe Oxfam titulado Bienestar público o beneficio privado (2019), muestra cómo la creciente brecha entre las personas ricas y pobres está poniendo en peligro la lucha contra la pobreza y acicateando la indignación ciudadana a nivel global. Asimismo, señala que la riqueza está cada vez más concentrada en menos manos: en 2018, 26 personas poseían la misma riqueza que 3.800 millones de personas”.

“De acuerdo a la Cepal (2017), en Chile el 50% de los hogares de menores ingresos tenía un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% concentraba un 66,5% del total y el 1% más acaudalado concentró el 26,5% de la riqueza.

Nuestro falaz libre mercado indica que:

–“Aguas Andinas; durante el primer mandato de Sebastián Piñera se enajenó el 35% de las acciones que el Estado aún tenía de esta empresa. Puesta en tela de juicio por reiterados cortes de agua en el Gran Santiago el año 2016 tuvo utilidades de $154.837.459.000. Según la Fundación Sol, un buen negocio renta en promedio 5%, uno muy bueno renta 8%, uno extraordinario 12%… Aguas Andinas rentó un 24% sobre su patrimonio”.

–“Enel; la empresa estatal italiana que en el país controla Enel Chile, Enel Generación (exEndesa) y Enel Distribución (exChilectra), tuvo utilidades en 2017 que crecieron 47%, es decir, 3.778 millones de euros”.

-“Tres de las cinco Isapres -Banmédica (Eduardo Fernández León, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín), Consalud (Cámara Chilena de la Construcción) y Cruz Blanca (José Said)- controlan el 64% de las prestaciones de salud. De acuerdo a la Superintendencia de Salud, las utilidades en 2017 por Isapres fueron las siguientes: Banmédica obtuvo utilidades por $21.987 millones (versus $11.183 del año 2016); seguida de Colmena Golden Cross con $17.739 millones (versus $9.668 millones del año 2016); Consalud recaudó $10.860 millones (versus $5.568 millones del año 2016); Vida Tres $8.586 millones (versus $9.564 millones del año 2016); Nueva Masvida $8.132 millones (versus $2.267 millones del año 2016); Cruz Blanca $3.269 millones (versus $11.952 millones del año 2016)”.

-“De la seis AFPs, Provida (del banco español BBVA) y Habitat (Cámara Chilena de la Construcción) concentran el 63% de los afiliados, con ganancias, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, el año 2017 de: $89.831.891.000 (Provida) y $104.079.458.000 (Habitat)”.

-“De acuerdo al economista Manuel Riesco, “seis compañías de seguros acaparan gran parte del ahorro previsional; se trata del Consocio Nacional de Seguros, MetLife, Confuturo, Bice, Penta y Principal. Sin embargo el grupo financista de la UDI, Penta, acaparó en enero de este año el 21% del total de las primas, es decir, $42 mil millones de pesos”.

-“En el sector farmacéutico, Socofar S.A., matriz de Farmacias Cruz Verde, posee el 40,6% de la participación de todo el mercado nacional; Walgreens Boots Alliance Inc. controlador de farmacias Ahumada, posee el 27,7% de la cuota de mercado y Salcobrand, de la familia Yarur, tiene el 23,8% de participación”.

-“En cuanto a la concentración de los medios de comunicación:

a) “Escritos; puede considerarse un duopolio comercial en manos de El Mercurio (dueño del diario del mismo nombre, Las Últimas Noticias, La Segunda y otros 23 diarios regionales) y el Grupo Copesa (dueño de La Tercera, La Cuarta y La Hora). En conjunto concentran el 95% de los diarios que circulan en el país, según un estudio de FUCATEL (2015). También tienen intereses directos en la propiedad de empresas vinculadas con inversiones en mercados inmobiliario, financiero, alimentos, agrícola y agroindustrial”.

b) “Radiales; Iberoamerican Radio Chile (Grupo Prisa) posee 11 radioemisoras: Concierto, Activa, ADN, 40 principales, Imagina, Pudahuel, Futuro, Rock and Pop, Uno, FM Dos y Corazón; el Grupo Copesa-Dial, tiene 6: Beethoven, Carolina, Duna, Disney, Paula y Zero; el Grupo Luksic, 5: Horizonte, Oasis, Play, Tele 13 Radio y Sonar; y el Grupo Bethia (Solari-Heller) posee 5: Tiempo, Romántica, Infinita, Carolina y Candela”.

c) “Televisivos; los cuatro operadores de los canales más vistos en la TV abierta dominan el 91% de la audiencia total y el 87% de la pauta publicitaria, con una importante participación de las familias Luksic (Canal 13) y Heller Solari (Mega), así como el grupo empresarial estadounidense Time Warner (Chilevisión). Televisión Nacional (TVN) en los últimos años ha perdido participación en el mercado”.
“En otro artículo también de EL QUINTOPODER “La rebelión de Chile contra la violencia neoliberal”, Jorge Molina Araneda, 23 de octubre, 2019, señala”:

Sueldos

“En agosto de este año apareció una nueva versión del estudio Los Verdaderos Salarios de Chile (2018), de la Fundación Sol, en base a resultados de la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2018. Algunos de los principales resultados son:

–“El 50 % de los trabajadores chilenos gana menos de $400.000 y prácticamente 7 de cada 10 trabajadores menos de $550.000 líquidos”.

-“Sólo el 20,2 % gana más de $750.000 líquidos”.

-“En las regiones de Coquimbo, Libertador, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Arica y Parinacota y Ñuble se observa un atraso salarial más pronunciado, ya que el 70 % de los ocupados/as percibe menos de $500 mil”.

Endeudamiento

“El Informe de Deuda Personal, investigado por la Universidad San Sebastián y Equifax, plantea que en Chile más de 11 millones de personas están endeudadas (lo que equivale a más del 80% de los mayores de 18 años) de las cuales 4,6 millones están morosas. El monto promedio de la morosidad es de $1.754.525”.

Pensiones

“De acuerdo al estudio de la Fundación Sol denominado Pensiones bajo el mínimo (2019): “A Diciembre de 2018, el 50 % de las 684 mil jubilados que recibieron una pensión de vejez por edad (la modalidad de pensión más masiva) obtuvieron menos de $151 mil ($135 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado). Incluso, en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50 % recibió una pensión menor a $296.332, valor levemente superior al Salario Mínimo de fines de 2018, pero inferior al Salario Mínimo actual”.

“En el caso de las mujeres, ya que el 50 % de las 394.643 jubiladas por vejez edad, recibe una pensión menor a $138 mil ($107 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado) y pensión mediana para quienes cotizaron entre 30 y 35 años, vale decir, casi toda una vida laboral llega a sólo $281.722”.

“No obstante lo anterior, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cerraron el primer trimestre de 2019 con un alza del 100%”.

“Según lo informado por el diario La Tercera, las ganancias totales de la industria en los primeros tres meses de 2019 alcanzaron los US$196 millones. La AFP más exitosa durante este período fue Planvital, que registró una variación de 802%, hasta los US$13,9 millones. La segunda firma que anotó la mayor expansión fue Provida, con 234%. La cifra fue explicada por la mejor utilidad del encaje ($16.142 millones) y el menor impuesto a las ganancias ($12.989 millones). La AFP Habitat también anotó un positivo resultado, al totalizar US$55 millones. En tanto, Provida observó un aumento de 234% en sus beneficios, hasta los $31.284 millones; Habitat de 68,1% a $37.567 millones; Modelo de 67,3% a $11.310 millones; Capital de 63,6% a $24.271 millones”.

Isapres

“Durante el primer semestre de este año, el Superintendente (s) de Salud, Patricio Fernández, entregó los resultados financieros oficiales del Sistema Isapre para el 2018, los que, al 31 de diciembre del año pasado, arrojaron utilidades por $64.392 millones; un aumento de $30.552 millones con respecto a la cifra de $33.840, obtenida en igual periodo, durante 2017”.

