CHILE: TERRORISMO DE ESTADO Y PROGRESISMO
(UN CUENTO DE NUNCA ACABAR. ¿ACABARÁ?)
INTRODUCCIÓN
Las violaciones a los derechos humanos, los crímenes contra la humanidad y el terrorismo de estado han estado siempre presente a lo largo y ancho de la historia de los pueblos desde la llegada de los invasores llamados colonizadores como hasta el presente.
El sólo hecho que significó la instauración del Estado, de la república, de la nación y de la identidad impuesta no pudo haber sido posible sin el antes derramamiento de sangre cometido contra los pueblos originarios, las primeras naciones, e instaurar esa cultura judeo-cristiana, europeizante, blanca, racista y patriarcal.
A lo largo de la historia de Chile se han cometido 25 matanzas contra el proletariado y qué decir contra el Wallmapu donde la guerra de resistencia contra los invasores fue ejemplar y donde aquello que llaman la “pacificación de la Araucanía” continúan hasta el presente. Si bien el territorio ancestral fue anexado al Estado Chileno al igual que lo hace el sionismo con los territorios palestinos cuyo objetivo es barrer de la faz de la tierra al pueblo palestino, la misma lógica desarrolla e implementa el Estado Chileno invasor y la resistencia del Pueblo-Nación Mapuche es la misma que desarrolla ejemplarmente, también, el pueblo palestino.
Con toda esa carga histórica, y ante este nuevo ciclo abierto por el estallido social (2019), se hace necesario mirar hacia atrás en nuestro pasado reciente y próximo para analizar las violaciones a los derechos humanos y cómo estas se entrelazan con la imposición de la impunidad para los criminales, la ausencia absoluta de verdad, justicia y reparación para las víctimas y cómo todo aquello se colude con la negociación de espaldas al pueblo entre las fuerzas progresistas que se levantan como las defensoras de los derechos elementales con aquellas fuerzas francamente oligárquicas, fascistas y represoras.
Resulta también muy necesario tener estos elementos en cuenta dentro del contexto de la redacción de la nueva constitución burguesa-oligárquica que dará nacimiento en la Convención Constitucional durante los 2 años que dure. Tener en claro quiénes son los que levantan desde el progresismo con la intención de apropiarse de un estallido social del cual ellos son también responsables directos de las causas políticas-sociales-económicas y que ahora se presentan con discursos llenos de frases clichés que sólo buscan acomodar y perpetuar el modelo de dominación.
No sólo la derecha fascista tiene sus manos manchadas con sangre sino también el progresismo o como les gusta llamarse la centro-izquierda. Ambos sectores políticos si bien se presentan diferentes política y orgánicamente son las dos caras que tienen la clase dominante de hacer presente y de defender sus intereses de clase. A la falta de un sector político que la defienda siempre está el otro que llene el espacio.
LA HISTORIA RECIENTE (1973-2021)
Primera Ola de Violaciones a los Derechos Humanos.
La Dictadura Militar-Burguesa (1973-1990)
La Transición a la Democracia ha sido mostrada por los artífices de la Concertación como ejemplar y exportable a otras latitudes del mundo. Los núcleos esenciales de esta experiencia son la conciliación de intereses entre las fuerzas represivas y las fuerzas reprimidas que cedieron todo su programa político para asumir el de sus represores. También es la forma que encontraron las distintas facciones burguesas de unificar el programa de la clase dominante a las nuevas circunstancias políticas y así salvaguardar sus intereses de clase como los del imperialismo y de las transnacionales en un mundo globalizado.
En el ámbito de los derechos humanos, y con la finalidad de “avanzar en esa reconciliación nacional” necesaria para alcanzar esa “paz social (burguesa)” tan deseada para desarrollar aun más el capitalismo, y la democracia capitalista, fue traicionado desde sus inicios.
Patricio Aylwin, primer presidente electo pos dictadura militar burguesa y uno de los principales impulsores del golpe de estado contra Salvador Allende, impuso aquello de la “justicia en la medida de lo posible” y la justicia en los “casos emblemáticos”. Lo primero fue la forma de encubrir la impunidad sobre los crímenes contra la humanidad y el terrorismo de estado tergiversando los tratados internacionales de derechos humanos y el derecho que le asiste a las víctimas de la presión a la justicia. Reducir la justicia, como la investigación de esos crímenes se traduje en aquello de los “casos emblemáticos” entendiendo por ellos aquellos casos de mayor conmoción pública como, por ejemplo, el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Estados Unidos.
