LAS HERIDAS ABIERTAS POR LA VIOLENCIA POLITICA EN EL PERU

 

DIÁLOGOS SOBRE LAS HERIDAS ABIERTAS CAUSADAS POR LA VIOLENCIA POLITICA

By Loliprensa para IPNews

Agosto, 25/2021

Empiezo mi dialogo, dejando en claro mi comprensión acerca del inicio y desarrollo de la guerra interna en el Perú. Pienso que fue consecuencia de la suma de condiciones materiales como las injusticias y problemas históricos no resueltos por el Estado, eso, por un lado; y por el otro, el nivel de ideologización, politización y radicalización de los partidos políticos de la izquierda marxista. Ambos elementos, fuerzas del Estado y fuerzas subversivas, existiendo dentro de un contexto históricamente determinado a nivel nacional e internacional, hizo que estallaran los antagonismos cruentos como nunca había vivido la sociedad peruana en su historia republicana.

Durante muchas décadas las clases oprimidas se habían levantado cruenta e incruentamente. Mis recuerdos más cercanos de estas rebeliones que, además, los estudiábamos en el curso de “Historia del Perú” en el Colegio San Francisco de Sales “Los Pinos”, fueron las guerrillas y movimientos campesinos de los 60s. Pero, siempre el debate se habría sobre otros hechos, por ejemplo, las rebeliones del APRA, la de los obreros mineros, metalúrgicos, campesinos, la Reforma Universitaria, etc.

Los antecedentes inmediatos fueron la lucha de clases de la década de los 70s; huelgas y protestas a nivel nacional, protagonizados por los sindicatos de maestros, sindicatos de trabajadores, federaciones campesinas y estudiantiles. Todos estos hechos eran explicados con total claridad por nuestros profesores, a la sazón sindicalistas del SUTEP. Estas protestas del pueblo nos decían, “existen porque tienen razones políticas y económicas no resueltas”. Y, recuerdo que las luchas del pueblo siempre eran reprimidas a sangre y fuego por las fuerzas del orden. Esa línea represiva, omnipresente en ellos, durante el conflicto interno se transformó en línea genocida aplicado contra las poblaciones rebeldes, esto lo reconoce la propia “Comisión de la Verdad”.

Una muestra de la ideologización y radicalización que habían alcanzado los partidos de la izquierda marxista se ve durante los 70s; ellos lanzaban arengas relacionados a la “conquista del poder” a través de las “revoluciones armadas” y otras vías violentas. Incluso, quienes postulaban la vía electoral, lo consideraban como un “camino transitorio hacia la toma del poder”. Todos reivindicaban a José Carlos Mariátegui, “la revolución bajara con ojotas desde los andes”. Unos partidos más radicales que otros, pero todos conscientes de las consecuencias sociales que implicaba un proyecto de violencia política en la nación.

Agregar a toda esta efervescencia revolucionaria la influencia internacional; llegaba literatura marxista desde la Ex Unión Soviética, China, Cuba, España, Argentina, México, etc. reivindicando el derecho de los pueblos a su emancipación. Vietnam estaba fresca, los Movimientos de Liberación Nacional en Centro América: Nicaragua, El Salvador y Guatemala repercutían. En Sud América: el “plan Condor” de los Estados Unidos incendio Colombia, instauro la dictadura pinochetista en Chile, la dictadura de Videla en Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil y la de Bermúdez en Perú; todos estos hechos influenciaron en la sociedad, tanto en el Estado y sus partidos de la derecha y la ultraderecha, sus fuerzas armadas y policiales, sus organizaciones sociales; y, lo mismo sucedió con los partidos marxistas, estos se definieron y decidieron seguir su propio camino. En concreto, las condiciones sociales, ideológicas y políticas internas y externas condicionaron el estallido cruento en el país; lo que sucedió después demostró ser la consecuencia lógica de la historia, no fue el “capricho de un individuo”, ni la “aventura de un puñado de fanáticos”, fueron los acontecimientos políticos mundiales y la situación política interna.

Frente a estos hechos que sirvieron de contexto político al conflicto cruento en el Perú, debo señalar algo muy importante, y se trata de lo que he visto durante mis visitas a diferentes partes de Latinoamérica. El siglo XXI, ha sido para Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, incluso Colombia, en Sud América, la esperanza de encontrar la paz y el desarrollo para sus naciones porque lograron darles solución política a las profundas heridas causadas por la violencia cruenta.

