LA INDECOROSA ELECCIÓN EN CHILE
Comentario Previo de IPNEWS
A continuación presentamos la editorial de Semanario por la Libertad, Nº 52, 17 de mayo, 2021. Este semanario es el medio de difusión de la Agrupación de Familiares y Amigos Guacolda que ha sido una pieza fundamental en la lucha por la libertad de l@s pres@s políti@s y por el indulto general de l@s pres@s de la revuelta social del 2019 en Chile.
La editorial es importante porque gira en torno a la legitimidad del proceso electoral reciente donde el poder nuevamente realizó lo que comúnmente denominan “la fiesta de la democracia” y donde los medios de desinformación de masas imponen su verdad y esconden el contexto en el cual se desarrolla el evento.
Semanas antes de la realización de las elecciones dirigentes de Guacolda y de los presos políticos concurrieron al parlamento, a la Comisión de Derechos Humanos, a hacer presentación de los argumentos para que el parlamento promulgue la ley de indulto a los prisioneros y prisioneras.
A continuación presentamos en forma íntegra la editorial.
Con prisión política y violación de DDHH a cuesta, la Democracia de las Cosas realiza sus elecciones… una mirada desde la ética
En los momentos en que se redacta esta editorial, los medios de comunicación y las redes sociales arden llamando a la población a votar, debido a la bajísima participación en los comicios a escazas horas de que se cierren las urnas. Aquella realidad irrefutable será la que trascenderá estas elecciones, ya que si bien estas se ajustan a Derecho y a la legalidad vigente, no tendrán la legitimidad que se requiere para sacar a flote la alicaída institucionalidad democrática.
Nosotros no somos para nada analistas electorales, pero si con antelación afirmábamos este escenario. Cabe considerar que Chile tiene una vasta tradición de participación electoral, reflejada en el hecho de que la mayoría de las personas mayores de 50 años ejercen su derecho a voto. En este 15 y 16 de mayo confluyeron varios factores que han mermado la participación: el peligro de contagio, el enredo con el sinnúmero de candidatos, la lejanía con los políticos (tanto tradicionales como alternativos), pero por sobre todo, lo que nosotros traducimos como la carencia de sentido ético de este proceso eleccionario, detonado fundamentalmente por que prosiguen las violaciones a los DD.HH de la población y por la incuestionable realidad de prisión política.
Si bien estas situaciones han sido parte del ADN del período democrático del país, no cabe duda que estas se agudizaron tras el Desborde Masivo Popular de Octubre del 2019.
Según un informe de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, se señala que entre el 18 de octubre del 2019 y el 31 de marzo del 2020, 8.510 personas fueron víctimas de violencia institucional, entre ellas, 1.315 menores de edad. La cifra total de víctimas habría aumentado a 8.630 personas según un informe emitido al 28 de enero del presente año.
Los hechos que denuncian las víctimas son múltiples: desnudamientos, abuso sexual con contacto, abuso sexual agravado, violación, amenazas de cometer delitos sexuales, lesiones oculares, lesiones por arma de fuego, apremios ilegítimos, torturas, abusos, etc. La institución con mayor cantidad de denuncias viene siendo Carabineros, seguida del Ejército, Policía de Investigaciones y la Armada.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 2349 querellas por “violaciones a los DD.HH en el marco de la crisis social”. 2259 de estas son relacionadas a violencia física, 313 a violencia sexual y 251 a hechos psicológicos. 455 víctimas son mujeres, 391 son niños, niñas y adolescentes y 27 presentan alguna condición médica.
Con respecto a los fallecidos durante la Revuelta -de los cuales ninguno es agente del Estado- en la denuncia interpuesta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Fundación Internacional Baltazar Garzón, el Centro di ricerca ed elaborazione per la democracia y la Asociación Americana de Juristas contra Sebastián Piñera y “demás autoridades civiles, políticas y policiales mencionadas” por sus responsabilidades en Crímenes de Lesa Humanidad, se hace referencia a 31 casos denunciados ante los Tribunales de Justicia del país de personas fallecidas por acción de agentes del Estado.