Pero esa política de impunidad, de reconciliación nacional, de perdón entre víctimas y victimarios también fue plasmado en el informe emanado de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990-1991) conocido también como Informe Rettig. Es significativo que a pesar que la comisión fue integrada en su mayoría por personeros ligados a la democracia cristiano, siendo el abogado Raúl Rettig, quien presidía la comisión, del Partido Radical, que también la integrara Gonzalo Vial Correa.
¿Quién era Gonzalo Vial Correa?
Gonzalo Vial Correa fue un abogado e historiador de derecha y autor del “Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile” donde “denunciaba” el “Plan Zeta” (que se demostró como falso). Apoyó el golpe de estado y la dictadura. Sobre él recayó esencialmente la elaboración del marco político-histórico del Informe Rettig fundamental para imponer la impunidad y exculpar a las fuerzas armadas de los crímenes contra la humanidad.
Es así como ya en el Capítulo II sobre normas, conceptos y criterios (página 11) señala que: “En las circunstancias que vivió Chile en el pasado reciente, se llegó a graves excesos de intolerancia y división entre los chilenos, cuyas manifestaciones más extremas fueron la muerte y la tortura de las personas”.
Es llamativo como los crímenes contra la humanidad y el terrorismo de estado son denominados “excesos de intolerancia” y como el golpe de estado por parte de las fuerzas armadas sediciosas y alzadas contra un gobierno legítimo es matizada como “división entre los chilenos”.
Cuando en la parte introductoria la Comisión avanza sobre “las leyes de la guerra o derecho internacional humanitario” señala que “…el recurso a la guerra si se trata de la legítima defensa de la nación, de aliados o de otros valores de importancia, frente a una injusta agresión; y justifican la rebelión armada en contra de un régimen sólo cuando no existe otro recurso para poner fin a una tiranía…” ante esto la Comisión se abstuvo de entrar en el debate lo que significa, en términos políticos-históricos que el golpe de estado, el alzamiento de las fuerzas armadas sediciosas contra un gobierno legitimo no es visto como un acto de guerra ilegítimo al no concurrir ninguna de las circunstancias que la misma Comisión menciona como requisito que pudiera justificar la acción bélica. Peor aún ya que también se abstiene cuando el pueblo y sus organizaciones ejercieron el derecho a la rebelión y lucha armada contra la tiranía. Es como si los crímenes contra la humanidad hubiesen ocurrido en el aire o como consecuencia de esa “división de los chilenos” sobre la cual tampoco señala las causas de esa “división”. Es el negacionismo en cuanto a ver el golpe de estado como un acto de guerra ilegítima interna y a ver el ejercicio del derecho de rebelión como expresión de conflicto armado.
Debido a este “silencio” de la Comisión, y ante la pregunta ¿quién viola los derechos humanos?, la comisión determinó que a pesar que el derecho internacional define al Estado y sus agentes como quienes violan los derechos humanos por el monopolio de la fuerza que les asiste y por el deber de proteger estos derechos, la Comisión establece que los crímenes contra la humanidad que se cometieron fueron actos individuales, del militar mismo y solamente del militar, argumento que tuvo como objetivo exculpar al conjunto de las fuerzas armadas y de orden (responsabilidad institucional) y asegurar la impunidad al alto mando de las mismas como de los integrantes de la Junta Militar que fue parte de la negociación que llevó a la transición pactada y a la instauración de la democracia protegida o de seguridad nacional.
Informe Comisión Rettig
http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/informe-rettig.htm
El camino hacia la impunidad prosiguió su camino en el marco de la transición pactada o de la democradura.
Durante todo este período, hasta hoy, los sucesivos gobiernos civiles-burgueses han mantenido la Ley de Amnistía (1978), la Ley Anti Terrorista, la impunidad al alto mando de las fuerzas armadas, del poder judicial, y de los miles de agentes de los servicios del exterminio. El centenar de efectivos condenados por crímenes contra la humanidad no da cuenta de los miles que integraron esa máquina de exterminio.
En 1999, el gobierno de Eduardo Frei crea la Mesa de Diálogo integrada por el gobierno, por abogados de derechos humanos, miembros de las fuerzas armadas, autoridades religiosas, culturales y de la ciencia. Esta mesa tenía como objetivo la de recabar antecedentes del paradero de los detenidos-desaparecidos y romper el “pacto de silencio” de las fuerzas armadas. Este objetivo no se cumplió porque lejos de alcanzar esa meta, a corto andar se descubrió que la información entregada por las fuerzas armadas era falsa y tenía como finalidad la de confundir y estorbar la búsqueda de los detenidos-desaparecidos. En esta mesa también se encontraba, nuevamente, el historiador Gonzalo Vial, curiosamente.