En Argentina, Chile, Uruguay y Brasil se desarrollaron políticas de reconciliación nacional en respuesta a las políticas de odio y estigmatización. Se desarrollaron procesos de amnistía general en oposición a las políticas de venganza y persecución. No se condenaron a la pena de muerte en vida a los prisioneros políticos y de guerra como en el Perú. Se elimino la legislación antiterrorista porque los tiempos habían cambiado y ya no existía el hecho cruento que justificaba la lucha contrasubversiva como sí se sigue aplicando en el Perú. No se criminalizo, ni se estigmatizo a quienes pensaban como comunistas, socialistas y/o como demócratas. Por estas razones vimos un guerrillero “tupamarista” como José Mujica en Uruguay y una guerrillera maoísta como Dilma Rousseff en el Brasil de presidentes. Uruguay es el país más demoliberal que existe en Latinoamérica y Brasil fue parte del grupo de los cinco cuando Lula da Silva fue el gobernante. Los hechos hablan.

Por las razones históricas y políticas expuestas discrepo totalmente de las consideraciones ideológicas que animan al señor Ames cuando afirma que “todos aquellos que sembraron el terror en los años ochenta tienen que cumplir sus penas, vengan del lugar que sea (terroristas, militares y policías) ...” . La guerra interna ha concluido hace 30 años y, como acabo de demostrar, este hecho fue político, en consecuencia, demanda una solución política, no judicial y menos militar como se sigue haciendo hasta hoy. El derecho se basa en los hechos, el conflicto interno ya no existe, la legislación “antiterrorista” ya no tiene sentido de existir, salvo para profundizar las heridas abiertas por la violencia política. Con la perpetuación de la carcelería hasta que los prisioneros mueran en prisión sometidos a crueles torturas, aislamientos y vejámenes no se a solucionado absolutamente nada, al contrario, se habría “sembrado vientos para cosechar tempestades”.

No se debe seguir viviendo del “odio y la venganza” hasta llegar al sadismo de asesinar a los prisioneros dejándolos que se contagien con el Covid-19 (una docena de Prisioneros Políticos y de Guerra fallecieron contagiados por Covid-19), negándoles atención médica, negándoles sus visitas y hasta su derecho a la defensa como es el caso emblemático del Dr. Guzmán Reynoso.

Ese “odio y venganza” son, precisamente, la base de todas las discriminaciones ideológicas, políticas, económicas y hasta raciales. Se trata de dar soluciones políticas a las diversas consecuencias del conflicto interno porque este fue eminentemente político y todos sufrimos el dolor y la perdida de nuestros seres queridos. Es hora de saber reconciliarse entre peruanos.  

 

Para ilustrar, en el plano ideológico, muestro una de las consecuencias no resueltas del conflicto interno. Se trata de la discriminación racial, étnica y geográfica que la burguesía mestiza o de origen europeo que vive en Lima, pero también en otras ciudades, expresa, como parte de su ideología fascista, contra los provincianos y las personas de color trigueño u oscuro en general, a quienes los consideran como “terroristas”, “ineptos”, “descalificados”, “huelguistas”, “conflictivos”, “socialistas” y “comunistas” todos esos calificativos están relacionados a la guerra interna, si bien es cierto que tienen larga data, pero se han agudizado y reproducido en ese contexto y se mantienen en el presente.

Actualmente, el gobierno de Pedro Castillo, es blanco de esos ataques de “odio y estigmatización”. Debería comprender que las campañas de persecución inquisitorial promovidas por las fuerzas reaccionarias a través de su prensa mercenaria contra el propio Gobierno, su Consejo de Ministros, Asesores y Congresistas no dejaran de existir sino hasta que se empiece por cambiar toda esa legislación “antiterrorista” simultáneamente al cambio de la Constitución Política neoliberal.

La ideología del “odio y la estigmatización” que predican los reaccionarios ya no debería existir, pero existe, porque es una de las bases ideológicas que fundamenta la irracionalidad de sus políticas a fin de justificar su dictadura, sus crímenes y su corrupción. Es la esencia del “Derecho Penal del Enemigo” que sustenta la legislación del Estado contra el pueblo peruano. Por lo mismo, la solución del problema ideológico, así como de otros, no pasa por legislar draconianamente, perpetuando condenas; eso es continuar reproduciendo la ideología del “odio y la estigmatización” bajo nuevas formas, incluso, mucho más crueles. La solución implica ejecución de programas políticos integrales que siembren valores humanos como la paz, la reconciliación, la igualdad de derechos y de oportunidades para todos.