“Destacan entre las Isapres: Colmena ($16.286 millones), Nueva Masvida ($11.654 millones) y Banmedica ($10.867 millones); siendo Cruz Blanca y Nueva Masvida quienes registran los mayores aumentos en sus resultados, 64,3% y 43,3% respectivamente mientras, en contraste, Banmedica y Consalud presentan las disminuciones más significativas con 50, 6% y 12,0% respectivamente”.

Banca

“La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que las utilidades del sistema bancario chileno, alcanzaron a los $1.357.024.000.000 durante el primer semestre de 2019. El resultado del primer semestre representa una variación positiva de 8,25% en 12 meses, y, para junio, un aumento de 22,84% respecto del mes anterior (mayo), de acuerdo a Valor Futuro. En términos individuales, Santander Chile conservó el primer lugar con $297.230 millones, seguido por Banco de Chile, con $293.663 millones. En tercer lugar se ubica Bci, con $231.450 millones, mientras que en cuarto lugar se sitúa Scotiabank, con $160.344 millones. El quinto puesto es para Falabella, con $107.546 millones; el sexto para Estado, con $106.719 millones y en el séptimo para Itaú Corpbanca, con $86.739 millones. En el octavo lugar se ubicó Security, con $40.155 millones, mientras que en el noveno lo hizo Bice, con $33.178 millones”

Enel

“El gigante conglomerado transnacional italiano, registró una utilidad neta de $174.541 millones el primer trimestre de 2019, cifra que representó un fuerte salto de 148,9% frente a igual periodo del año anterior”.

Aguas Andinas

“Las utilidades semestrales de Aguas Andinas bajaron un 0,7%, representando una utilidad neta de $80.610 millones”.

“En otro documento “Sector pesquero chileno: CONCENTRACIÓN, DESARTICULACIÓN SOCIAL Y CRISIS ECOLÓGICA”, de Rodrigo Oliva y Sebatian Caviedes (2017) se señala”:

“Hace unas semanas, a solicitud de los fiscales a cargo de la investigación sobre las pesqueras de la Asociación de Industriales Pesqueros de la región del Biobío (Asipes), arista del caso Corpesca, el Servel entregó un listado en que identifica a seis de estas empresas entregando aportes reservados legales por más de $300 millones a campañas electorales, repartidos entre candidatos de cinco partidos políticos (UDI, RN, PS, DC y PPD) y un independiente. Destacan en ese listado Sebastián Piñera, Evelyn Matthei, Jacqueline van Rysselberghe y el ex subsecretario de Pesca, Raúl Súnico1 , este último que debió renunciar a su cargo tras conocerse sus tratativas con el gremio, que incluyeron favorecer a la industria en la tramitación de normas que regulan al sector -incluso a contrapelo del programa de gobierno- y cobros hechos por su esposa a través de boletas falsas, justamente el mecanismo por el que el Ministerio Público sospecha que Asipes entregó aportes ilícitos a actividades políticas”.

“La sombra de este financiamiento, además, ha alcanzado a pymes y dirigentes de la pesca artesanal de la VIII región3 , acusados de recibir aportes tanto para fortalecer sus organizaciones como para financiar las campañas parlamentarias de representantes de la pesca artesanal. Ello, teniendo a mano el antecedente de la caída de Iván Fuentes, pescador pesquero que lideró el Movimiento Social de Aysén en 2012, y que recibió aportes de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), siendo ya diputado electo”.

“Esto que se señala es solamente una muestra del compromiso transversal del “mundo político”, de la “clase política” con los poderes económicos-oligárquicos y que hoy se presentan ante la ciudadanía en el debate sobre una nueva constitución. También refleja el nivel de corrupción del quehacer político y su capacidad para coaptar y corrompoer el movimiento social. El Estado no pierde oportunidad”.

“En el mismo documento, en relación a la concentraciòn económica de la industria pesquera señala”:

“La contracara de la desarticulación social de los pescadores artesanales es la concentración económica del sector y la unidad que alcanza su gran empresariado en las últimas décadas. Para que esto ocurriera, sin embargo, han debido profundizarse las dos dinámicas mediante las cuales se estructura habitualmente la relación de este actor con la actividad pesquera. Por una parte, la tendencia de los grandes empresarios de la pesca a fusionarse y a integrar verticalmente las diversas áreas de negocio (extractiva, industrial y comercial), disminuyendo con esto los competidores existentes, sobre todo como reacción a las oleadas de escasez de recursos del mar que se repiten periódicamente desde la segunda mitad del siglo pasado. Por otra, han debido empeñarse en hacer funcional a sus intereses inmediatos la legislación vigente, que rige las dinámicas de extracción de la pesca artesanal e industrial, en la medida que la industria pesquera es altamente sensible (y dependiente) de la acción estatal, sobre todo en lo que respecta a su promoción y desarrollo”.

“El Estado ha intervenido en el conflicto entre la pesca artesanal e industrial, ejerciendo como promotor de esta última y como mediador a la hora de establecer los acuerdos de propiedad sobre los recursos marinos. Si bien los antecedentes de esta mediación se remontan al siglo pasado, es al alero del desarrollismo que, en la década de 1940, se reconocen las potencialidades del mar, al tiempo que la industrialización de la pesca se transforma en una política de Estado. La Corfo lidera este proceso, apoyando a la pesca industrial en aspectos como exploraciones marinas, incremento de la producción, industrialización, consumo y propaganda, llegando a crear empresas propias para la extracción, distribución y venta de pescado fresco. En los sesenta, con el aval internacional de una FAO que impulsa políticas alimentarias sustentadas en los productos del mar y que alienta a los industriales a privilegiar la producción de harinas, se sellan los incentivos para que estas compañías orienten su actividad al comercio internacional, favoreciendo las lógicas de circulación globales”.

“Lo habitual en las políticas pesqueras nacionales, además, ha sido su carácter cortoplacista y escasa preocupación por los equilibrios ecológicos marinos. Vía programas específicos, especialistas de agencias sectoriales y marcos jurídicos, reglamentaciones y diseños de uso, se ha instalado una institucionalidad pensada para la industria, que, por aquello, obligó por largo tiempo a los pescadores artesanales a proteger sus intereses tomando como base la condición legal de bien común de los espacios litorales y no una legislación específica”.

“Esta orientación industrial de las políticas estatales, sin embargo, a menudo no se ha hecho cargo de la desidia con que la pesca industrial, por su inherente interés de acumulación, se vincula con el ecosistema marino. Así, por ejemplo, en 1960 se dicta un decreto con fuerza de ley (DFL N°266) que entrega franquicias y beneficios fiscales a la pesca industrial, permitiendo la instalación de una serie de industrias pesqueras en el litoral chileno, especialmente en el golfo de Arauco y en el extremo norte del país. Sin embargo, al cabo de cinco años, la sobreexplotación de anchoveta y el fenómeno de El Niño se conjugan para hacer tambalear a la naciente industria que, además, se encuentra endeudada en decenas de millones de dólares con la Corfo. En la zona norte, esa crisis mostró a los dueños de las compañías que la fragmentación de sus empresas, que duplicaban esfuerzos administrativos y productivos, constituía un problema que debía superarse, razón por la cual se opta por la integración y fusión de éstas, dando paso al Consorcio Pesquero del Norte (Corpesca)”.

“A esta situación le siguen, en dictadura, una verdadera explotación desmedida, tanto de industriales como de pescadores artesanales, que encienden las alarmas sobre el agotamiento del recurso. Ello obliga a la intervención de la Junta a través de la preparación de la “Ley Merino”, base, pese a sus cambios, de la posterior Ley de Pesca y Acuicultura de 1991. En torno a esta legislación, que concitó importantes acuerdos en todo el sector -pese a los reclamos iniciales del gremio industrial y del grupo Angelini que habló de una “reforma agraria del mar”-, se fragua el primer triunfo del empresariado de la pesca en los años de la postdictadura al torcer su sentido original. En efecto, esta ley buscaba entregar definiciones regulatorias a partir del establecimiento de una franja de cinco millas marinas para la pesca artesanal, la definición de áreas de manejo para la explotación de recursos del borde costero y la exigencia de un informe técnico sobre la situación de aquellos recursos a explotar por tener un interés comercial, entre otras medidas”.