Cabe señalar que la Mesa de Diálogo nace también en el contexto que el asesino Augusto Pinochet Ugarte es detenido en Inglaterra siendo esta la única posibilidad que se presentaría para que fuera juzgado por crímenes contra la humanidad ante tribunales españoles acción emprendida por el juez Baltazar Garzón. Fue precisamente el mismo gobierno de Frei el que, mediante la acción de su ministro socialista, José Miguel Insulza, logra rescatar a Pinochet de la justicia internacional, traerlo a Chile y cumplir con el pacto de impunidad.
El 2002, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, asume la comandancia en jefe del ejército, el general Juan Emilio Cheyre. Esta pasará momentáneamente a la historia como el “general del nunca más” en el entendido que éste se habría comprometido a que las fuerzas armadas no se volverían a involucrar en nuevas y futuras violaciones a los derechos humanos. Ricardo Lagos tuvo elogiosas palabras para con el general.
Posterior a su salida del ejército, Cheyre es designado como miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral donde este tendría acceso a todos los antecedentes de los electores. Esto bajo el gobierno de Piñera (2012) y con la aprobación del senado de la república.
Pero fue en esta época donde aparecen las denuncias de ex prisioneros políticos donde acusan que este general del nunca más había participado en a lo menos 26 consejos de guerra donde se sentenciaron sumariamente a prisioneros políticos para luego ser fusilados. También se determinó que Cheyre había participado en torturas contra prisioneros políticos encontrándose culpable en los juicios que se sustentaron contra él. El gobierno de Lagos alegó desconocimiento argumento falso y poco creíble.
El año 2003, bajo el gobierno de Ricardo Lagos se crea la Comisión Valech encargada de analizar e informar sobre la Prisión Política y Tortura durante la dictadura cuestión que no fue incluida en la investigación realizada por la Comisión Rettig. Sin embargo, esta comisión omitió el abuso sexual, la violencia sexual como método de tortura contra las prisioneras políticas como tampoco contra menores de edad que fueron sometidos a dichos tormentos.
Informe Comisión Valech
http://www.derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-Chile/informes-comisiones/Informe-Comision-Valech.pdf
Tanto en el caso de la Comisión Rettig como Comisión Valech, los agentes del terrorismo de estado, sus identidades se encuentran bajo el más absoluto secretismo y así se mantendrá por años lo cual significa que no se dio a conocer toda la información recaba a la población. El Estado de Chile, como consecuencia del pacto político que sustentó la transición a la democracia, resguarda la impunidad para los criminales. Esto claramente constituye obstrucción a la justicia. Ninguno de los militares asesinos condenados por crímenes contra la humanidad fue degradados. Mantuvieron sus grados como los beneficios que le otorgan los rangos militares aparte de haber estado recluidos en penales de lujo como el Penal Cordillera (cerrado bajo el gobierno de Piñera) y Punta Peuco aun en funcionamiento. Bachelet no cumplió su compromiso de cerrar Punta Peuco.
40.000 víctimas de la represión en Chile
https://elpais.com/diario/2011/08/20/internacional/1313791208_850215.html
Segunda Ola de Violaciones a los Derechos Humanos.
La Oficina de Seguridad Pública. La Democracia Contrainsurgente
Ante esta ola de impunidad impuesta desde el mismísimo inicio de la transición, los movimientos armados ejercieron la justicia popular. Roberto Fuentes Morrison, Julio Benimelli, Luis Fontaine, los atentados contra el ex integrante de la Junta Militar, general Gustavo Leigh, y contra el ex Fiscal Militar general Fernando Torres Silva y el ajusticiamiento del ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán fueron algunas de las acciones realizadas.
Si uno de los objetivos del progresismo, Concertación, era precisamente desmantelar todo el movimiento popular nacido durante la dictadura, las redes creadas en ese entonces, el tejido social que se había logrado reconstruir eso también requería desmantelar las organizaciones armadas surgidas durante la dictadura como el FPMR, Movimiento Juvenil Lautaro, MIR- EGP-PL
Unificado el Partido Socialista y definido ahora como la casa común de la izquierda donde todos podrían tener su lugar en este espacio socialista, ahora socialdemócrata, se comenzó a estructurar el nuevo instrumento de represión e inteligencia denominado como el Consejo de Coordinación de Seguridad Pública conocida como “La Oficina”.