El 12 de marzo del presente año (a 2 meses de las elecciones), se hizo pública la decisión de Fiscalía Nacional de cerrar sin formalizados el 46% de las causas por violaciones de DD.HH, porcentaje que equivale 3.050 causas. Ymay Ortiz, directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público señaló en su momento que “tenemos una falta de recursos, pero además es necesario focalizar. Ha habido demoras en la entrega de información de parte de las policías”. La mayoría de las causas fueron “archivadas provisionalmente sin avances, principalmente por falta de pruebas o por que no se pudo ubicar a las víctimas”. En otras causas Fiscalía decidió no perseverar y en otras sencillamente optó por no iniciar la investigación.
Con respecto a condenas por violencia institucional (violaciones a los DD.HH) sólo hay una a la fecha, correspondiente a un paco que disparó una bomba lacrimógena en la cabeza de un manifestante, hecho acontecido en la ciudad de Rancagua, siendo condenado por Homicidio Frustrado a una pena de 5 años de libertad vigilada intensiva (dictamen que se contrapone a las sentencias contra prisioneros políticos de la Revuelta por este mismo delito, como los casos de Cristian Cayupán condenado a 15 años y de Jordano Santander condenado a 5 años 1 día).
En lo que respecta a los detenidos, formalizados y privados de libertad –lo que constituye la Prisión Política de la Revuelta- las cifras son dispares e imprecisas. Al 16 de octubre del 2020, el Ministerio Público señalaba que se habían formalizado a 5.084 personas por hechos relacionados a las manifestaciones sociales, metiendo en la misma cifra a 75 agentes del Estado procesados por violar los DD.HH de la población. Posteriormente (4 de enero 2021) esta misma institución señaló ante la Comisión de DD.HH del Senado que se habían formalizado a 37.394 personas. La Defensoría Penal Pública, por su parte, ha señalado que entre el 18 de octubre del 2019 al 30 de noviembre del 2020 se han formalizado a 37.994 en el contexto de protestas sociales.
Indecorosa, es pues un término suave para definir el contexto en que se desarrollan estas elecciones, en cuya previa el subsecretario del Ministerio, Juan Francisco Galli –quien se les da de Fiscal Nacional- logro condenar en un segundo juicio a Benjamín por el incendio del Metro Pedreros, quien en un primer juicio fue absuelto ya que se comprobó que la PDI había contaminado la cadena de custodia de las pruebas con la finalidad de acusarlo de ser el autor del incendio. Se suma además a lo acontecido el viernes 14 de mayo en Antofagasta, en donde funcionarios policiales realizaron un violento allanamiento en una vivienda llevándose detenido a un joven por participar de las movilizaciones sociales. Previa que también fue marcada por el indulto a Torres Silva, bestia que fue autor de los crímenes más atroces ocurridos durante la Dictadura.
Durante el transcurso de las elecciones, Fuerzas Especiales de los pacos arremetieron contra la comunidad mapuche Caucauche, lugar en donde hace algunas semanas un joven de 18 años resultó con severo daño ocular. Además, el 16 de mayo en horas de la madrugada, más de 200 efectivos de Fuerzas Especiales desalojaron a 50 familias del Comité Despertar de Octubre quienes se habían tomado terrenos en la comuna de Padre Hurtado para resolver por mano propia el problema de vivienda que afecta a miles de pobladores de la comuna. Es decir, ni siquiera en “la fiesta democrática” cesan las violaciones a los DD.HH de la población.
Indecoroso, ilegitimo, fiasco… varios son los calificativos que se pueden otorgar a este proceso eleccionario. Es una posibilidad real que el resultante de esta jornada puede generar efectos contrarios a los buscados desde el Acuerdo por la Paz de noviembre del 2019, profundizándose la crisis del sistema político.