“Pero el objetivo no se cumple, pues si bien la ley limitaba el número de naves y la capacidad de bodega que podía tener cada empresa26, antes que reducirse la pesca intensiva ésta terminó aumentando por efecto de la inversión en tecnología que hicieron las grandes empresas, logrando más eficiencia y autonomía en sus flotas y procesos extractivos. Esto fue logrado al precio de reorganizar sus estructuras organizativas con el objeto de disminuir sus costos, para lo cual las compañías se desprendieron de un alto número de puestos de trabajo”.

“Con este hito inicial, el camino adoptado por las sucesivas actualizaciones de esta ley general es similar, y sigue favoreciendo la acumulación empresarial de las grandes pesqueras en desmedro de la pesca artesanal. Después de su revisión a comienzos de los dos mil, una medida clave en la continuidad de este hecho, es la partición del borde costero en cuatro grandes zonas, que han dado lugar a la aparición de una suerte de “fundos marinos” con los que se extiende al espacio marino-costero el criterio regional que divide al país. En ese sentido, además de promoverse la concentración económica, una medida como esta, al buscar que cada región terrestre tenga su proyección hacia el mar, fragmenta administrativamente la lógica tradicional de desplazamiento longitudinal de las flotas pesqueroartesanales. Por otro lado, desde su implantación, y pese a que para sus defensores constituye la forma más eficiente de racionalizar los recursos marinos, la introducción de las CTI y luego de las LMCA, han llevado a una distribución desigual de las cuotas de pesca, al tiempo que han consolidado la propiedad sobre éstas y limitado el ingreso de nuevos operadores a la pesca debido a su alto costo”.

“Esto permite entender que, al llegar 2012, cuando se debía volver a revisar las cuotas de captura transitoria, las autoridades se enfrentan a un escenario de alta concentración de la explotación del recurso marítimo en unos cuantos gigantes, controlados por nueve grupos económicos que exhiben ser dueños del 90% de la pesca industrial de jurel, anchoveta y sardina. Pero, a contrapelo de lo esperado, la fórmula propuesta desde el Ejecutivo fue asignar las cuotas de pesca en función del historial pesquero de los anteriores cuatro años y de la capacidad de bodega de las empresas. Con esto, se benefició directamente a los grandes pesqueros, a la vez que significó un nuevo incentivo para la concentración del sector, en la medida que las pequeñas cuotas que se le otorgaron a los competidores de menor tamaño hizo imposible, en el largo plazo, seguir operando, obligándolos a vender sus barcos y cuotas a las grandes empresas. Peor aún, la Mesa de Trabajo Pesquero de 2011, si bien consiguió una mejora en el porcentaje de pesca de los pescadores artesanales, no hizo sino reconocer legalmente esta concentración existente, sellando legalmente los que, en los hechos, torció todo el entramado legislativo que viene operando desde inicios de la transición”.

“Lo anterior, además, revela la consecuencia más visible de esta concentración económica: la unidad con que operan las asociaciones gremiales de los industriales. Y es que, al concentrase la propiedad y reducirse la cantidad de actores que se disputan la industria, el incentivo a la unidad crece, del mismo modo que lo hace la capacidad de determinación que tienen gremios como Sornapesca y Asipes sobre la discusión y negociación políticas sobre la pesca”.

“Pero, además de esta unidad empresarial, lo que se forja es un vínculo orgánico entre el empresariado y la política, que hace que el proceso de ascenso de los grupos empresariales fortalecidos en torno a la pesca tenga un correlato desde el Estado. Esta alianza ha quedado demostrada en el hecho de que, pese a que la Ley de Pesca de 2012 viene siendo considerada ilegítima de manera transversal por sectores mayoritarios de la sociedad chilena, los únicos actores que siguen legitimándola, por acción u omisión, son el Gobierno y el empresariado”.

En otro artículo aparecido en Izquierda Diario Las 7 familias dueñas del mar beneficiadas por el ex ministro de Piñera Teresa Melipal, 4 de abril, 2018 se señala que la propiedad del mar se encuentra en manos de 7 familias.

En el artículo se señala:

“Este año, el estado de las pesqueras chilenas avanza a una “gran mejoría”, según la información del sitio de la Subsecretaría de Pesca. La anchoveta extraída en las regiones de Atacama y Coquimbo alcanzó el estado de conservación (Subexplotación), luego de permanecer durante el 2016 en estado Plena explotación y del 2014 al 2015 como sobreexplotada. Donde 9 de las 26 pesqueras a nivel nacional presentaron una progresiva recuperación del estado de explotación”.

“Son 4 grandes conglomerados que concentran el 92% del sector pesquero nacional, la familia Angelini encabeza el primer lugar, siendo la dueña de un vasto territorio de extración del recurso pesquero a través de Orizon, con la Pesquera San José y South Pacific Korp junto con la fusión de la familia Lecaros, quienes capturan el 80% del jurel y sardina en el norte del país”.

“Por su parte, las familias Stengel y Fernández, capitalizan el 20% del jurel extraído del país con Camanchaca Pesca Sur, fusión de las Pesqueras Camanchaca y BíoBío”.

“En tercer lugar, se encuentra Blumar donde a mediados del año 2011 la Pesquera Itara y El Golfo se fusionan originando este conglomerado, la gran empresa está vinculada con la familia SarkisYaconi-Santa Cruz, que también se unieron y juntas extraen otro 20% del jurel”.

“Y por último, se encuentra el conglomerado Marfood, producto de la fusión de Joint Venture de Alimar y Foodcorp. Empresas que explotan el jurel y salmón”.

El mar: la gran empresa de Chile Vamos y de la ex Nueva Mayoría

“La cuestionada Ley de Pesca (Ley Longueria) se propuso durante el año 2012 a través del ex ministro de Economía del primer gobierno de Piñera, Pablo Longueira (ex UDI). Esta ley permitió a la fecha actual la entrega por 20 años y por otros 20 más las licencias de pesca a la industria pesquera (constituida por las 7 familias anteriormente mencionadas); oponerse a reservar las 5 millas de protección artesanal en todo Chile, impedir eliminar en 3 años la pesca de arrastre, permitir que buques industriales pesquen en zona artesanal, oponerse a licitaciones industriales abiertas para desconcentrar el mercado y no incluir el reconocimiento de los pueblos indígenas en el cuerpo legal (Ley lafquenche)”.

Sin embargo, el negocio del mar no sólo es de parte de los empresarios y familias multimillonarias, políticos de la derecha de Chile Vamos y ex Nueva Mayoría han sido involucrados en casos de corrupción que siguen vigentes en el debate. Jaime Orpis (ex UDI), Marta Isasi (UDI), Fulvio Rossi (PS), Patricio Walker (DC), los hermanos Zaldívar (DC) e Iván Fuentes (ex DC) son quienes encabezan la lista de políticos corruptos que fueron financiados de parte las empresas que extraen el recurso pesquero”.

Cabe señalar que la Nueva Mayoría fue la alianza política que sustentó el segundo gobierno de Bachelet y fue integrada por los partidos de la ex Concertación que administraron el modelo neoliberal, y lo perfeccionaron, heredado de la dictadura (Democracia Cristiana, Partido Socialista, Por la Democracia, Radical) más la incorporación del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana. La incorporación del PC / IC no significó que el gobierno de Bachelet / Nueva Mayoría no haya sido neoliberal en sus políticas interna y en su política exterior, por el contrario, se definió la Nueva Mayoría, por lo menos por Bachelet, como continuadora de los gobiernos concertacionistas. En el caso de Chile Vamos esta es la alianza de partidos fascistas apologéticos de la dictadura.