Para la conformación de este organismo se coaptaron agentes al interior de las organizaciones armadas todo bajo el argumento de la “defensa de la nueva democracia”. Este organismo queda conformado en su dirección por Mario Fernández subsecretario de Aviación, Jorge Burgos (ambos demócratas cristianos) jefe de gabinete del ministro del Interior, Enrique Krauss, también democristiano, y Marcelo Schilling, socialista.
Uno de los factores que ayudaron para que las operaciones de la Oficina tuvieran éxito, fue que la generación fundacional de los movimientos armados eran de la misma generación de quienes ahora administraban el neoliberalismo que habían jurado proteger en la negociación con la dictadura. Muchos de ellos se conocieron en el exilio y quizás antes, durante la Unidad Popular por lo tanto para quienes eran ahora gobierno en la “joven democracia”, como les gusta denominar a la transición, les fue facil dar con el paradero de los dirigentes revolucionarios y dar los golpes. Eso bien puede ser considerado una suerte de delación o traición. Esto junto a la “delación compensado” que operó en algunos que prestaron sus servicios como agentes sumado a la fiesta neoliberal en la cual embaucaron a las masas fue el escenario propicio para una de los mayores golpes contra el movimiento popular que se había construido con tanto esfuerzo durante la dictadura. Prefirieron asumir el programa e impunidad del enemigo, de la dictadura que avanzar, aprovechar el impulso de ese movimiento popular ya construido y instaurar los cimientos de algo diferente. Esta traición evidente vendría a estallar el 2019 en la revuelta social.
En este periodo se realizaron montajes, muertes en falsos enfrentamientos, asesinatos y la prisión política de 500 militantes revolucionarios entre hombres y mujeres donde cada uno de ellos fueron sometidos a torturas ya sean físicas como psicológicas. Para los prisioneros políticos fue construida la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) que en nada se comparaba con el hotel de cinco estrellas donde fueron recluidos los militares genocidas. El régimen carcelario de la CAS era y sigue siendo mucho más duro y cruel que aquel reservado para los genocidas.
Si desde 1990 hasta antes del estallido social fueron asesinados casi 100 personas en el contexto de protesta sociales todos estos crímenes quedaron en la más absoluta impunidad como las torturas contra los prisioneros y prisioneras políticas como nunca la justicia investigó seriamente el accionar ilegal-operativo que desarrolló La Oficina de Seguridad en ese período, siendo superada por la Dirección de Seguridad Pública e Información (DISPI, 1993) y que sirviera para la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (2004), ANI, disolviéndose la Oficina.
Los muertos de la transición
https://www.elciudadano.com/justicia/chile-muertos-en-transicion-a-la-democracia/08/02/
Según se encuentra en internet sobre la comunidad de inteligencia en Chile se señala que:
“La Comunidad de Inteligencia o Sistema de Inteligencia del Estado está integrada por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI); la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto (DID), dependiente del Ministerio de Defensa; las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, o sea Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)”.
“La ANI hace cabeza del Sistema de Inteligencia del Estado. Además, forman parte del mismo cuatro agencias de carácter militar y dos de tipo policial. En orden jerárquico, primero se encuentra la Dirección de Inteligencia de Defensa (DID). Es la Agencia del Estado Mayor Conjunto, que centraliza la información y apreciaciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas y asesora, el nivel político- estratégico, al Ministro de Defensa. Sus orígenes se remontan a 1942 cuando se estableció el departamento II de Inteligencia del entonces Estado Mayor de Coordinación de la Defensa Nacional. Luego pasó a llamarse Dirección de Inteligencia de la Defensa Nacional (DIDENA). Desde 1992 adquirió su actual denominación, dependiendo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que mutó a estado Mayor Conjunto mediante la nueva ley del Ministerio de Defensa Nacional promulgada en 2010”.
Es en este período también donde se comienza a reconfigurar aquello del “enemigo interno”, se levanta el “combate contra el narcotráfico y la delincuencia” como forma de criminalizar el movimiento social. Se impone la Detención por Sospecha, la concepción de la “Doctrina Seguridad Ciudadana” como reemplazo cosmético de la Doctrina de Seguridad Nacional, se llenan las vías principales de cámaras de seguridad y se va a avanzando en el Estado Policial.