El señor Ames reconoce haber sido víctima de la discriminación cuando confiesa que “tengo vergüenza de vivir en una ciudad como Lima con una pequeña clase burguesa de mierda, que le apestan los serranos y todo lo que no sea Limeño…”. Sentimos el dolor de su vergüenza, así como sentimos el dolor de quienes viven perseguidos, criminalizados y encarcelados después de una guerra cruenta entre hermanos peruanos que ya concluyo hace 30 años, y me refiero a los militares, policías y civiles de los dos lados del conflicto cruel y sangriento.

Con el ánimo de ilustrar estadísticamente debo recordar que son el 99% de los Prisioneros Políticos y de Guerra, del lado rebelde, quienes ya cumplieron sus condenas y han pagado sus deudas con la sociedad; sin embargo, se les niega su más elemental derecho a participar en la vida política de su país. Eso no es vivir en un “estado de derecho”.

Esa ecuación no sucede con los militares, policías y civiles que a nombre del Estado defendieron el sistema y cometieron crímenes de lesa humanidad. El porcentaje de ellos en las prisiones no llega ni al 3%, incluso, Giampetri responsable del genocidio en el penal del Frontón fue vicepresidente. En concreto, quienes se beneficiarían de un proceso de paz, de reconciliación y amnistía general serían los que defendieron al Estado. Aquí coincido con el señor Ames, debemos tener un profundo “sentido social HUMANO.”, pero que sea con todos por igual, sin discriminación, sin odios ni venganzas.

¿Nos preguntamos, y porque no existió esa voluntad política para resolver los problemas derivados de la violencia política? Me respondo, porque los vencedores de la guerra interna nunca pensaron en los intereses de la nación y mucho menos en los del pueblo. Su ideología y su política discriminadora, racista y antidemocrática fue insertada en la elaboración misma de su Constitución Política y en sus leyes para beneficio propio y la de sus grupos de poder. En base a su Constitución y su legislación antiterrorista ampliaron sus leyes que criminalizaron la protesta popular empezando por leyes fujimoristas contra el “terrorismo agravado”, luego Toledo contra los bloqueos y toma de locales, García dio 11 leyes contra el derecho a la protesta, Ollanta las aplico con persecuciones y encarcelamientos, esa misma línea siguió PPK, Vizcarra y el temporal Sagasti encarcelando a jóvenes que luchaban por una Nueva Constitución Política para el pueblo peruano.

Esa política de “odio y estigmatización” solo a servido para perseguir, encarcelar y asesinar a los luchadores populares, jamás para dar una solución política a los problemas derivados del antagonismo cruento ni siquiera a los conflictos incruentos. Mientras tanto, estos presidentes con sus socios robaron y saquearon el país en nombre de su “estado de derecho”, al amparo de su Constitución y sus leyes.

Finalmente, en función de servir a la construcción de la nación, a la cohesión del pueblo y a la democratización de la sociedad peruana, debemos buscar soluciones políticas integrales y no exacerbar los odios. Para viabilizar estas propuestas debemos empezar, en lo inmediato, por cambiar a la madre de todos los problemas, esto es, la Constitución Política.

En ese ínterin debemos demandar al ejecutivo y al legislativo que deroguen todas las leyes basadas en el “Derecho Penal del Enemigo” como la legislación “antiterrorista” y las leyes que criminalizan la protesta popular; pero, además, que no se permita continuar sembrando odios con difamaciones a través de los medios de difusión. Somos conscientes que las fuerzas reaccionarias no estarán de acuerdo.

Debemos demandar que el ejecutivo y el legislativo den la oportunidad a todos quienes fueron parte responsable del conflicto interno, sean estos militares, policías, rebeldes y civiles para que se autocritiquen y pidan profundas disculpas a las víctimas de la guerra. Quienes viven traficando con la sangre de los caídos en la guerra interna no estarán de acuerdo.

Debemos sembrar una cultura de paz y reconciliación. Terminar con esa política de “odio y estigmatización” que ha llegado a atacar, incluso, al presidente Pedro Castillo, a su Consejo de Ministros, sus Asesores y Congresistas. La derecha y la ultraderecha no lo querrán.

Debemos terminar con la persecución macartista cuya esencia se ve en la negación del derecho a la defensa de los acusados de haber cometido delitos que no existen en la realidad, sino, simplemente por tener un pensamiento crítico comunista, socialista y democrático. Los corruptos y neoliberales jamás lo aceptaran.

El logro de estos objetivos pasa por forjar un sólido movimiento popular con la capacidad de poner en la agenda política nacional la necesidad de cambiar la Constitución Política neoliberal por una Nueva Constitución Política Democrática que sirva a unir al 99% de peruan@s en función de construir la paz, el desarrollo y la democratización de la sociedad peruana.

Agosto, 23 de 2021