En otro artículo aparecido en diario electrónico, EL MOSTRADOR (“Los 11 pilares que sostienen el actual modelo económico y son herencia de la dictadura”, Equipo de la Fundación Sol, 12 de septiembre, 2013) señala lo siguiente:

“En esta conmemoración por los 40 años del Golpe Militar, los horrores físicos de la dictadura, asociados a la represión, las detenciones, la tortura, los asesinatos y desapariciones, colman la agenda pública y exigen con toda razón reconocimiento y condena, pues esa brutalidad no ha sido suficientemente justiciada. Con todo, ese aspecto toca la fibra más sensible, la emotividad asociada a la espectacularidad del mal, y con el tiempo se ha transformado en objeto generalizado de rechazo. Hoy en día los propios canales de televisión han tratado extensamente los hechos de sangre y personajes políticos de diversa índole se inclinan a pedir perdón en una tentativa simbólico-reparativa. Se genera así una operación de cierre interpretativo de esta suerte de “episodio negro” de la historia”.

“Pero hay otra dimensión de la dictadura, más profunda y convenientemente menos tratada, que permanece tras bambalinas y al margen de los reconocimientos: el modelo económico-social instaurado desde 1973 y todavía vigente. Se trata de una dimensión que no concierta el rechazo enérgico y común de la elite, pues la misma se ha beneficiado celosamente de él”.

“Chile se adelantó en 10 años y de la forma más radical a las reformas del Consenso de Washington, privatizando los bienes comunes, abandonando al trabajo como centro de la estrategia de desarrollo y transformando al país en el más financiarizado de América Latina. Adopta así una arquitectura institucional y productiva que recrea una sociedad violenta, con sus propios horrores —aunque menos vistosos—, donde la mayoría de la población carece de las tranquilidades económicas mínimas y se encuentra asediada por el estrés, la angustia cotidiana de la deuda y el trabajo no valorizado, mientras, una minoría privilegiada goza de un traje a la medida y vive como en Suiza (Chile tiene más multimillonarios que países como Suiza, Austria, Dinamarca, Holanda, Noruega y Finlandia, entre otros. Además, en comparación con los países que cuentan con mediciones, el 1 % más rico de Chile se lleva el mayor porcentaje de la renta nacional. En contraste, el 75 % de los trabajadores gana menos de $ 437.000)”.

“Esa realidad no puede ser comprendida sin dar centralidad al conflicto capital-trabajo. En efecto, en los años que antecedieron al Golpe hubo un incremento de la participación de los trabajadores y sectores populares en las decisiones sobre la producción, la distribución de las ganancias, el destino del país y de sus propias vidas, lo que significó una amenaza política y económica para los intereses empresariales. Esto es lo que se intenta desbaratar. Dentro de los múltiples dispositivos dictatoriales, destacan dos que tuvieron especial relación con desarmar ese poder conquistado y propiciar la acumulación de grandes capitales: el Plan Laboral, que prohíbe la negociación colectiva por rama y permite el reemplazo de trabajadores en huelga, y el sistema de AFP, que privatiza las pensiones e inyecta sendos recursos frescos al empresariado. Luego de varias décadas de mantención y perfeccionamiento de estos dispositivos, los resultados hoy caen de maduros y hacen gala de un mínimo poder sindical, una extensa precariedad y una honda desigualdad”.

“Las cajas de seguro social son reemplazadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones, instituciones privadas que persiguen el lucro y que durante sus 32 años de existencia han provisto de capital de trabajo (dinero fresco) a un selecto grupo de empresas chilenas: las más grandes (sólo 20 corporaciones en Chile, acumulan cerca de US$ 45.000.000.000). A 32 años de su implementación, la capitalización individual de la mano de las AFP da cuenta de un sistema que impulsa la acumulación de ingresos (a través de la especulación y uso de los fondos de pensiones de los trabajadores) y mantiene pensiones muy bajas y fuertemente sostenidas por el Estado (a Julio de 2013, el monto promedio de las pensiones pagadas por las AFP es de $ 181.297)”.

“Así, contra una visión “episódica” de la dictadura, nos convoca la denuncia de esa violencia estructural y cotidiana que aún nos rodea y que arrebata el valor del trabajo. Ello, Porque lo que está en juego, es el valor de nuestra propia humanidad”.

A continuación se enumeran y describen los 11 pilares dictatoriales que todavía sostienen el modelo económico-social:

1. PLAN LABORAL
“PLAN LABORAL, DL 2.756 y DL 2.758 (1979). Como parte de un plan integral de transformación social, llamado “Las Siete Modernizaciones del Estado”, se reformula e institucionaliza un nuevo modelo de relaciones laborales (presente hasta el día de hoy). Más que un plan laboral, se define principalmente como una intervención sindical, que redefine el rol del sindicalismo en la sociedad: se rompe con la tradición de un sindicalismo de clase para instaurar un sindicalismo despolitizado y desmovilizado. Para cumplir con este objetivo, la nueva institucionalidad prohíbe la negociación colectiva por rama, limita sus contenidos y permite el reemplazo de los trabajadores en huelga, a la usanza anglosajona. La negociación colectiva pierde así su función distributiva (combatir la desigualdad). Hoy, con un 8 % de los trabajadores dependientes con contratos colectivos habilitados para la huelga (pero con la opción de ser reemplazados), Chile es el segundo país más débil de la OECD en dicha dimensión. Lo que se conoce en nuestro país como negociación colectiva, en otros países no lo es”.

2. SUBCONTRATACIÓN
“Previo al DL 2.950, la subcontratación del giro estuvo prohibida en Chile y el decreto levanta esa limitación. La subcontratación se reconoce como necesaria a todo nivel, como parte de las tendencias descentralizadoras de la producción para ganar competitividad. Esto se mantiene intacto durante todo el período de la Concertación. El año 2007, al legislarse la Ley de Subcontratación, existió la posibilidad de eliminar la subcontratación de la actividad principal o giro de la empresa, pero no se hizo. El régimen laboral “tercerizado”, aumenta la probabilidad de tener empleo desprotegido en un 30 % (sin estabilidad ni seguridad social), obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos colectivos al tiempo que presiona los salarios hacia la baja”.

3. SISTEMA DE AFP
“En 1981, por decreto (DL 3.500), se reemplaza el régimen de pensiones, hasta entonces solidario y de reparto, por uno de capitalización individual forzosa. El cambio significa pasar de un sistema cuyo beneficio era definido a uno de contribución determinada y beneficio incierto. Las cajas de seguro social son reemplazadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones, instituciones privadas que persiguen el lucro y que durante sus 32 años de existencia han provisto de capital de trabajo (dinero fresco) a un selecto grupo de empresas chilenas: las más grandes (sólo 20 corporaciones en Chile, acumulan cerca de US$ 45.000.000.000). A 32 años de su implementación, la capitalización individual de la mano de las AFP da cuenta de un sistema que impulsa la acumulación de ingresos (a través de la especulación y uso de los fondos de pensiones de los trabajadores) y mantiene pensiones muy bajas y fuertemente sostenidas por el Estado (a Julio de 2013, el monto promedio de las pensiones pagadas por las AFP es de $ 181.297)”.

4. SISTEMA TRIBUTARIO
“En 1974, se crea la integración de impuestos entre empresas y sus dueños a través del Impuesto Global Complementario: los impuestos que las empresas pagan por sus ganancias, son un crédito a los impuestos que pagan los dueños de esas empresas. Adicionalmente, en 1984 se crea el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), el que permite que los impuestos se paguen sobre las utilidades efectivamente retiradas y no sobre la base de su simple existencia. Ello ha permitido que los dueños de las grandes empresas (principalmente) se hayan beneficiado del uso de esos recursos a través de sociedades de inversión que operan como vehículos financieros, a fin de crear una zona franca donde no se pagan impuestos. Actualmente se estima que se han acumulado cerca de US$ 270.000.000.000 en el FUT. De esta manera, hoy tenemos un sistema tributario pro-rico, donde los que más ganan pagan menos impuestos en términos proporcionales”.

5. PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y ABANDONO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
“En 1981, se desmunicipaliza la Educación Escolar en Chile y se comienza a financiar las escuelas a través de una subvención por número de alumnos que asisten a clases. También se permite que las escuelas particulares reciban subvención, sin embargo, éstas pueden seleccionar a los alumnos, lucrar y a partir de 1993 pueden cobrar aranceles (política de Financiamiento Compartido implantada en el primer gobierno de la Concertación). Mientras en 1981, existía un 78 % de matrícula en la Educación Municipal, hoy sólo queda un 36 %, siendo el sistema educacional más segregado del mundo. En Educación Superior, a partir de 1981, se permitió la creación de Universidades, CFT e IP privados, generándose un mercado de la educación y un crecimiento inorgánico de la matrícula. Hoy, las universidades estatales sólo cuentan con un 12 % de financiamiento fiscal basal, el 77 % del gasto en Educación Superior lo realizan las familias chilenas y prácticamente no existen CFT e IP públicos”.

6. SISTEMA DE SALUD
“Entre 1979 y 1981 se decretó el fin del sistema público de salud: la creación de Fonasa (1980) y de las Isapres (1981) instituía el actual sistema mixto de seguros en el cual los subsistemas público y privado compiten entre ellos, mientras que la municipalización de los Centros de Atención Primaria (1980) reducía el alcance de la responsabilidad estatal. Los gobiernos democráticos (1990-2013) no han modificado esos cimientos, limitándose a intervenciones en materia de regulación de precios, control y fiscalización. Los resultados son claros: hoy en día el “gasto público” en salud es uno de los más bajos entre los países OCDE, mientras que el “gasto de bolsillo” de los usuarios uno de los más altos. El negocio privado, al contrario, florece: en 2012 las utilidades de las ISAPRES alcanzaron los $ 81.383 millones, con un aumento nominal de 6,5 % (4,9 % real) respecto al año anterior”.

7. SISTEMA BANCARIO
“Desde 1975 se privatizan los bancos (excepto BancoEstado), se permite la entrada de bancos extranjeros y se liberalizan las tasas de interés, las cuales se ajustarán según una “máxima convencional”. Desde 1981 —producto de una crisis interna (previo a la crisis internacional)— la superintendencia interviene los bancos traspasando sus deudas al Banco Central (impagable hasta el día de hoy), dando acceso a divisas a precios preferenciales y la reprogramación de sus deudas (35 % del PIB de la época). En 1986 se crea la Ley General de Bancos (LGB) que, entre otros, estableció segmentación de carteras según tipo de riesgo (hogares de ingresos bajos es más riesgoso y por lo tanto mayor tasa de interés). En la misma línea, en 1999 se segmentan las tasas de interés según tramos de préstamo (menos y más de 200 UF). En 2001 se deroga el artículo XIV de la LGB que permitía el funcionamiento de financieras y se reduce a la mitad el requerimiento mínimo de capital necesario para constituir una sociedad bancaria (Art. 51 LGB), generando condiciones para la banca de retail, la cual no estuvo regulada hasta 2006”.

8. CONSTITUCIÓN POLÍTICA
“Un día como hoy hace 33 años, se realizó un fraudulento plebiscito en el que se aprobó la Constitución Política de 1980. A los pocos días del Golpe, la junta militar designó una Comisión Constituyente (“Comisión Ortúzar”), integrada por miembros de extrema confianza del régimen, entre ellos Jaime Guzmán, quienes se encargaron de redactar el anteproyecto de la nueva Carta Fundamental. En ella, se consagra un rol subsidiario del Estado en la economía y el derecho de propiedad privada, relegando a un segundo plano los derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho al trabajo. Además, se entregó a las Fuerzas Armadas un rol tutelar de la democracia. Pese a que en el año 2005 se aprobaron una serie de reformas tendientes a eliminar los “enclaves autoritarios”, el legado autoritario y neoliberal sigue presente. Hoy Chile continúa regido por una Constitución, cuyo origen, ilegítimo, no estuvo en la soberanía del pueblo, sino en las manos de un gobierno dictatorial”.

9. FOMENTO FORESTAL
“El DL Nº 701 fue promulgado en los primeros años de la dictadura (1974) por un periodo de 30 años, con el objetivo de potenciar el sector forestal a través de una bonificación para la forestación de amplias extensiones de terreno con especies forestales exóticas. En 1998 este sistema de bonificación fue renovado con algunos cambios por 15 años más y con efecto retroactivo. Posteriormente fue renovado por dos años, concluyendo su período en 2012. Este instrumento ha beneficiado principalmente a las grandes empresas del sector, donde existe una alta concentración (CMPC, Arauco y MASISA, concentran el 64 % de las plantaciones forestales). Por otra parte, este instrumento económico ha tenido un fuerte impacto en el bosque nativo y su sustitución por especies exóticas. Actualmente se discute con carácter de ‘urgente’ su renovación por 20 años más a pesar de que luego de 40 años con esta ley, aún no existe evaluación alguna respecto a los impactos económicos, sociales y ambientales. Las organizaciones de pueblos originarios han manifestado que no han sido consultadas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el derecho internacional, señalando que no ha existido consulta previa, ni restitución de sitios sagrados, ni la consideración de un nuevo enfoque indígena”.

10. DESNACIONALIZACIÓN DEL COBRE
“Consagrado en dictadura (1981) por el entonces ministro de Minería, José Piñera, a través de las ‘concesiones plenas’, se entregó la propiedad de los nuevos recursos mineros a los privados en un proceso conocido como la desnacionalización del cobre (Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras). Los posteriores gobiernos de la Concertación dieron la venia a esta política, renunciaron a la soberanía sobre los recursos y desperdiciaron la oportunidad política que se abrió durante la primera parte de esta década con la discusión por el royalty minero. Hoy, el 70 % de la minería se encuentra en manos de privados. Todo lo anterior, a pesar de que la constitución señala que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.

11. PRIVATIZACIÓN DE LAS AGUAS
“El Código de Aguas, aún vigente, fue promulgado durante la dictadura a través del DFL Nº 1.122 el 21 de octubre de 1981. Este instrumento instaló de forma inédita un mercado del agua a través de la propiedad privada sobre el recurso, permitiendo que el titular de un derecho de aprovechamiento pudiera comercializar con éste. Asimismo, este dispositivo anuló el rol del Estado como garante del uso racional del agua, dejando en manos de privados la ‘determinación’ de la necesidad de uso de acuerdo a criterios económicos particulares, desplazando así la relación histórica del recurso con la tierra”.

Pero aun hay más si sólo nos detenemos en lo que se refiere al agua en este sólo párrafo el futuro es alarmante:

“ Según el World Resource Institute, Chile forma parte del lamentable “ranking” de las 18 naciones con mayor estrés hídrico del mundo, y se ubica en el primer lugar del grupo con un estrés hídrico alto. Y es que 137 de las 346 comunas de nuestro país enfrentan escasez hídrica, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Aguas. En definitiva, la peor sequía del último siglo”. (“Emergencia hídrica en Chile: El 99% de las personas apoya priorizar el consumo humano”, Futuro 360, 14/06/2020)

Aún así resulta interesante ver cuáles son los nexos de este Estado “nacional” con las fuerzas imperialista, el grado de apertura de la economía hacia el exterior y su incorporación al proceso de globalización que es la forma que tienen las fuerzas imperialistas de denominar precisamente al desarrollo del imperialismo mismo.

Se sabe que una de las características de la economía chilena, del capitalismo, es que es una de las más abiertas e integrada al concierto mundial que se traduce en la firma de 25 tratados de libre comercio y su participación en organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE el Consejo de Seguridad de la ONU, y otras como el puesto que hoy ocupa Bachelet como Alta Comisionado de Derechos Humanos.

Esta situación también ha ahondado el carácter depredador, extractivista y productivista del capitalismo hoy en Chile. El desastre ecológico-medio ambiental es evidente. La apropiación y robo del agua por parte de las industrias agrículas y mineras, entre otras, ha hecho que este recurso escasee, que avance la desertificación a una mayor velocidad, que se vaya a producir un desastre y emergencia humanitaria de proporciones que la vida se encuentra cada vez en peligro.