El terrorismo policial recrudece toda vez recrudece la lucha de clases y las movilizaciones se hacen mucho más frecuentes como cada vez más masivas. Si la juventud es criminalizada mediante la Detención por Sospecha, primero, el Control de Identidad, después, y la rebaja de la edad de responsabilidad penal, el movimiento social es criminalizado mediante el discurso anti delincuencial y contra el narcotráfico.
Agustín Edwards, dueño de El Mercurio y agente de la CIA como uno de los principales promotores del golpe de estado contra Salvador Allende, crea la fundación Paz Ciudadana.
Destacados militantes de la Concertación, de todo el arco político de esta, concurrieron al llamado para la creación de esta fundación que ayudará poderosamente para avanzar en la criminalización de la lucha social, de la juventud y del perfeccionamiento de la concepción del enemigo interno.
Sobre Paz Ciudadana
Transición y violencia política en Chile (1988-1994)
Será motivo de otro artículo el ver la relación del Estado de Chile con los aparatos de inteligencia tanto de los Estados Unidos como del Mossad, y a la vez de los tratados de cooperación militar de Chile con EEUU y su continuo envío de militares activos a la Escuela de Panamá hasta el día de hoy.
Pero la ejecución de la lógica de guerra contra el enemigo interno por parte de la policía militarizada de carabineros, en el pleno ejercicio del terrorismo policial con contenido contrainsurgente, se ha ido desarrollando en la medida que la lucha social se fue incrementando y rompiendo el pacto del partido del orden y del proyecto neoliberal.
Así, las movilizaciones de los estudiantes secundarios del 2006 y 2011 cada una cada vez más masiva conllevó al ejercicio más brutal de la represión. La violencia ejercida, los múltiples casos de abusos sexuales contra escolares detenidas, las torturas aplicadas al interior de los furgones policiales y comisarías, las golpizas a los jóvenes manifestantes fueron todos hechos que fueron registrados en informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando Lorena Fries era su presidenta. Pero como es costumbre todos esos casos y denuncias quedaron nuevamente en la más absoluta impunidad y donde la clase política, nuevamente horrorizada por los hechos, especialmente el progresismo, se limitaron a poner el grito en el cielo y clamar la necesaria “reforma” de carabineros.
El Estado ante estos hechos respondió de la única forma que sabe desde la lógica contrainsurgente y desde el enemigo interno. Continuó con la compra de más armamento y equipamiento, mayores facultades para la policía militarizada, aumento de gasto bajo el pretexto de la seguridad ciudadana y aumento del Estado Policial.
Tercera Ola de Violaciones a los Derechos Humanos.
Militarización de la Araucanía. La Neo Pacificación de la Araucanía.
Por más que la clase dominante, en cualquiera de sus versiones políticas fascista, liberales o progresistas, proclamen el progreso de la sociedad chilena, por ende, del capitalismo, lo cierto es que el colonialismo se ha perpetuado y la invasión a los territorios de los pueblos originarios se ha continuado en una suerte de continuación de la guerra iniciada por las fuerzas invasoras españolas esta vez desde el Estado en complicidad con las transnacionales.
El terrorismo del Estado chileno se ha desatado contra el Pueblo-Nación Mapuche utilizando para ello todos los medios de desinformación de masas (terrorismo mediático) también mediante la construcción del enemigo interno focalizando en la Araucanía, mediante el asesinato selectivo de comuneros, allanamiento de las comunidades, militarización de la Araucanía, juicios utilizando pruebas falsas y testigos sin rostros (montajes), operaciones de inteligencia contra sus dirigentes, solicitudes de asesoramiento al FBI para combatir a lucha de este pueblo digno, la construcción de centros de operaciones en el corazón de la Araucanía, y el envío a Colombia del Comando Jungla para ser entrenados los efectivos terroristas-policiales.
Todo esto con la finalidad de incrementar las inversiones del capital transnacional en sectores estratégicos de la economía capitalista como pueden ser la energética (hidroeléctricas), las forestales, y otras. Los intereses imperialistas son protegidos por el Estado neocolonial burgués-oligárquico en desmedro de los pueblos originarios a los cuales han intentado dominar por completo desde hace siglos.
