CHILE: SANCIONA EL “NEGACIONSIMO”, PERO A LA MEDIDA
La Comisión de Ética de la Convención Constitucional aprobó la definición de “negacionismo”, y sus sanciones, en relación a las violaciones a los derechos humanos, los crímenes contra la humanidad y el terrorismo de Estado ocurridas tanto durante la dictadura militar-burguesa (1973-1990) como durante el estallido social (2019-2020). Sin duda esta medida ha causado profunda molestia al interior del gobierno de Piñera y sus seguidores por cuanto saben que su manos están manchadas con sangre. Sin embargo, la historia se encuentra inconclusa.
Señalar que en el pasado reciente existen sólo dos períodos donde se violaron los derechos humanos, se cometieron crímenes contra la humanidad, etc constituye una falacia histórica y es negar las violaciones y crímenes cometidos durante la transición a la democracia (1990-2019 antes del estallido).
Uno de los acuerdos de la transición pactada entre las fuerzas de la dictadura y la oposición burguesa a ella fue la desarticulación tanto del movimiento popular nacido durante la dictadura como de los movimientos armados nacidos en el mismo período. Ello tuvo como consecuencia la creación de la Oficina de Seguridad Pública, la Cárcel de Alta Seguridad reservada para prisioneros revolucionarios que albergaron a más 500 presos todos ellos sometidos a torturas, la reclusión de mujeres revolucionarias en una cárcel para hombres (Cárcel de San Miguel), el asesinato de militantes revolucionarios en falsos enfrentamientos, los montajes y condenas excesivas que obligó a la amnistía de las Leyes Cumplido.
Durante todo este período, la Concertación y sus gobiernos sucesivos negaron la existencia de prisioneros políticos y las graves violaciones a los derechos humanos al igual que lo hace hoy la derecha fascista y el gobierno de Piñera. La única diferencia es que el contexto político de ese entonces, que era el auge del neoliberalismo cuyo centros imperialistas ponían a Chile como ejemplo y modelo a seguir, contaron los gobiernos de la Concertación, con el apoyo de los países de la Unión Europea y de EEUU para negar dichas violaciones.
También durante esos 30 años de transición no sólo se criminalizó a los movimientos sociales sino que las fuerzas de la represión desarrollaron el terrorismo policial donde estudiantes secundarias, adolescentes, fueron abusadas por esas fuerzas en el contexto de las marchas estudiantiles del 2011 denuncias que constan en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En ese período no sólo se reprimió, abusó y secuestraron a dirigentes estudiantiles sino que el Ministerio de Educación, a través de los directores de los establecimientos municipales y subvencionados-particulares, expulsaron a más de 3000 estudiantes como consecuencia de las movilizaciones y tomas de establecimientos educacionales negando así el derecho a la protesta social.
También en ese período se militarizaron las comunidades mapuche, la Araucanía causando la muerte y tortura de comuneros como la prisión política de ellos junto a montajes policiales de inteligencia. Se encuentra documentado todos esos hechos, donde los testigos sin rostro y la violación de los derechos humanos de la infancia mapuche fue y es evidente. El terrorismo fue instalado en la Araucanía, desde la aplicación de la Ley Anti Terrorista, el Comando Jungla, en el desarrollo de la concepción del “enemigo interno” en dicha zona.
A los anterior se suman las graves violaciones a los derechos humanos de la niñez y adolescencia proletarios recluidos en los centros de tortura que son las dependencias del Sename (Servicio Nacional de Menores) en los cuales se ha torturado, utilizado a esos menores en el tráfico sexual y de órganos y donde muchos fallecieron sin explicación creíble.
La exclusión de este período de este acuerdo anti negacionista no es más que el intento de blanquear la historia de la Concertación y continuar así con la falsedad histórica que dice que durante 30 años, los años de la Concertación y de Piñera, no se violaron los derechos humanos. Los recientes testimonios y hechos aparecidos en algunos libros que relatan el período aquel dicen todo lo contrario.
Los derechos humanos se defienden en base a la verdad histórica y no desde su falsedad por más crisis en que se encuentre el progresismo y su imposibilidad de llegar a acuerdos electorales. Mentir y falsear la historia es también parte del negacionismo que pretenden y dicen condenar. La Concertación y sus dirigentes deben responder por estos hechos ante la justicia. La justicia y condena aun está pendiente.
Para seguir leyendo
“Rebeldía, Subversion y Prisión Política: crimen y castigo en la transición 1990-204”, Pedro Rosas
https://archivochile.com/carril_c/cc2012/cc2012-072.pdf“
“Agresiones sexuales de la fuerza policial, hacia las estudiantes, durante las manifestaciones estudiantiles de los años 2011 y 2012”, Londres 38 / Usach
https://www.londres38.cl/1934/articles-105068_recurso_1.pdf
Informe de la PDI sobre el Sename
15 comuneros mapuche asesinados en los gobiernos de la Concertación y la derecha