Conciente del desastre producto de su modelo productivo, la clase dominante no pierde el tiempo y avanza en una mejor profesionalización de sus fuerzas armadas y policiales. En el caso de las primeras las somete cada tiempo a su reducción y mayor equipamiento, ocurriendo algo similar con las policias.

El Estado sigue enviando a efectivos militares a la Escuela de Panamá, mantienen lazos de cooperación con la CIA, el FBI, el Mossad, Interpol, la DEA y con organismos regionales de coordinación de los Estados Mayores de las fuerzas armadas latinoamaricanas y policiales. Todo esto en función de desarrollar los planes contrainsurgentes.

TRES MOMENTOS DE NUESTRA HISTORIA

“Pero el desarrollo de la historia, la marcha ascendente de la humanidad no se detiene ni puede detenerse. Las fuerzas que impulsan a los pueblos, que son los verdaderos constructores de la historia, determinadas por las condiciones materiales de su existencia y la aspiración a metas superiores de bienestar y libertad, que surgen cuando el progreso del hombre en el campo de la ciencia, de la técnica y de la cultura lo hacen posible, son superiores a la voluntad y al terror que desatan las oligarquías dominantes.”

“Las condiciones subjetivas de cada país, es decir, el factor conciencia, organización, dirección, puede acelerar o retrasar la revolución según su mayor o menor grado de desarrollo, pero tarde o temprano en cada época histórica, cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia se adquiere, la organización se logra, la dirección surge y la revolución se produce.” Segunda Declaración de La Habana

En el caso específico de Chile ha habido tres momentos en la historia reciente donde el pueblo se ha comportado en forma ejemplar y donde los partidos de la izquierda, en general, no han estado a la altura para responder a esa combatividad.

El proceso de la Unidad Popular (1970-1973), la lucha contra la dictadura (1982-1990) donde el accionar miliciano y armado fue lo que hizo diferente ese período a los anteriores y en la reciente revuelta social o proletaria (Octubre, 2019 -….). En estos tres momentos, en el primero definido por algunos como una situación pre-revolucionaria y también el segundo, pilla a la izquierda sin capacidad de responder y conducir ese impetu popular, sin una estrategia revolucionaria de poder y sin haber construido una real y efectiva herramienta revolucionaria ocurriendo lo mismo durante el 2019.

En el primer caso (Unidad Popular), los partidos y movimientos de izquierda carecieron de una estrategia revolucionaria de poder de carácter político-militar, de una fuerza militar propia (los partidos de Unidad Popular descansaban sobre los sectores constitucionalistas de las fuerzas armadas entendida por ellas “el brazo armado de la burguesía”, en la unidad estratégica de la izquierda y en la ausencia de una dirección revolucionaria sustentado en partido revolucionario que pudiera llevar a cabo la lucha efectiva contra la estrategia reaccionaria.

La oligarquía y el imperialismo sí tuvieron una estrategia reaccionaria de poder, si asumieron la lucha armada (golpe de estado) contra el movimiento popular y en defensa de sus intereses de clase y si, como siempre lo han tenido, tuvieron una política-militar que les permitió compactar a las fuerzas reaccionarias detrás de un mismo y sólo objetivo estratégico: mantenerse en el poder, perpetuarlo.

En el segundo caso (Dictadura Militar-Burguesa), los partidos integrantes de la Unidad Popular fueron fuertemente golpeados no tan sólo en el asesinato de sus cuadros dirigentes, de sus militantes sino también ideológicamente. Gran parte de estos pasaron de ser reformistas de izquierda a un proceso de renovación ideológica que sepultó todo contenido revolucionario que pudieron cobijar esos partidos para pasarse derechamente al campo de la socialdemocracia y abrazar una alianza estratégica con el sector político burgués hegemónico, Democracia Cristiana. Asi asumieron el programa político-económico-social de la dictadura como propio (Transición pactada, neoliberalismo), su sumisión absoluta al imperialismo y a las transnacionales y por tanto su contenido anti democrático y anti popular.

Desde el Partido Comunista, si bien este asumió el “vacío histórico” entendiéndolo como el error de no considerar el aspecto militar dentro de su política sólo avanzó en la construcción de un aparato armado (Frente Patriótico Manuel Rodríguez) sin que ello significara la elaboración de una estrategia revolucionaria integral ni menos que haya desechado su visión reformista de su camino hacia la “toma del poder” sustentada en el electoralismo, etapismo, y reformismo teniendo como centro la búsqueda de unidad con sectores de lo que llaman “burguesía nacional progresista” antes que con sectores revolucionarios.

En este período la táctica de Partido Comunista se limitó a la consigna de ¡Democracia, ahora! sin especificar que esa democracia que se buscaba restaurar era precisamente una democracia burguesa / capitalista y sin poner en el centro que la lucha principal era precisamente la lucha por el poder y que el deber de ese momento era convertir la lucha y combate contra la dictadura en una lucha revolucionaria, anti capitalista y anti imperialista. El problema no era Pinochet sino el poder.

En el mismo momento en que el aparato armado del PC realizaba las acciones, crecían las milicias populares, los comités de autodefensa de masas, las unidades de combate, este negociaba con al Democracia Cristiana y con otros sectores burgueses de oposición a la dictadura para buscar una salida política. No tardó mucho en aceptar el itineraria impuesto por la dictadura y la oposición burguesa desmantelando a un sector del FPMR que se mantuvo bajo su mando, desarticulando las organizaciones de combate popular, interviniendo el movimiento popular e inscribiéndose como partido legal para participar en la campaña presidencial donde apoyó a Patricio Aylwin dándole al marco político-jurídico de la dictadura legitimidad.

Increíblemente, después de una dictadura militar-burguesa que durara 17 y después que la oligarquía, junto a los partidos burgueses, derrocaran a un gobierno legítimo implementando el terrorismo de estado, la clase burguesa logra reencauzar al movimiento popular hacia el interior del Estado Burgués, hacia el interior del parlamento, imponiendo una transición pactada y poniendo en La Moneda a uno de los conspiradores y golpistas más icónicos.

En el segundo caso (Revuelta Social, 2019) las políticas reformistas de los antiguos partidos de izquierda se han mantenido y sus política lejos de interrumpirse y modificarse se han prolongado y perfeccionado.

Si desde 1990 el PC buscó siempre ser incluido en el festin del poder neoliberal realizando en cada elección pactos de omisión con los partidos de la Concertación, sustentadora del neoliberalismo, logra se invitado recién en el primer gobierno de Bachelet donde declara que con la Democracia Cristiana tiene una alianza estratégica.

Si en dictadura tuvo el estómago de apoyar a Patricio Aylwin y desactivar los órganos de combate, en el contexto de la revuelta se lanzo al salvaje del gobierno de Piñera no convocando a una Huelga General Productiva, renunciando a la demanda de una Asamblea Constituyente, entrando al proceso de Convención Consititucional la cual vulnera gravemente la soberanía popular, la echa por tierra. Nuevamente, el proyecto es perfeccionar la democracia burguesa, reformar el Estado desde el punto de vista administrativo sin que pierda su esencia oligáquica capitalista y mantener la concepción burguesa de sociedad.

En todos estos tres momentos históricos lo partidos reformistas han actuado como lo que han sido siempre, traidores a los intereses genuinos del pueblo en ausencia de un bloque revolucionario de peso que tuviera la capacidad de hacer frente tanto a las traiciones del reformismo como a las políticas reaccionarias de la burguesía. La ausencia de este sector organizado revolucionario es la explicación y razón de fondo para que los partidos reformistas sigan dirigiendo los procesos populares aun cuando el pueblo haya puesto el pecho a las balas en estos tres momentos cruciales de la historia.

Si bien cada pueblo debe buscar sus propias estrategias y tácticas desde su propia realidad eso no significa de modo alguno el intentar, desde esa creatividad e innovación, buscar la humanización del capitalismo, aliarse con los sectores burgueses para terminar asumiendo su programa, perfeccionar la democracia burguesa y renunciar a la construcción de un poder revolucionario.

¿DICTADURA v/s DEMOCRACIA?