Bachelet pide aseoría al FBI
https://elpais.com/internacional/2010/12/13/actualidad/1292194821_850215.html
15 mapuches asesinados por los gobiernos de la Concertación
¿Qué es el Comando Jungla?
https://www.telesurtv.net/news/comando-jungla-denuncias-pueblo-mapuche-chile-20181123-0004.html
Operación Tauro
Operación Huracán
Testigos sin rostros contra comuneros mapuche
http://www.ipsnoticias.net/2003/04/chile-%C2%94testigos-sin-rostro%C2%94-contra-mapuches/
Centro de operaciones contra el pueblo mapuche
Cuarta Ola de Violaciones a los Derechos Humanos.
La Revuelta Proletaria (2019-2021)
La pesada mochila que significa el capitalismo-neoliberalismo en las masas hizo que la paciencia se agotará y se expresara en su forma de revuelta social. La masividad impresionante de las movilizaciones a lo largo y ancho del país, el ejercicio de la violencia popular, el carácter auto convocado de las masas sin conducción sólo demostraba la profunda bronca y hastío contra el modelo económico y a su clase dirigentes-dominante.
Nuevamente el poder actuó como lo ha hecho históricamente: con terrorismo.
La violencia y terrorismo policial tuvo la oportunidad de poner en práctica, en toda su dimensión, todas las tácticas contrainsurgentes para conflictos urbanos y someter a prueba su equipamiento. El saldo fue tremendo: 5000 presos y presas políticas, 35.000 judicializadas, 48 personas asesinadas a manos del terrorismo policial, 290 denuncias de mujeres por abuso sexual y violación a manos de los agentes del Estado, miles de torturados, 500 personas con trauma ocular y 2 completamente ciegas por la acción terrorista.
La ausencia de la justicia, la imposición de la impunidad a favor de los agentes del Estado sólo se ha impuesto por obra y gracia del acuerdo transversal al cual llegaron las fuerzas políticas progresistas con las fuerzas de la derecha fascista que apoyan a Piñera. La profundidad de la crisis del capitalismo hizo que las diferentes expresiones políticas representadas en el parlamento burgués impusieran el Acuerdo por la Paz (noviembre, 2019), aprobaran nuevas leyes represivas como la Ley Anti Barricadas y que ahora se apresten a redactar ellos mismos una nueva constitución. En nada sirvieron los informes sobre la violación sistemáticas a los derechos humanos durante la pandemia redactadas por organismos de derechos humanos. La represión no ha cesado como tampoco los heridos porque las protestas han continuado ya que la crisis del capitalismo sigue su curso y profundidad.
Quinta Ola de Violaciones a los Derechos Humanos.
El Terrorismo de Estado que viene (2021- )
El carácter multidimensional y simultáneo de la crisis del capitalismo en Chile unido a la crisis del capitalismo imperialista como el choque entre los diferentes polos imperialistas por la hegemonía mundial hacen que en el caso de Chile la crisis no tenga fecha de término sino de agudización y que esta no se solucionará con la redacción de una nueva constitución en un contexto que no es una asamblea constituyente genuina sino una convención constitucional sin soberanía ni poder real.
Más allá quien sea el nuevo administrador(a) del modelo capitalista este o esta será incapaz de asumir las demandas del pueblo, los cambios estructurales de fondo lo cual provocará nuevas y masivas protestas respondiendo el Estado, la clase dominante con una mayor y más brutal represión. Habrán muchas más violaciones a lo derechos humanos, el terrorismo de estado se mostrará desatado como lo ha hecho hasta ahora y la impunidad seguirá su curso. La clase dominante continuará con el aumento de sus riquezas, granjerías, y poder y en defensa de ello reprimirán con todo.
Como bien señalaba Miguel Enríquez en el último discurso del Teatro Caupolicán:
“Compañeros: el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile: ¡ADELANTE CON TODAS LAS FUERZAS DE LA HISTORIA!
VOCABULARIO
- Callampas (o población callampas) es la forma que se denominaban a las tomas de terreno o poblaciones marginales (o marginadas) que proliferaban como “callampas” como lo señalaban las clases acomodadas en forma peyorativa.
- Colo Colo: equipo de fútbol chileno más popular cuyos adherentes en su gran mayoría pertenecen a la clase trabajadora y sectores populares.
- Los tiras: es la forma popular con la cual se denomina a los integrantes de la Policía de Investigaciones, hoy PDI. Sobre el nombre hay dos versiones: a) que al detener usaban una “tiras” con las cuales amarraban las manos y b) disparaban a quien arrancaba primero a quien huía y para después exigir que se detuviera. También se les denomina “rati” que es la palabra “tira” pero al revés.