En este sentido es necesario señalar que tanto la forma de gobierno ya sea en la forma de dictadura militar o en su forma de democracia burguesa constituyen dos herramientas de la clase dominante para diferentes períodos.

Utiliza la dictadura militar cuando siente que su poder se encuentra amenazado, cuando ha perdido toda credibilidad y legitimidad en las masas, y cuando la clase dominante requiere reordenar su poder, y su modelo productivo para lo cual requiere situarse fuera de su propia legalidad y aplastar todo intento de rebeldía. Requiere también dar con un nuevo marco jurídico-constitucional.

La oligarquía/burguesía/imperialismo requirió de 17 años de dictadura para reordenar las fuerzas capitalistas, readecuar el marco polítíco-jurídico (constitución) para normar la nueva forma capitalista a imponer (neoliberalismo). Redifinieron y asentaron una nueva forma de Estado capitalista en su versión de Estado Subsidiario y sólo abrieron las compuertas para la “vuelta a la democracia” (democracia capitalista por cierto) cuando ya el pueblo se encontraba desarmado, cansado y en pleno reflujo y sin partidos de izquierda que tuvieran la intención y/o capacidad de transformar la lucha anti dictatorial en lucha revolucionaria.

Situar entonces la disyuntiva, en tiempos de la dictadura entre Dictadura v/s Democracia es no entender que ambas son caras de una misma moneda de la clase dominante y que ambas mantienen el modelo de dominación en circunstancias polítcas y sociales diferentes. Dos herramientas de la misma clase dominante.

Este error se vuelve a repetir cuando en su último congreso el Partido Comunista que hoy la disyuntiva, al contradicción es Democracia v/s Neoliberalismo. ¿Entenderá el Partido Comunista que la democracia capitalista no es una dictadura del capital disfrazada ante los ojos de las masas? ¿Pensará que si se supera el neoliberalismo entonces la dictadura del capital desaparecerá?

NUEVA CONSTITUCIÓN ANTIGUA DICTADURA OLIGÁRQUICA

Como hemos dicho en este documento, las constituciones no son más que la expresión de la voluntad de la clase dominante y que reflejan la etapa de desarrollo en que se encuentra el capitalismo como también, al estar vigentes estas constituciones por un período estimado de 30 a 40 años, las constituciones también plasmas el proyecto estratégico-capitalista para ese lapso de tiempo. Es la oligarquía la conduce los cambios constitucionales porque es en ella donde se encuentra radicado el poder total e integral. Es ella la que busca imponer una salida oligárquica/burguesa a la crisis de su modelo capitalista de producción que se ve influída por las disputas inter imperialistas. Busca relegitimar su puesta en escena de la democracia burguesa situando y limitando la lucha del pueblo a mayores libertades individuales simbólicas sin ceder el poder real.

La Convención Constitucional que se instalará el 11 de abril (2021) constituye esa salida burguesa impuesta y asumida por el conjunto de los partidos burgueses, con sus matices, en el cual también se incluyen a los partidos progresistas-reformistas de “izquierdas”. Es la forma que encontró la clase dominante de domesticar al movimiento social y reencauzarlo hacia el interior del Estado y dentro del marco político-jurídico burgués-capitalista.

Antes del Golpe de Estado (11 de septiembre, 1973) se encontraba vigente la Constitución de 1925 que reemplazó la Constitución de 1833 que durara sólo 5 años. La constitución de 1925 regiría la vida del país, de las clases 48 años. En ese período el capitalismo, su desarrollo, se encontraba con un Estado, también capitalista, más fuerte e interventor, creador de empleo y con una masa enorme sin los más mínimos derechos.

Aun así, como el objetivo era, también, estabilizar el poder, consolidarlo ante la nueva etapa de desarrollo capitalista, unir a la clase dominante detrás de una misma visión estratégica y dinamizar las ganacias, la Constitución del 25 señalaba lo siguiente:

Artículo 2
La soberanía reside esencialmente en la Nación, la cual delega su ejercicio en las autoridades que esta constitución establece”.

Artículo 3
“Ninguna persona o reunión de personas pueden tomar el título o representación del pueblo, arrogarse sus derechos, ni hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo es sedición”.

Artículo 4
“Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias , otra autoridad o derechos que los que expresamente se las hayan conferido por las leyes. Todo acto en contraversión a este artículo es nulo”.

Sobre la Nación
Esta concepción burguesa de reducir la soberanía a la “Nación” y no en el pueblo se mantendrá en la nueva carta fundamental porque constituye lo que los burgueses llaman “tradición constitucional”. Tenemos que entender por nación no el pueblo, ni menos el pueblo organizado, como tampoco el proletariado sino debemos entender por “nación” a la clase dominante, a la oligarquía, a la burguesía, es ahí donde radica la soberanía. Claro está es una sociedad de clases donde la clase dominante tiene el poder totalitario que emana desde la propiedad sobre los medios de producción social.

Sobre la Sedición
Este concepcto de “sedición”, este mismo artículo sería impensable que se haya plasmado en la Constitución del 80, hoy vigente, por cuanto quienes la redactaron justamente fueron las fuerzas sublevadas que cometieron sedición, que trasgredieron la misma constitución burguesa que juraron respetar y que refundaron la sociedad capitalista.

Sobre los Actos Nulos
Pero lo más interesante es la concepción sobre los “actos nulos” ligados a quienes se arrojen derechos y autoridad que la ley no le conferido. Desde esta perspectiva TODOS los actos políticos-jurídicos que se desarrollaron desde el mismo día del golpe de estado hasta hoy, 2021, son NULOS. Es decir, carecen de toda legitimidad jurídica por cuanto es y han sido producto de fuerzas sediciosas, sublevadas que se “tomaron” el poder, claro con el apoyo de la clase dominante que ya lo tenía.

Sin embargo, la transición pactada (1990 hasta hoy) a la democracia, las sucesivas reformas a la esa constitución, las sucesivas elecciones y gobiernos hizo que esos actos de ilegalidad (burguesa) fueran recubiertos por una legalidad y legitimidad aparente dentro de los marcos jurídicos burgueses. La Convención Constitucional (abril, 2021) se desarrollará dentro de la ilegalidad e ilegitimidad originaria que se impuso el 11 de septiembre de 1973.

NOTA:
Cabe aclarar que aquí el argumento de legalidad y de ilegitimidad no quiere decir que se considere la sociedad de clases y sus derivados como legítimos, estamos claro que no lo son y que el derecho como se ha visto antes, es un instrumento de y para la dominación. Los conceptos de legalidad y legitimidad se usan aquí para demostrar las propias contradicciones del Derecho Burgués, del Estado de Derechos y lo relativo que pueden ser según los intereses de clase y del período histórico en que se encuentra su implementación y el estadio en que se encuentra el programa de los capitalistas.

En cada una de las rupturas, convulsiones sociales la clase dominante logra imponer su programa y salida burguesa destina a reconvencer al pueblo de las bondades de su sociedad de clases. En cada una de ellas coapta a sectores del pueblo que se muestran débiles ideológicamente o que simplemente han cruzado la vereda y se han convertido en sus colaboradores y que no tienen problemas en bailar dentro de los marcos impuestos disfrazando esa cobardía esencial bajo un discurso de rebeldía aparente.

Las sucesivas reformas de la Constitución del 80 hasta que Ricardo Lagos estampó su firma junta a la de Francisco Vidal y cuando Lagos declaró que ahora la constitución era plenamente democrática representativa de todos hasta la realización de la próxima Convención Constitucional sólo tiene como finalidad el borrar definitivamente la ilegalidad de todos los actos ocurridos desde 1973 hasta ahora y revitalizar el capitalismo.

Porque, desde el punto de vista del Derecho Burgués, ¿qué es lo que que corresponde cuando el Estado de Derecho es quebrantado, roto?

Lo que corresponde desde esa perspectiva es la “restauración” del mismo régimen democrático-burgués antes de ese quebrantamiento tal cual era pero en el caso de Chile, dicha restauración demoburguesa, Transición a la Democracia, no se realizó restituyendo la antigua Constitución del 25 sino se hizo en base al orden jurídico impuesto por las fuerzas sublevadas y sediciosas que no tenía más legitimidad que aquella emanada desde el fusil y del tanque como también de la cobardía de los burgueses “progresistas”. Es decir, la nueva fuerza hegemónica burguesa se impuso al resto de las facciones e impuso su programa. También, el pacto de transición renunció a restaurar el imperio de la Constitución del 25 y proceder a anular los actos jurídicos realizados durante los 17 años de la dictadura militar porque la transformación económica capitalista-neoliberal ya se había consolidado y ya los sectores burgueses agrupados en la “oposición” a la dictadura se encontraban plenamente comprometido con ese modelo económico y como ya sabemos las constituciones son el reflejo del tipo de economía en que se implementa y en este caso de la etapa de desarrollo del capitalismo. La Convención Constitucional, su salida, se inscribe en ese mismo camino de blanqueamiento de todo el modelo neoliberal y de relegitimazación de todo el modelo histórico de la clase dominante.

El movimiento social, aun cuando muestre una combatividad extrema, no podrá vencer a la clase dominante por sí sólo si no cuenta o no se hermana con una fuerza revolucionaria en forma que reúna todos los pre requisitos antes mencionados y que hoy claramente se encuentran ausentes.

Presentado, un sector del movimiento social, por sí solo, en los marcos de esta Convención Constitucional no sólo habrá hipotecado su fuerza y credibilidad originaria, de lucha frontal, validando el sistema político que tanto repudió sino que no logrará los cambios estructurales necesarios y de paso ayudará para legitimar la salida burguesa-parlamentaria y dentro de los marcos del Estado de uno de los estallidos más potentes que tenga registro la historia reciente.

La incorporación de este sector a esta salida burguesa fue la renuncia, quizás momentánea, del proyecto original cual es que derrocar el neoliberalismo, a la clase empresarial, a los 11 pilares, al gobierno y a la clase política desde fuera de la institucionalidad burguesa, no renunciar a la lucha callejera masiva e insurrecta e desarrollar todas las fuerzas para la realización de una Asamblea Constituyente Autoconvocada desde afuera de los marcos del Estado Capitalista y desde los territorios. Este es el mismo librero etapista que se impuso en la transición y que fue asumido en esa época por sectores de izquierda que al final validaron toda la transición pactada, toda la salida burguesa.

En este contexto, serán nuevamente los sectores pro capitalistas los que impondrán su programa por cuanto no sólo cuenta con el poder que le otorga su condición de clase dominante pero tambíén porque la fuerza contraria no cuenta con una estrategia, táctica, dirección revolucionaria, programa ni partido revolucionario sólido que sea capaz de disputarle el poder.

LA CRISIS QUE ENFRENTA LA OLIGARQUÍA EN CHILE

Con toda esta información que aquí aparece, que es escasa, podemos dar una pista de la profundidad de la crisis del capitalismo en Chile que no se resuelve con el mero cambio de la constitución que en sus líneas gruesas ya se encuentra discutida y pactada, nuevamente, de espaldas al pueblo.

Todo indica que la magnitud y profundidad de la crisis tampoco se resuelve con múltiples estallidos sociales, aunque son en sí un avance importantísimo en el proceso de acumulación de fuerzas y de la necesaria construcción de una dirección revolucionaria, sino que se resuelve solamente con una revolución social. ¿po qué?

Dejemos planteadas algunas interrogantes y con sólo la respuesta de Sí / No en cada una de ella solamente para incentivar el debate y la elaboración de respuestas mucho más profundas.

1. Si son 11 los Pilares del Neoliberalismo, ¿la crisis del capitalismo se resuelve con una nueva constitución? ¿Qué ocurre con los otros 10 pilares restantes? ya que el modelo económico es un todo y no sólo una parte. Respuesta: No.

2. ¿Puede una Convención Constituyente que se encuentra sometida al quorum de 2/3, de la imposibilidad de cambiar el modelo económico y los tratados de libre comercio, y que a la vez se encontrará tutelada por la OCDE en su redacción de la nueva constitución sacar a este país de la crisis en que se encuentra? No.

3. La crisis de capitalismo, por su profundidad y magnitud, ¿se puede resolver dentro de los marcos de la democracia burguesa-capitalista y de su Estado? No.

4. La oligarquía en el actual contexto de proceso constitucional, ¿cederá su poder, cambiará el modelo económico-social en favor de las grandes “mayorías postergadas”, del proletariado?No.

Pareciera ser que la crisis del capitalismo en Chile es de carácter multidimensional y simultáneo siendo estas dos características las que pueden señalarnos que el colapso que se espera del modelo chileno va de la mano del colapso civilizartorio tantas veces anunciado a nivel planetario.

Si la crisis es multidimensional y simultánea, entonces, lo que se encuentra en peligro, en Chile como en el mundo, son todas las formas de vida. Así, la revolución se alza como el único movimiento en el contexto actual que tiene como finalidad estratégica el defender todas las formas de vida, la humanidad y el planeta.

El abrazar la revolución constituye hoy una decisión de tremenda importancia porque de no hacerlo cabe la posibilidad cierta que llegue un momento en que ya no quede nada por salvar, incluyendo nuestras propias vidas, porque llegará un momento en que todo estará destruido, y pronto a su fin.

¿Por qué es dable pensar que la crisis es multidimensional y simultánea?

Porque la presente crisis no es meramente económica, que se resuelve solamente con el alza del salario mínimo, o con el término del estado subsidiario, tiene que ver también con el incremento sideral de la concentración de la riqueza, del poder.

Tiene que ver que esa concentración, y distribución inequitativa del ingreso, hace que el Estado sea cada vez más represor y la sociedad más violenta.

Tiene que ver que a la crisis económica se le une la crisis medioambiental, que se le une también la crisis política de ilegitimidad masiva hacia el aparato político-legislativo-judicial.

Tiene que ver también con la crisis de las autonomías de los pueblos originarios que tampoco se resuelve con la asignación de escaños en la Convención Constitucional sino con el control territorial de sus tierras ancestrales y con la expulsión de las fuerzas invasoras colonialistas.

Tiene que ver también con la crisis del patriarcado, de la violencia de género, contra la mujeres y contra las disidencias sexuales.

Tiene que ver con la crisis de la ideología y cultura dominante. También tiene que ver con la dependencia de las fuerzas imperialistas neocoloniales.

Tiene que ver en definitiva con la superación del Estado Capitalista.

Todas estas crisis (multidimensional) están mostrando profundas fisuras, grietas, terremotos, tsunamis, todas al mismo tiempo y es esa simultaneidad (urgencia) lo que hacer que las fuerzas capitalistas y oligárquicas sean capaces de resolver todas estas, y muchas más que se van presentando, a la vez. La incapacidad de respuesta como consecuencia de la falta de voluntad política de realizar un cambio radical, antes que todo sea tarde, hace que la paciencia ya se haya acabado y que la no respuesta produzca una respuesta mucho más violenta de lo que ocurrió en Octubre del 2019.

Ese choque de trenes nos debe llevar a la conclusión que las fuerzas revolucionarias ya no tienen tiempo de sobra para el debate de altura y gastar tiempos en problemas filoideológicos, que pueden ser muy interesantes, sino que estamos con el tiempo en contra y debemos apurar el tranco para dar forma a esa dirección revolucionaria conjunta y fraterna que pueda ayudar a ahondar la crisis presente y dar los pasos tendientes a la construcción de una nueva sociedad que tenga como centro la defensa de todas las formas de vidas.

Si a esto descrito, someramente, s agrega la gran herramienta implementada durante el 2020, pandemia-cuarentena, entonces el cuadro se completa un poco más en lo relativo a la crisis y a la represión ejercida por el Estado. La pandemia o guerra bacteriológica de seguro continuará. En ella han descubierto la más efectiva campaña del terror de los últimos tiempos como la forma más efectiva de desmovilizar al pueblo para llevar a cabo las políticas de “estado” que en circunstancias normales les hubiese sido mucho más difícil.